Varios han sido los intentos de reformar el sistema de justicia en el país; desde cumbres, encuentros hasta observaciones internacionales que actualmente no prosperan y solo quedan en palabras o buenas intenciones. Lo que está claro es que mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) nos gobierne, no habrá cambios de verdad en el mismo.
No hay voluntad política por parte del oficialismo para dar ese giro de 180º porque si no manejan como aparato represor el sistema de justicia con jueces, fiscales y policías, les será imposible consolidar su esquema gubernamental autoritario, puesto que con una justicia imparcial e independiente no existiría abuso de poder como ahora lo ejercen.
Hasta ahora, solo hubo un primer gran avance al reformar la justicia institucional en nuestro país, mediante Ley No. 1585 de 12 de agosto de 1994 – Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado (CPE). En la cual el Poder Judicial de ese entonces incorpora las instituciones del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y mediante Ley 1715 el Tribunal Agrario Nacional. El primero para ejercer netamente un control constitucional, el segundo para ser la instancia administrativa y disciplinaria y el tercero para administrar temas agrarios. Porque hasta antes de eso nuestra justicia mantenía la misma estructura de los viejos modelos traídos de Europa.
Si bien hubo otro intento de reformar la justicia con la elección por sufragio universal de las Magistradas y los Magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Siendo que el remedio resultó ser peor que la enfermedad. Aspecto que quedó demostrado con las elecciones judiciales realizadas en los años 2011 y 2017 fueron todo un fracaso ganando en ambos casos el voto nulo por amplia mayoría y aplazando a las autoridades judiciales de corte masista que postularon en las mencionadas gestiones.
Una tercera opción se tuvo con la incorporación de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, la cual solo fue un saludo a la bandera y que hasta la fecha en su verdadera dimensión no tuvo una aplicabilidad de verdad. Siendo más bien distorsionada ya que a título de “Justicia Indígena” se quitó la vida a varias personas y se violaron los derechos humanos contradiciendo con lo que está escrito en el numeral II del artículo 190 de la actual CPE: “….respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos…”.
Hasta ahí serían las más serias acciones plasmadas de tener una nueva justicia en el país con sus luces y sombras por supuesto que sí. Más de eso no hubo otros hechos serios que marcaron grandes cambios en dicho poder del Estado. Solo fueron propuestas, buenas intenciones e ideas utópicas.
Los intentos que ahora vienen impulsando sobre una nueva reforma judicial varios grupos de abogados, líderes de opinión y algunos políticos, siento decirles que quedarán en saco roto porque sencillamente el gobierno central lo tiene archivado en la congeladora, sin la menor intención de reactivarla. Y no deben olvidarse que a la vuelta de la esquina ya están las próximas elecciones judiciales y de realizarse en las actuales condiciones, consolidarán el actual sistema judicial politizado.
Quienes proponen un referéndum para modificar parcialmente nuestra ley de leyes con vistas a reformar la justicia, creo que se olvidan que el Tribunal Supremo Electoral, copado en su mayoría por vocales masistas, ¿se prestará llevar a cabo la indicada consulta popular? y ¿el gobierno central tendrá la buena intención de desembolsar el dinero para cumplir tal cometido?
Las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI sin duda que necesitan de manera imprescindible del uso y abuso del Poder u Órgano Judicial ya que es su arma mortífera para acallar a sus enemigos políticos, porque bien saben que una justicia independiente no les sirve para cumplir con sus planes maquiavélicos.
La sociedad civil en su conjunto debe ser el actor principal para reinventarse el cómo y cuándo se debe llevar a cabo una verdadera reforma judicial en el país, porque unos pocos sectores sociales que quieran atribuirse esa representación y protagonismo no tendrán los resultados esperados.
Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta es comunicador social
