Mucho más allá que una democracia moderna sea el reflejo de un Estado constitucional donde exista cultura y justicia vigorosa, es importante que los ciudadanos, las organizaciones civiles, políticas y económicas, participen en forma dinámica en el control y fiscalización de la gestión de gobierno y los poderes, de tal forma que estos combinen sus tareas para cumplir con los electores. Dicho control y fiscalización, en ningún momento debe ser interpretado como desestabilización; sino por el contrario, esas acciones reflejan la cultura de una democracia de calidad y de mayor transparencia en la justicia.
Los principales promotores de la democracia de calidad Diamond Larry, Morlino Leonardo, ODonnell, Schmitter y Mainwaring, propusieron en su época como criterios de evaluación la proximidad o lejanía de los valores de libertad e igualdad que son inherentes a toda democracia.
En perspectiva de estos destacados juristas, el análisis de la calidad de la democracia, tiene su base fundamental en los ciudadanos, que al final del camino son los principales beneficiarios de las acciones de las élites políticas. La apuesta de encontrar una democracia de calidad es la de comenzar con un proceso que va de abajo hacia arriba y, una vez estando arriba, queda vedado descender al desorden en el ordenamiento jurídico.
Y ¿qué se entiende por democracia de calidad?, el mismo Morlino Leonardo afirma en forma por demás interesante que es “como aquel ordenamiento constitucional estable que mediante instituciones y mecanismos que funcionan correctamente realiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos”. Desde luego que no será fácil alcanzar este objetivo a plenitud, cuando el régimen estando en el poder se deslegitima con persecuciones políticas severas a sus oponentes, expulsando a sus propios ciudadanos al exilio y la prohibición de interpelar, controlar y evaluar las acciones del poder, valiéndose de un gobierno de jueces constitucionales in que deshonran su juramento a la Constitución y las leyes.
En Bolivia, denotamos que no hay una democracia que sea capaz de garantizar el desarrollo integral, el estado de derecho y menos el interés de ampliar las libertades sociales, civiles y políticas. ¿Dónde se ha visto que los ministros del ejecutivo por ignorancia, inmadurez o servilismo se conviertan en jefes de campaña en los 9 departamentos del país y ciudades intermedias? En qué satélite estamos cuándo se acreditan puntajes a postulantes a cargos de magistrados que ejercieron esas funciones en años precedentes violando la Constitución (por Decreto Supremo) o, en su condición de autoprorrogados suman consideraciones por su exponente experiencia en el proceso de preselección. Sumado a los variopintos sucesos apuntados se descubren grupos armados violentos que continúan avasallando propiedades titularizadas a vista y tolerancia del ministerio de Tierra y Desarrollo Rural y del INRA, sin que al presente el ministerio público haya anotado en su historial al menos una sentencia ejecutoriada para los autores del caso de -Las Londras-, verbigracia. A propósito, las 28 personas cauteladas por presuntos delitos de invasión y asociación delictuosa, pronto los veremos caminar por las calles del país como ciudadanos honorables y las víctimas sumidas en el temor de ser revictimizadas. De persistir y aumentar la burbuja de los avasallamientos, lo peligroso es que esos asentamientos que vulneran la Constitución que garantiza la propiedad privada y colectiva (art. 56. I. II y II de la CPE) y los derechos humanos, se conviertan en pequeños estados, donde no impere el régimen de la ley, como sucede con provincias del Trópico de Cochabamba donde la Felcn no tiene ingreso y si llega es después de haberse producido la exportación de toneladas de cocaína y clorhidrato.
En este contexto, la Cumbre multipartidaria realizada por el Tribunal Supremo Electoral entre sus decisiones más importantes, resolvieron que el TSE presente un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para modificar las normas que regulan las elecciones primarias de los partidos políticos (supresión de primarias), y se -prioricen las elecciones para renovar los órganos judiciales-, conclusión que a simple vista parece loable, aunque no en lo sustantivo y fundamental como se describirá más adelante.
Desde nuestra perspectiva, el TSE y los representantes de partidos políticos que participaron en la Cumbre Multipartidaria, pese al abandono de Morales Ayma que estaba a favor de las primarias, se convierte en el -todopoderoso- olvidando que la Constitución consagra la separación de poderes, y por consiguiente ¿quién garantiza que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe por mayoría cualificada la derogación de las primarias?, y ¿cómo se puede asegurar que las elecciones judiciales para magistrados 2023-2024 lleguen a buen puerto?, si recordamos que en un año y cinco meses de tiempo transcurrido (marzo 2023 a julio 2024), pudo más una estructura de poder político dividida que genera parálisis y estancamiento al proceso judicial: y, esto no se puede ocultar, debido al suprapoderío que ejerce el Constitucional y sus vocales con el estatus de autoprorrogados, capaces de vetar cualquier acto de sección y resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional que tienda a cortar las alas del histórico y prevalente prorroguismo que importe remoción constitucional en sus funciones jurisdiccionales.
Tomando lo anterior como punto de análisis, en estas circunstancias ¿estaremos hablando de una verdadera transformación de la justicia?, por supuesto que no, sino de simples maquillajes que oxigena la democracia inmadura, pobre y en tremenda crisis, agudizada por la confrontación de élites del mismo partido, que al fin y al cabo ambos dominan el poder político y el poder de la droga fruto de la permanente tolerancia e impunidad de los magnates del negocio.
Ahora bien, afirmar que las conclusiones de la Cumbre Multipartidaria celebrada el 11 de julio con participación de representantes de organizaciones políticas y delegados de los órganos Ejecutivo y Legislativo, del Cuerpo diplomático y organismos internacionales, es un reflejo de Democracia de calidad al priorizar las elecciones judiciales, no deja de ser un rumbo de tiempo perdido en la incertidumbre de una democracia en crisis, principalmente, si en las conclusiones de la denominada “Declaración para la Democracia” los partidos políticos no han avanzado en la concreción de aplicar técnica y legalmente una -auditoría ciudadana al padrón biométrico-, al Segip y Sereci, siendo que esta es la médula del problema que merecía una decisión de protección irrestricta para dotarle al país de un padrón real, limpio y transparente para las elecciones generales de 2025.
En forma ponderada el profesor Concepción Montiel, L.E. dice: “El desarrollo de una democracia de calidad es cada vez más exigente y con el estado de derecho debe coadyuvar a evitar la impunidad”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
