La Paz, 18 de diciembre de 2023 (ANF).- Al menos 16 son las afectaciones al país que se identificaron este 2023 en torno a la minería aurífera, el panorama es devastador y no se perfilan cambios el 2024. Este es el escenario que describen los analistas en materia minera en relación al trabajo del sector cooperativista, principalmente en La Paz.
La actividad minera cooperativista en el norte paceño expandiéndose hacia el Beni y Pando, la región amazónica, ha despertado las alertas con mayor fuerza este 2023 por las graves consecuencias de su intervención descontrolada para la extracción de oro.
“Respecto a la minería aurífera, Bolivia perdió el control. Son ellas (las cooperativas) las que deciden sus condiciones y límites. Ellos definen hasta cuánto de regalías quieren pagar. Las cooperativas imponen al Gobierno la agenda del sector minero, la presión es grande. El panorama es triste”, señaló a la ANF Héctor Córdova, analista minero.
Estos aspectos que rodean esta forma de extraer el oro son: el no haberse podido frenar el uso del mercurio para limpiar el oro extraído (1), el ingreso y daño a las áreas protegidas del país (2), la contaminación de los comunarios que ni siquiera están relacionados con la minería (3) y el ingreso cada vez más de empresas extranjeras con capitales, por ejemplo, chinos, y que están explotando varias áreas (4).
Asimismo, los municipios reciben un bajo porcentaje en regalías siendo que estas cooperativas tienen operaciones grandes, pero solo cancelan el 2,5% e incluso el 1,5% del total, cuando lo legal es 7%; tampoco pagan impuestos (5). El registro de fenómenos naturales devastadoras para los comunarios debido a que esta actividad minera desmonta cerros, desvía el curso de los ríos, destruye comunidades (6) y la existencia de trata y tráfico de personas, sobre todo de prostitución en estos sitios mineros (7). Los comunarios denunciaron además la conexión que tendrán con el narcotráfico, pues se han visto plantaciones de marihuana en lugares donde solo uno ingresa caminando (8).
Por otro lado, este 2023 se dio a conocer 219 operaciones ilegales que explotaban oro en Potosí al mando de ciudadanos extranjeros, sobre todo peruanos y colombianos, de acuerdo a denuncias de los pobladores (9); igualmente, el Gobierno intentó mediante una ley comprar oro a las cooperativas, pero no lo logró hasta el momento (10).
“El Estado no está intentando aprovechar esta tremenda riqueza y esta alternativa que le ofrece la naturaleza para compensar lo que ha ocurrido con el gas. No hay una política ni un criterio de parte de las autoridades para manejar esta situación de una manera razonable. Personalmente es resignar toda una potestad o derecho de todo un pueblo boliviano para que se favorezcan unos cuantos”, prosiguió.
Según investigaciones que hizo esta agencia en este año, se pudo evidenciar que la minería aurífera llevó a que los mismos comunarios se enfrenten incluso con armas de fuego, dejando el saldo de varios heridos o detenidos que hasta hoy siguen con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz (11); también se reflejó abusos de los mineros que les quitaron tierras a personas que la usaban para criar ganado, según denuncias realizadas (12).
Del mismo modo, la minería llevó a que los guardaparques sean amenazados e incluso procesados solo por defender territorios que hoy están ocupados casi en su totalidad (13), no se detuvieron ni apresaron a las cabezas que dirigen estas operaciones, solo a pobladores del lugar (14), la existencia de minería ilegal (15) y la manipulación que hacen estas cooperativas para entrar a las tierras y “ganarse” a los comunarios ofreciéndoles construir sedes sociales, canchas y otros (16).
“El 2024 va a ser igual porque el Gobierno no ha tomado ninguna acción que pueda hacernos pensar lo contrario”, advierte Córdova.
Para el investigador en temas mineros, Alfredo Zaconeta, la minería este año también aprovechó la debilidad institucional para empezar sus operaciones, para expandirse, para engañar y para no pagar tributos.
“La suma de ilegalidades sigue y en medio de esto se va expandiendo la actividad minera siendo que el año pasado alcanzó como cifra récord las 53 toneladas, algo que no habíamos visto antes. La minería ilegal no es solo entendida como (un operador) que no tiene licencia, (ellos) no esperan, obtienen autorización y se asocian con capitales privados (y extranjeros), usan maquinaria y generan utilidades, tienen empleados asalariados, entonces hacen todo lo contrario a lo que hace el sector cooperativo. Los empresarios privados se hacen pasar por cooperativistas con el objeto de evadir el pago de impuestos al cual están sujetos si fueran empresarios”, señaló el investigador a este medio.
El 2022, el oro se convirtió en la principal exportación, incluso por encima del gas, con 3.000 millones de dólares, el Estado percibe apenas 63,2 millones.
La minería aurífera no solo tiene un impacto en el medioambiente, sino en la vida y la salud de aquella población, especialmente indígena que vive en las riberas de los ríos donde se explota este mineral, por el uso de mercurio que se concentra en los peces, que es el principal alimento de los indígenas.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) dio a conocer en el mes de junio un estudio titulado “Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas”, la investigación empezó en 2022, abarcó 36 comunidades pertenecientes a seis territorios indígenas en la cuenca del río Beni y sus afluentes: los ríos Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Madre de Dios.
El estudio tuvo como base el análisis del cabello de 302 personas, el 75% de los evaluados presentó niveles de mercurio por encima de los límites permitidos, mientras que el resto permanece expuesto de manera continua a esta peligrosa contaminación.
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