VERÓNICA ORMACHEA G.
“No despierten la furia de un pueblo que solo busca paz, un pueblo que busca unidad para todos los bolivianos”, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Los cruceños -y con razón- tienen furia acumulada porque han sido víctimas de una cadena de injusticias cometidas contra ellos por parte del gobierno del Movimiento al Socialismo.
Se vieron obligados a declarar un paro departamental pacífico -que es absolutamente legal- porque el gobierno, de un plumazo, postergó la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda a abril del 2024 cuando se acordó que debía llevarse a cabo este año. Un decreto muy conveniente para el gobierno masista. Declararon el paro a costa de perder millones de dólares al día.
Santa Cruz es el departamento más boyante de Bolivia, por ende el que tiene mayor inmigración ya que ofrece más oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida.
Son autónomos, aunque deben estar sujetos a las leyes y decisiones del gobierno central. Muchas arbitrarias.
El gobierno postergó el censo por sus intereses políticos. Estos los motivos.
Los masistas quieren seguir utilizando el padrón electoral viciado y así ganar las elecciones generales del 2025. De igual manera, pretenden evitar que se devele, en dicho padrón, las irregularidades cometidas en anteriores elecciones.
También quiere evitar que el departamento de Santa Cruz, al que tilda de derechista, tenga mayor representación parlamentaria lo que quitaría curules e influencia al partido gobernante.
De igual manera, pretende evitar que Santa Cruz reciba mayores ingresos de los impuestos nacionales y que desarrolle aun más ya que cuenta con la mayor cantidad de habitantes del país.
Santa Cruz ha entrado a su décimo primer día de paro. Desgraciadamente los enfrentamientos cobraron una vida porque resulta complejo parar los enfrentamientos entre los seguidores del MAS contra el pueblo cruceño.
Ante el paro pacífico, el gobierno del MAS cercó de forma arbitraria al departamento de Santa Cruz. Esto significa privarlos de alimentos y de comercializarlos a otros ya que provee el 70% de alimentos al país. Esto perjudica a todo Bolivia.
El gobierno también les ha prohibido las exportaciones de carne, soya y azúcar.
Los cruceños están escasos de alimentos. Los supermercados abren día por medio y solo por horas. Es un pueblo tan solidario que personas, restaurantes y hoteles entregan comida a los que hacen el paro. También les falta gasolina.
El gobierno ha cortado el suministro de gas al parque industrial para evitar su producción y realiza persecuciones y detenciones arbitrarias.
Quiere cercar y ahogar, como hizo Mao Zedong.
¿Como se puede negociar una fecha para el censo con semejantes medidas de presión?
El gobierno llamó a un encuentro llamado “Censo por consenso” donde participaron prefectos alcaldes y rectores. Una reunión arreglada porque la mayoría son afines al partido de gobierno y a la que no se llegó a ningún acuerdo.
El gobierno propuso dejar una fecha abierta para el nuevo censo la cual fue rechazada por la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz. Hubieran pecado de ingenuos si aceptaban dejar la fecha abierta. Ésta ha propuesto que se realice en octubre del próximo año.
El censo es fundamental para la aplicación de políticas públicas y la toma de decisiones.
Debe realizarse un nuevo censo el próximo año y aplicarlo al nuevo padrón electoral en las próximas elecciones para que el MAS no siga en el poder.
Entretanto, siguen los enfrentamientos.
Verónica Ormachea Gutiérrez es periodista y escritora
