La Paz, 30 de septiembre de 2024 (ANF). - El Decreto Supremo 5225 que declara pausa ambiental ecológica en el país fue promulgado el 11 de septiembre y, hasta el momento, no se aplicó esa disposición porque no existe reglamentación que permita normar y marcar los parámetros de su implementación.
“En realidad, hay que reglamentar y nosotros estamos trabajando el tema de la reglamentación para su aplicación. Lamentablemente, hay sectores que no contribuyen en este caso y el Gobierno tiene toda la intensión de trabajar el tema del control con la legislación”, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
El Gobierno promulgó el decreto en cuestión el 11 de septiembre, cuatro días después de que el jefe de Estado, Luis Arce, emitió la declaratoria de emergencia nacional a causa de los incendios forestales que se registran en el país y, de esa forma, se viabilice la ayuda internacional.
Incluso la demora va en contra de la norma aprobada, tomando en cuenta que la disposición transitoria única del decreto estableció un plazo de 10 días para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presenten la reglamentación.
“En un plazo de hasta diez (10) días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, deberán reglamentar el presente Decreto Supremo”, señala el enunciado.
Espera que en los próximos días se apruebe el reglamento ya que deben cumplir los plazos que impusieron los dirigentes interculturales de la localidad de Yucumo, del departamento del Beni, y otros sectores que están en desacuerdo con la normativa.
“Vamos a tener la reglamentación estimamos que en esta semana porque debemos cumplir con los plazos, hasta el miércoles debemos tener un avance con los campesinos de Santa Cruz y el sector de Yucumo”, manifestó.
Flexibilización de sanciones
Por otra parte, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, firmó un acuerdo con los bloques de Interculturales de Yucumo y Rurrenabaque, del departamento de Beni, para la modificación de los decretos supremos 5203 y 5225.
Dichas normas disponían elevar el monto de las multas para los responsables de chaqueos que provoquen incendios forestales, además decretó la pausa ambiental indefinida a nivel nacional. Ese acuerdo fue cuestionado por los legisladores de oposición, quienes señalaron que el Gobierno está flexibilizando las sanciones en favor de los sectores sociales que respaldan al presidente Luis Arce.
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