En democracia, la resistencia al poder arbitrario es un derecho legítimo del pueblo que, por tanto, como soberano que es, queda habilitado para exigir y conseguir la reconducción de un gobierno que se ha apartado de la ley.
Esta sabia regla, recogida actualmente en diversas constituciones políticas del mundo bajo la fórmula del derecho a la desobediencia civil, ya fue señalada en el célebre Ensayo sobre el gobierno civil que hace 330 años publicó John Locke, uno de los pensadores fundadores del Estado moderno.
Pero ese no es el único parámetro útil de esa obra para dar cuenta de la naturaleza y el alcance de la decisiva movilización ciudadana nacional que entre octubre y noviembre de 2019 logró la renuncia de un grupo político que había violado sistemáticamente las normas en Bolivia y estaba empeñado en reproducirse en el poder por tiempo indefinido y a como diera lugar.
“Allí donde termina la ley comienza la tiranía si se infringe la ley en perjuicio de otro”, dice Locke a tiempo de remarcar que “tiranía es el ejercicio del poder fuera del Derecho”. Es claro que esto describe muy bien el carácter del desconocimiento de la soberanía popular perpetrado tras el referendo constitucional de febrero de 2016 y el atropello posterior expresado en la invención de un absurdo “derecho a la reelección indefinida”, avalado por un vergonzante tribunal que, al contrario de lo que hizo, debía haber garantizado el respeto de la Carta Fundamental.
“¿Qué significa transformar las modalidades de la elección, sino minar las raíces mismas del gobierno y envilecer el auténtico manantial de la seguridad pública?”, sostiene el filósofo inglés en otro acápite de su Ensayo, igualmente aplicable a la situación sufrida en el país.
Y, como resulta obvio, un tirano no puede ser considerado “demócrata” por nadie, ya que traicionó la causa y la confianza del pueblo al ser alguien que “lo somete todo a su voluntad y sus deseos”. Añade Locke al respecto: “quien pretende arrollar (…) los derechos del pueblo, y trama la destrucción de la constitución y de cualquier gobierno lícito, se hace culpable de lo que yo considero el mayor crimen que puede perpetrar un individuo”.
La búsqueda de los medios para superar una circunstancia irregular así se presentará, si se sigue el razonamiento lockeano, “si todo el mundo nota que se afirma una cosa y se actúa de forma contraria, que se echa mano a artimañas para evitar el cumplimiento de la ley, y que la utiliza de una forma contraria al objetivo con que le fue dado el derecho de prerrogativa”.
Los 21 días de resistencia que terminaron en 2019 con el esquema que ya había degenerado en tiranía fueron exactamente eso: la construcción de un camino colectivo pacífico para restablecer la vigencia y el respeto de la ley y para recuperar la democracia.
Desde el momento mismo en que el ahora fugado ex gobernante se arrogó la voluntad popular y pretendió burlar la decisión mayoritaria de la ciudadanía, se convirtió en un usurpador, es decir, en la definición lockeana, en aquel que “se apropia de lo que le corresponde a otro por Derecho”. Frente a ello, como resultaba lógico, el pueblo ocupó los espacios públicos para acabar con el abuso de poder.
Cercanas ya las nuevas elecciones nacionales, el derecho ciudadano de resistencia contra los excesos del poder tiene que volver a manifestarse en Bolivia, esta vez en las urnas. Superar el pasado autoritario reciente y su fraude pasa indefectiblemente por esa condición.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político
Twitter: @etorricov
