Una posible particularidad de la ley del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 en donde se registra las cifras expresadas en bolivianos de todos los ingresos y gastos fiscales que tendrían asignadas las instituciones públicas, para que funcionen y atiendan la demanda de bienes y prestación de servicios públicos por los ciudadanos, no sería muy diferente del que prevalecieron en anteriores gestiones pasadas como fue: el incremento del PGE agregado y consolidado; tipo de cambio fijo; expansión del gasto público (corriente y de capital); elevado déficit fiscal, desahorro público, deuda flotante, crédito externo y crédito interno y continuar con una política económica de redistribución del ingreso y empresas públicas hacia un sistema económico socialista.
Según una clasificación económica del PGE del Sector Público, los gastos corrientes serían cubiertos con los ingresos corrientes y los ingresos de capital no serían suficientes para financiar la inversión pública, brecha fiscal que serían financiados con crédito público porque ya no se cuenta con un espacio fiscal[1]. Por otra parte, el PGE consolidado (PGEc) fue creciendo cada año y para el 2023 continuaría elevándose.
El ratio PGEc/PIB para el 2022 es 79 por ciento y para la siguiente gestión aumentaría, de igual manera, los gastos del Tesoro General de la Nación (TGN) también porque aproximadamente un 90 por ciento son recurrentes e inflexibles a la baja, como son el pago de salarios, renta vitalicia, servicio de la deuda pública, los programas sociales y transferencias condicionadas y no condicionadas, así como las subvenciones a los hidrocarburos, alimentos y servicios básicos. En las cuentas públicas no es un problema central el gasto público en sí mismo, sino es el financiamiento del gasto público que debería ser con ingresos genuinos, es decir los impuestos, y excepcionalmente recurrir al crédito público interno y externo porque afecta a la generación presente y futuro de los bolivianos al asumir el compromiso de utilizar los ingresos públicos, para amortizar el capital y el pago de intereses de la deuda pública honrando la fe del Estado.
La elaboración del proyecto del PGE 2023 probablemente considere un escenario económico en donde se prevé los factores externos desfavorables para la economía boliviana por la crisis económica sistémica que afecta al Mundo y los factores internos que también son desfavorables por la escasez de recursos públicos para atender la creciente demanda de gasto público por parte de los bolivianos debido a la creación de expectativas favorables sobre el Estado que resolvería todos los problemas económicos sin excepción, gracias al Modelo de Economía Social Comunitaria Productiva (MESCP)[2] y su política económica de financiamiento a las empresas públicas y redistribución del ingreso.
Ante un contexto externo de crisis el país puede beneficiarse de la situación y “hacer buenos negocios”[3] con todos los países sin excepción. En un contexto interno de gestión de recursos públicos escaso no se cuenta con una alternativa diferente en el corto plazo de seguir manteniendo un tipo de cambio fijo, elevado gasto público financiado con: desahorro público; deuda flotante; crédito público externo; y emisión monetaria, como vino sucediendo.
Las variables macroeconómicas estimadas y utilizadas en el PGE 2023 que son de: crecimiento económico; tasa de inflación; Déficit Fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) respecto al PIB y presupuesto consolidado estarían por encima del promedio registrado durante el período 2006-2022, excepto la tasa de inflación y manteniendo el tipo de cambio fijo. Para financiar la brecha fiscal se utilizaría recursos provenientes de crédito interno y externo, porque no sería posible de hacerlo con los ingresos corrientes esperados que se generen durante el próximo año.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings estima un crecimiento del PIB del 2,5% el 2023.
Con la finalidad de identificar aproximadamente a las Instituciones Públicas que generan déficit fiscal se utiliza el balance fiscal desagregado a nivel de grupos institucionales y una hipótesis es que continuaría de forma similar a la que prevaleció en la gestión 2022, es decir, que los Órganos del Estado, Empresas Públicas y las Instituciones de Seguridad Social registrarían sus ingresos por encima de sus gastos, y las Entidades Descentralizadas, Municipios, Gobernaciones, Universidades Públicas, Instituciones Financieras y el resto de entidades registrarían sus ingresos por debajo de sus gastos. De concretarse la hipótesis significaría una dependencia hacia el órgano rector de la política fiscal para que las instituciones con déficit fiscal consigan recursos públicos adicionales para cubrir su brecha que básicamente sería para el pago de sueldos.
La información oficial de los datos estimados del 2023: principales variables macroeconómicas; todos los recursos y gastos (institucional, categorías programáticas de gasto, sectorial y localización geográfica); fuentes de financiamiento interno y externo; inversión pública; subvención; transferencias, etc., así como las políticas económicas nacionales, regionales y sectoriales serán esclarecidos cuando el Órgano Ejecutivo (OE) presente al Órgano Legislativo Plurinacional (OLP) el documento “Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023” para su tratamiento, discusión y aprobación hasta el 31 de octubre del 2022, plazo establecido en la Constitución Política del Estado y la información sea de acceso público.
A una semana del plazo establecido en la Constitución Política del Estado para la entrega del proyecto de ley del PGE 2023 por parte del OE al OLP, posiblemente aún estaría pendiente el registro de recursos y gastos: para la realización del Censo de Población y Vivienda durante el 2023 como exigen varios departamentos; los gastos para proyectos de inversión pública reclamados por las autoridades originarias de la Provincia Omasuyos conocidos como los ponchos rojos; el pedido de los mineros de Colquiri a la Gestora del Seguro Integral que no se transfieran aún sus recursos; de las Cooperativas Mineras dedicadas a la explotación del Oro que piden pagar un impuesto único del 4,5 por ciento y no del que propone el OE; reclamo de los discapacitados ante el Ministerio de Salud; protesta del magisterio ante el Ministerio de Trabajo y otros pedidos de diversos sectores, porque no cuentan con financiamiento asegurado para cerrar las cuentas fiscales y atender todas las demandas de mayor gasto fiscal.
[1] El espacio fiscal es la disponibilidad de recursos para financiar un incremento en el gasto público sin comprometer la sustentabilidad de la posición financiera del gobierno o la estabilidad de la economía (Heller 2005),
[2]En diferentes publicaciones oficiales se utilizaron las siguientes denominaciones: “Nuevo modelo económico social productivo”, “Nuevo modelo económico social, comunitario y productivo”, Nuevo modelo Económico Nacional Productivo”, Modelo Nacional Productivo”, “Modelo de Capitalismo Andino Amazónico”, “Modelo de Economía Plural”, “Socialismo Comunitario del Vivir Bien”[2], “Evonomics” y “Modelo de Economía de Optimización de los Recursos”.
[3]Utilizo la frase: “hacer buenos negocios” que gentilmente compartió el Ing. Armando de la Parra un compañero y amigo en una de las varias conversaciones que sostuvimos sobre el acontecer mundial, que además el la escucho de lo que piensan los chinos.
Germán Molina Diaz es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC
