El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha querido dejar como parte de su legado político la elección popular de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. La medida, que ha dividido a los mexicanos, y ha supuesto una “pausa” diplomática con los Estados Unidos (figura inexistente en la jerga diplomática), fue aprobada en la Cámara de Diputados gracias a la amplia mayoría oficialista. Se trata de la segunda experiencia de elección popular para designar a los magistrados; la primera fue en Bolivia.
La reforma judicial mexicana ha provocado críticas de diversos organismos y ha tensionado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También han reaccionado los mercados financieros, provocando una fuerte caída del peso y las empresas estadounidenses han frenado sus flujos de inversiones en tierras mexicanas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha advertido de que los cambios "amenazarían" una relación comercial entre los países vecinos que "depende de la confianza de los inversores en el marco legal de México".
La denominada reforma judicial mexicana supone un cambio parcial de la Constitución en todo lo referido al poder judicial, que fue aprobada con 359 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 135 en contra de la oposición. Las elecciones de junio dieron al partido Morena y a sus aliados la mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, cantidad necesaria para aprobar las reformas constitucionales, y casi la misma proporción en el Senado. A pesar de los retrasos y de un complicado debate, se ha aprobado, como estaba previsto, la reforma propuesta por López Obrador, que cuenta también con el apoyo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de su mismo partido y que asumirá el cargo el 1 de octubre.
El paquete de 20 reformas en febrero pasado por el presidente López Obrador, avaló entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la Corte Suprema y que su mandato se modifique de 15 a 12 años. Los mexicanos tendrán dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera será en junio de 2025 y la segunda en 2027. También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia, y un ajuste de sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México. Y sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y elimina las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
La reforma judicial mexicana pareciera una copia de la preselección y elección judicial de las principales autoridades bolivianas, y que ha resultado siendo un verdadero fracaso. Contra todo pronóstico en las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011 y 5 de diciembre de 2017, los candidatos propuestos por el MAS fueron rechazados en las urnas con un promedio de un 60% (6 de cada 10 ciudadanos), pero igual fueron designados y posesionados.
Los mentores de esta figura en Bolivia aseguraban que el voto popular para designar a las principales autoridades del poder judicial (único en el mundo), se convertiría en la fórmula perfecta para resolver todos los problemas judiciales existentes. Sin embargo, se han realizado dos procesos eleccionarios (2011-2017), y lejos de liquidar los problemas estructurales, se ha profundizado la crisis y el sistema judicial se encuentra colapsado, prostituido y en medio de un descrédito total.
Y como el Movimiento Al Socialismo tenía el control de la asamblea legislativa y del órgano electoral (que presidió ambos procesos), ambos procesos electorales estuvieron bajo sospecha porque terminaron como máximas autoridades judiciales personas del partido oficialista. Lo evidente es que la elección popular boliviana no ha garantizado la institucionalidad, independencia e imparcialidad judicial ni fueron elegidos los mejores profesionales, y los problemas se profundizaron y terminaron colapsando al poder judicial. En Bolivia ni sus propios mentores están de acuerdo con este modelo porque el remedio resultó peor que la enfermedad.
El autor es jurista y autor de varios libros.
