Mientras un atroz crimen puso en evidencia a principios de este septiembre que los programas de rehabilitación en los centros penitenciarios no funcionan y que la reinserción social de los excarcelados es un fracaso, múltiples hechos y declaraciones verifican día a día la ocurrencia de una situación análoga en el campo de la política nacional.
Como es sabido, el desplome del gobierno que pretendía perpetuarse mediante las viciadas elecciones de octubre de 2019 tuvo un hito central en la decisión de renunciar “en cadena” de quienes habían estructurado y usufructuado ese esquema autoritario por cerca de catorce años.
Tal estrategia, que buscaba forzar un retorno al poder por la vía intencional del vacío de autoridad y la provocación de un caos generalizado, acabó en un estrepitoso desastre para sus protagonistas, quienes no encontraron mejores salidas que auto-exiliarse, asilarse o borrarse de la arena pública, pues eso les daba pie para inventar historias acerca de que sus vidas “corrían peligro” y de que se había producido una “interrupción violenta de la democracia”, así como para convertirse en objetos de conmiseración.
Los insistentes intentos que hicieron esos personajes para sembrar el terror, paralizar la economía y llevar a la población de las principales capitales a un estado de inanición no prosperaron, pues la convicción democrática ciudadana, la organización y la solidaridad que alentaron la movilización nacional de octubre-noviembre de ese año fueron superiores.
De ese modo, los representantes de mayor peligrosidad de aquel grupo que se vio repentinamente fuera de los espacios de privilegio se mantuvieron atrincherados en los sitios que eligieron para dar continuidad a su farsa. Los meses que permanecieron aislados de la escena política cotidiana, en lugar de servirles para reconsiderar su mentalidad y conducta transgresoras de la Constitución, más bien les llevaron a una radicalización y les permitieron fraguar más argumentos para su mendacidad. En otras palabras, su rehabilitación nunca se produjo. Y la convocatoria a nuevas elecciones generales por el gobierno transitorio de la señora Jeanine Áñez Chávez se les ofreció como una gran posibilidad de reinserción.
Los comicios de 2019, horas antes de su dimisión y posterior huida, fueron descartados el 10 de noviembre de ese año por el propio gobernante que aspiraba a su tercera reelección consecutiva y, dos semanas después, la asamblea legislativa los anuló de manera definitiva. Comenzaba, por tanto, una nueva etapa en la que resultaba imperiosa la consecución de un pacto social y político que, pese a todo, no termina de llegar hasta hoy.
Sin embargo, esos desacreditados actores jamás dieron muestras de entender el carácter necesariamente democratizador de la fase de transición que se abrió con la negativa ciudadana a su prorroguismo ilegal e ilegítimo –tanto en el referendo de febrero de 2016 como en las protestas de 2019– y, al contrario, se ocuparon y se ocupan afanosamente de querer restablecer las bases y rasgos del poder despótico que perdieron.
Sea en el más reciente tiempo electoral nacional o subnacional, sea en el de la gestión gubernamental que les otorgó la mayoría relativa del voto, casi no ha habido en ellos, con escasas excepciones de ambigua retórica, acción alguna que suponga una señal concreta de cambio honesto.
“No se está cumpliendo la finalidad de la pena, que es la readaptación social y la necesidad de que las personas que han infringido la ley sean reinsertadas a la colectividad y aporten a la construcción de una sociedad armónica y pacífica”, dijo la interina responsable de la Defensoría del Pueblo a propósito del asesino excarcelado que descuartizó a una joven al iniciarse septiembre. Bien cabe sostener algo semejante para referirse a los políticos que, empeñados en imponerse al país aun a costa de fracturarlo, sólo dan pruebas de su fallida reinserción.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político
Twitter: @etorricov
