En momentos difíciles como ahora, todos queremos la cabeza de los que causan los incendios. Sin embargo, en ese afán corremos el riesgo de caer en interpretaciones dicotómicas y sin matices de la realidad. Por lo general, el debate se polariza entre si los culpables son los agropecuarios cruceños (soyeros, ganaderos y otros grupos de poder) o los interculturales collas (comunidades campesinas con o sin asentamientos autorizados). Está bien como punto de partida, pero necesitamos también comprender en su complejidad lo que está pasando.
Sucede que en los últimos años, el solapamiento entre los predios empresariales y las zonas afectadas por los incendios es cada vez menor. La mayoría de los grandes predios están dentro de la llamada “zona agroindustrial” situada en la parte central del territorio cruceño (ver mapa), mientras que los incendios de años recientes están fuera de la misma. Esto no significa que las empresas agrícolas y ganaderas no estén involucradas en las quemas, sino que, además, existen otros protagonistas. Coexisten caóticamente en un espacio territorial plagado de ilegalidades. Es como el “viejo oeste” americano, donde la expansión descontrolada atrae a buscadores del lucro fácil y rápido, aventureros, forajidos, migrantes de toda estirpe o incluso fugitivos de la ley que saldan cuentas en duelos a muerte. La frontera agrícola, por definición, es tierra de contradicciones, de libertad y violencia, de oportunidades e injusticias; en definitiva, tierra sin o casi sin presencia del Estado y la ley.
Los incendios del 2024 tienen esta lógica y podrían resultar reveladores. Hasta ahora, las áreas quemadas se concentran principalmente en tierras fiscales, territorios indígenas (TCO) y zonas en proceso de saneamiento. Como antecedente está lo sucedido en 2019, cuando el 46,7% de los incendios ocurrió en tierras fiscales (ver cuadro). Las de mayor relevancia están en la TCO Guarayos, Monteverde, reserva forestal Guarayos y El Choré, Bajo Paraguá, entre otros. También merece una evaluación cuidadosa la mayor mancha quemada que está en San Matías y El Pantanal, donde todo indica que el fuego comenzó en las propiedades ganaderas de la zona.
¿Cómo avanzar en desentrañar estas complejidades? Un buen punto de partida es no perder de vista el factor común detrás de todo: el desmonte mecanizado para habilitar monocultivos en zonas boscosas que deberían estar estrictamente protegidas. Se ha dicho y con toda razón que las “leyes incendiarias” provocaron los desastres, pero me parece que va más allá de las reformas recientes. En realidad, el marco normativo agroambiental ha sido desde su origen demasiado permisivo, ambiguo y, sobre todo maleable o manipulable al calor de los intereses económicos y políticos. Un ejemplo concreto de una laguna legal es el llamado “estudio de microcaracterización” para convertir legalmente los bosques protegidos en monocultivos.
Entonces, la solución de fondo pasa por poner límites a la permisividad legal que existe para desmontar y habilitar monocultivos hasta en el último rincón de la Amazonia. Bolivia carece de una zonificación que determine técnica, ambiental y económicamente, hasta dónde están permitidos los monocultivos y dónde no. La delimitación en terreno de la frontera agrícola debe ser ciega con respecto a qué tipos de propiedad existen en una u otra zona, si son grandes o pequeñas, o si quienes se creen con derecho a incendiar son cambas o collas.
El autor es economista e investigador de Fundación TIERRA
