Rebautizado en 2009 como Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Parlamento o Congreso Nacional no da muestras de haber registrado otro cambio que no sea el de su denominación.
Su “plurinacionalidad” no llegó a hacerse evidente, salvo porque al principio algunos de sus miembros sesionaban ataviados con atuendos de supuesto recóndito origen y en pretendida expresión de diversidad. Muy temprano el aparato gubernamental tomó el control de ese poder “independiente” y lo redujo, como además ya era costumbre, a mera caja de resonancia de sus intereses y decisiones. De ese modo, ese tipo de sujeción tan cuestionado previamente no sólo que fue reproducido, sino hasta perfeccionado.
A partir de ahí, la práctica anterior del “rodillo” o la “aplanadora” por la que la mayoría parlamentaria aprobaba todo lo que le instruía Palacio Quemado, incluida la fiscalización cero al ejecutivo, fue replicada con rigurosa disciplina por los nuevos ocupantes de curules pertenecientes a los “dos tercios” del llamado Movimiento al Socialismo.
Así, y ante una débil oposición, el accionar de la ALP prolongó la desnaturalización del lugar y el papel del Parlamento, que se entiende tendrían que ser de primera importancia para la vida de la nación.
En teoría, un parlamento debiera representar los intereses del pueblo en su multiplicidad, hacer leyes en vista al bien colectivo, controlar la administración que desarrolla el ejecutivo y legitimar las políticas públicas y el régimen democrático.
En la experiencia boliviana, el Parlamento se limitó a tomar nota y a convalidar lo decidido en el ejecutivo, así como a aplaudir los informes de los ministros excepcionalmente interpelados (sin duda ayuda mucho a todo esto que la Constitución otorgue al vicepresidente del país la presidencia de la ALP). Un ejemplo dramático de lo primero, en septiembre de 2010, fue la ley antirracista que el gobernante de entonces ordenó aprobar a los parlamentarios sin modificar “ni una sola coma” al tiempo que destituía al presidente de la comisión de Constitución de la cámara baja, que se había abierto a recibir comentarios y sugerencias de sectores ciudadanos. En lo segundo, en casi 14 años de gobierno, ningún ministro fue objeto de censura alguna.
Entonces, el Parlamento resulta un poder ficticio, pero ciertamente muy caro. En el último quinquenio, su funcionamiento le costó al país un promedio anual de 50 millones de dólares, suma de la que alrededor del 33 por ciento se destinó a sueldos. Un senador gana poco más de 3.000 dólares al mes y un diputado más de 2.500, y a veces sin trabajar; por ejemplo, en marzo pasado, se denunció que sólo asistieron 4 días, pero cobraron el 100 por cien de sus dietas.
Su productividad legislativa es, asimismo, muy baja y costosa. Un análisis hecho por la politóloga y ex diputada Jimena Costa señaló que, en términos de pago de sueldos, cada una de las 409 leyes aprobadas por la ALP entre 2005 y mediados de 2018 representó un gasto promedio de 2 millones de bolivianos (287 mil dólares más o menos), a lo que se añade que el 54 por ciento de esas normas se refería a transferencia o enajenación de bienes de una entidad estatal a otra, aprobación de contratos de préstamo o financiamiento y declaratorias de patrimonio cultural.
Aunque tras la crisis política derivada del fraude electoral de octubre de 2019 los mecanismos de supeditación de la ALP quedaron al descubierto por denuncia de sus propias víctimas y dejaron de operar ante las nuevas circunstancias, la continuación de una institución tal, con dos funciones negativas reales, la “aprobatoria” y la “aclamatoria” (sin contar una más reciente, la “desestabilizadora”), aparece como un contrasentido para la democracia.
Ya en 1907, en su agudo libro “Política parlamentaria de Bolivia”, Manuel Rigoberto Paredes se preguntaba: “¿Entonces, a qué se ha reducido la función verdadera del poder legislativo?”. Y respondía: “Lo hemos visto en la práctica: a hacer política menuda; a desvirtuar el concepto de las leyes; a deprimir las energías nativas del pueblo con una legislación inconducente; a pervertir el criterio público con los malos ejemplos que da, y en esa labor infructuosa, a poner exhaustas las arcas nacionales”.
Es, pues, inaplicable a este caso el viejo refrán que dice “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”: un mal más que centenario (parlamento defectuoso) permanece y un cuerpo (Bolivia) sigue resistiendo.
Otro Parlamento es necesario. ¿Podrán las próximas elecciones marcar el inicio de esa transformación?
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político
Twitter: @etorricov
