El presidente Luis Arce Catacora ha presentado el anteproyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que tiene previsto condenar a los imputados con la pena privativa de libertad de hasta siete años de cárcel y evitar que sean liberados porque “todos juegan” con las leyes vigentes. El anteproyecto tipifica: “el que ilegítimamente se apoderare, sustrajere o tomare, semoviente, joyas, dinero, valores, minerales o energía, objeto, cosa mueble sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas u otros medios, o de cualquier otra forma se apropiare de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la Policía Boliviana o particular, o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones, imágenes, por testigos y/o entrevista policial, será sancionado con pena de presidio de siete años sin derecho a indulto”. Sin embargo, la condena se reducirá a dos años si el acusado se somete al procedimiento abreviado.
La normativa proyectada puede correr la misma suerte que la política “cero tolerancia a la corrupción”, típica del populismo penal que ha prevalecido en los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce), y no ha tenido el impacto buscado. En realidad, existe una superestructura legal penal (inflación penal) y los problemas aumentan como, por ejemplo, los feminicidios. Si la solución fuera solo una cuestión normativa, todos los problemas sociales ya se hubiesen resuelto. En todos estos casos, la idea central siempre ha sido luchar contra la impunidad y promover la plena transparencia en la gestión pública y la vigencia efectiva de mecanismos de control social del Estado.
Evo Morales creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Y promulgó la controvertida Ley Nº 004 del 31 de marzo de 2010 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), que establece los “mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, Leyes, Tratados Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción…” El objetivo era prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales, los instrumentos necesarios para desarrollar en Bolivia una cultura de transparencia y erradicar la corrupción.
Sin embargo, el objetivo de la política “cero tolerancia a la corrupción” (y ahora “Lo ajeno no se toca”), no se ha conseguido ni se conseguirá. Los hechos ilícitos suman y siguen y la corrupción parece haberse institucionalizado. Que el presidente Luis Arce haya obsequiado (prebenda pura y dura), vehículos robados, no se había visto nunca. La política anticorrupción no sólo que no ha tenido los avances y progresos que se había propuesto, sino que ha aumentado este cáncer social y cada vez hace metástasis en las reparticiones del Estado y contamina a la empresa privada. Para Transparencia Internacional, la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público en Bolivia ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción.
El fracaso del populismo penal se debe, entre otras cosas, a la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo y consiguiente debilitamiento y hasta cierta complicidad de las instituciones del Estado (Órgano Judicial, Contraloría General del Estado, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, etc.). El gobierno también hace de juez y parte, y restringe la libertad de expresión, e información, que son imprescindibles para materializar la transparencia, y denunciar los hechos de corrupción.
Llama la atención que el gobierno no haya puesto el acento en la educación para cambiar los “patrones culturales que se encuentran en la mentalidad y en el comportamiento de las personas”. La educación siempre brinda las oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, honestidad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Y tendría que hacerse una verdadera cruzada nacional para luchar efectivamente contra las causas de la criminalidad en general. El populismo penal no ha resuelto los grandes problemas que denuncia el gobierno.
El autor es jurista y autor de varios libros
