Las manifestaciones de descontento popular en diferentes países latinoamericanos han develado la crisis política y económica que atraviesa la región. Hace algunos días veíamos como la protesta social en Guatemala terminó con el incendio del edificio del Congreso. Asimismo, la semana atrás, se dibujó un escenario de caos en Perú con tres presidentes en tan solo una semana. En el caso de Chile, se inició marchas y cacerolazos frente a la propuesta del gobierno para realizar el segundo retiro de los fondos de pensiones. Las protestas de las últimas semanas tanto en Perú, Guatemala y Chile tienen como denominador común la crisis política y un contexto de recesión económica. Dos elementos que se han agravado bajo la pandemia de Covid-19 y que han desembocado en el pedido de renuncia de una clase política.
En el caso de Guatemala la movilización social del veintiuno de noviembre se inició como protesta a los ajustes presupuestarios en el área de salud y educación para la gestión 2021. Lo que en un inicio se presentó como una protesta pacífica terminó en la quema de las oficinas del Congreso. Las protestas continuaron al día siguiente y esta vez se pedía la renuncia del presidente Alejandro Giammattie, bajo un clima de indignación y frustración por la mala gestión de los recursos destinados a enfrentar la pandemia de Covid-19, los/as ciudadanos/as denunciaban hechos de corrupción y un mal manejo de los préstamos para atender la crisis sanitaria.
Guatemala tiene un gran historial de escándalos y hechos de corrupción perpetrados por funcionarios de las principales cúpulas de poder, los últimos presidentes Álvaro Colom y Otto Pérez han terminado en la cárcel por hechos de corrupción La corrupción en Guatemala ha generado que el año 2007 se instaure la denominada Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). La CICIG fue un órgano independiente de carácter internacional que tenía como fin colaborar con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Guatemala. A lo largo de su trabajo la CICIG colaboró en destapar hechos de corrupción y delincuencia organizada.
Sin embargo, el año 2019 fue disuelta ya que el gobierno de Guatemala consideró que la presencia de la CICIG era un riesgo para la seguridad nacional. En medio de controversias y fuertes críticas, el gobierno de Jimmy Morales dio por terminado el acuerdo con este organismo. A inicios de este año, la Fiscalía contra la Corrupción inició una investigación contra Jimmy Morales por la presunta creación de una sociedad fantasma con el uso de fondos públicos. Así, familiares del ex presidente también habrían sido acusados por lavado de dinero y fraude. Bajo este contexto, es entendible que el discurso de Alejandro Giammattei para llegar a la presidencia haya sido dar fin a la corrupción en Guatemala.
Los gobiernos de turno han avanzado muy poco para eliminar este problema que afecta a todas las regiones del mundo pero que tiene una gran incidencia en las Américas. Los datos del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) muestran que en la región centroamericana los países que tienen mayores índices de corrupción son Nicaragua y Guatemala. No existe una verdadera voluntad para desarticular las redes de corrupción dentro de la administración pública. La corrupción es un problema estructural que demanda la acción de diferentes actores e instituciones, esta instaurada en las prácticas cotidianas y naturalizada como parte de la administración pública.
A pesar, del compromiso de Giammattei para luchar contra la corrupción vuelven a surgir voces críticas que acusan a funcionarios de su gestión de haber cometido actos irregulares aprovechando los gastos demandados por la emergencia sanitaria. La gestión de Alejandro Giammattei recién se ha iniciado en el mes de enero y a pesar que en ese momento gozaba de una popularidad del 55, 9 %, según datos de la empresa Mitofsky, su popularidad ha decrecido a tal punto que ahora se pide su renuncia.
La recesión económica que estamos atravesando está derrocando gobiernos, los/as ciudadanos/as están en las calles porque han perdido sus fuentes de ingreso y por el tedio de los continuos escándalos de corrupción. La emergencia sanitaria ha generado el abuso de los recursos públicos en la compra de insumos médicos a sobreprecio o en mal estado. Frente a este contexto nos encontramos en un panorama de inestabilidad política, que de continuar podría generar que varios presidentes no acaban su gestión de gobierno.
Lorena Choque Flores es politóloga y maestranda en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia.
Twitter: @LorenaWendyCh
