En el desenvolvimiento de la economía, el “Gobierno” actúa como agente económico y puede influir en la economía mediante: impuestos, gasto público, deuda pública y regulación. Los dos primeros tienen una gran interrelación ya que se requieren ingresos para poder realizar gastos por parte del gobierno, y la fuente genuina de financiamiento son los impuestos que se cobra mediante el sistema tributario. Cuando los ingresos son menores a los gastos resultan en un déficit fiscal, se recurre a la deuda pública como fuente de financiamiento. La deuda pública es una obligación de pago generada por la contratación de préstamos que pueden ser adquiridos por un Estado de fuentes internas o el exterior.
Dentro de los componentes del gasto fiscal se asigna una subvención que se define a cualquier asistencia o incentivo gubernamental, en efectivo o especie, hacia sectores privados -productores o consumidores-, respecto de la cual el Gobierno no recibe a cambio compensación equivalente.
En el país se tiene asignado presupuestariamente para los siguientes productos que tienen subvención: Diesel, gasolina, gas natural, GLP, electricidad, arroz, harina y maíz. En los alimentos abarcan desde el acopio de los productos hasta la etapa de su comercialización. Esta política pública de subvención logra que los derivados como la carne de pollo, cerdo, leche y huevo mantengan precios estables. Es decir, se benefician en la actualidad a los consumidores a costa de afectar los incentivos de los productores hoy y a futuro de aumentar la producción de los mismos.
Respecto al impacto económico en el poder adquisitivo de las personas que se benefician de la subvención significa que pueden acceder a los productos con precios regulados y fijos, que además permitió que la tasa de inflación registre niveles bajos y por lo tanto que se suavice la elevación del costo de vida.
El costo de vida medido con la tasa de inflación durante el período 2006 al 2021[1] van de un mínimo de 0,26 por ciento el 2009, a un máximo de 11,85 por ciento el 2008 y un promedio de 2,33 por ciento durante los diez y seis años, que significa que el ingreso fijo de las personas fue afectado de forma moderada según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El agente económico “Gobierno” determino un gasto presupuestario programado para subvención de la gestión 2022 de Bs 5.088,3 millones, distribuidos en: Servicios básicos Bs 125,6 que representa un 2,5 por ciento; Alimentos 168,1 que representa un 3,4 por ciento y para hidrocarburos Bs 4.794,6 que es un 94,1 por ciento (ver Cuadro 1).
El monto total programado de la subvención[2] respecto al total de la recaudación de impuestos es de un 10,1 por ciento, y con relación al total del gasto corriente del sector público es 3,8 por ciento.
La política fiscal de subvención en las tarifas de hidrocarburos, electricidad y algunos alimentos en la actualidad permite a los consumidores acceder a precios regulados y su abastecimiento, pero afecta la producción nacional y creación de nuevos puestos de trabajo.
¿Es sostenible mantener esta política de subvención?
La subvención sólo puede continuar en el mediano plazo, mientras el país cuente con ingresos fiscales sostenibles (ahorro público), nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) que solventen cuatro meses de importación y acceso a financiamiento externo para inversión en obras públicas. Suprimir la subvención a hidrocarburos y alimentos, los precios aumentarían y trasladarían el costo de esta medida económica hacia los consumidores.
La perspectiva sobre la continuidad de la subvención está sujeta a una restricción de financiamiento qué si no se la cumple, estaríamos caminando en el sendero hacia niveles de tasas de inflación elevadas, caída de la producción y desempleo.
La política de subvención a los combustibles en Bolivia se mantiene desde el siglo XX, sin embargo, es bastante difícil que se mantenga indefinidamente, por las restricciones de financiamiento que tiene un límite.
¿Cómo hacer cuando llegue el tiempo de eliminar la subvención?
En el actual contexto interno que vive el país y el factor externo de incertidumbre es complejo y difícil suprimir la política de subvención. Por otra parte, durante los últimos 17 años se aprobó y ejecuto presupuestos públicos expansivos del gasto fiscal en la creación de empresas públicas y redistribución del ingreso mediante bonos y subvención, hechos económicos históricos que permiten proponer la siguiente hipótesis: “que se mantendrían las actuales políticas públicas”. Este supuesto la verificaremos hasta el 31 de octubre de la presente gestión[3] cuando el Órgano Ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Presupuesto General del Estado 2023.
La política de subvención en Bolivia puede mantenerse en el mediano plazo siempre y cuando despeguen con éxito proyectos como la industrialización del litio, la exportación de energía eléctrica, la producción de acero en la planta siderúrgica del Mutún, exportación de Urea, corredor bioceánico por carretera y tren, y otros proyectos mediante una alianza pública y privada. Estos proyectos estratégicos permitirán al país contar con mayores recursos y continuar con las políticas expansivas del gasto fiscal.
En el mediano y largo plazo los riesgos económicos y financieros son las restricciones de las fuentes de financiamiento a los desequilibrios fiscales mediante créditos del Banco Central de Bolivia, desgaste del stock de reservas internacionales netas y elevado endeudamiento externo e interno, que tiene que analizarse exhaustivamente para prever una futura crisis y elevado costo de bienestar de la sociedad.
[1] Utilizando año base 2016, según publicación “Memoria de la economía boliviana 2021”.
[2] El PGE 2022 utilizo un precio referencial de $us50,47 por barril de petróleo y durante el segundo trimestre se elevado por encima de los $US100, que significa que se incrementan los ingresos fiscales y también los gastos fiscales para cubrir la subvención de los derivados de los hidrocarburos que será incorporado en un presupuesto reformulado 2022 a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional antes del tratamiento del proyecto del PGE 2023.
[3] Fecha estimada por la Constitución Política del Estado.
Germán Molina Diaz, Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.
