A esta altura del proceso y a la vista del resultado de los dos desastres anteriores, la populachera fórmula de la Constitución Política del Estado (2019), ensangrentada de la masacre de La Calancha, para elegir por voto popular a los altos cargos del sistema de administración de justicia, se ha convertido -más allá de toda duda razonable- en una suerte de elecciones “jodiciales”; es decir, una chacota total que, duele escribirlo, refleja el estado del arte del estado plurinacional.
Si bien sus apologistas alegaron que se trataba de dotarle al Judicial de un grado de legitimidad, entregándole mediante voto popular al soberano el derecho de elegirlos, queda claro que el remedio ha resultado peor que la enfermedad. No hace falta urgar muy antiguo y profundo para ver que los “elegidos” (que en realidad perdieron peor que la verdecita en la reciente Copa América, es decir por goleada ante la Drita. Blanco Nulo de Pifiado) no tuvieron esa legitimidad de origen y peor de desempeño.
Bastará recordar el invento del “derecho humano” de su amo para empernarse en el poder sine die; la desaparición de sentencias que no le convenían a su amo nuevo; la venta y repartija de pegas entre “inversores” y sindicatos; el delito de lesiones leves como lesa humanidad, la masacre de jueces transitorios sin el Debido Proceso y discriminándoles o, la última hoja de coca sobre la torta, su auto prórroga que ya se acerca al medio año, entre otras deposiciones. Todas por el momento impunes en la Asamblea Legislativa, mientras duren sus “buenos” servicios.
Actualmente, muchos ven con algún grado de esperanza o por lo menos expectativa, el -por fin- avance del actual proceso que debería conducir a la tercera elección popular que contra muuuchos vientos y mareas, está -ojalá- superando los amparos -unos con relevancia constitucional y otros truchos como los auto prorrogados- y que debería culminar en esa instancia con la lista de los candidatos a Magistrados rumbo a las elecciones. De superarse este accidentado proceso en la fase actual de exámenes -de no aparecer otro amparo por sus resultados- vendrá la fase final legislativa que, así como está la cosa, será la madre de todas las batallas, pues la norma exige que esa lista final sea decidida por 2/3 de votos de los asambleístas: ¿Se lograrán?
La política en su cabal acepción es el arte de lo posible y ello pasa necesariamente por la idoneidad de sus actores; en el caso en la ALP, para más allá de sus evidentes diferencias que deberían ser saludables pues nadie ve el mundo de la misma manera, pero -ya que dice que aman a su país, tienen voluntad política para sacar en alguito siquiera al judicial de su actual estado deplorable, etc- deberían tener por lo menos el sentido común y una pizquita de dignidad y respeto, para construir un piso mínimo que permita avanzar en lo que les toca ese proceso. ¿Darán la talla o seguirán como de costumbre no más?
Luego vendrá el turno al temible y poderoso soberano. ¿Se repetirá la goleada de la Drita. Blanco Nulo de Pifiado? ¿Otra vez los “elegidos” no tendrán legitimidad por haber perdido las elecciones? ¿Aun así, asumirían funciones? Etc.
Lo peor de todo, insisto en mi postura, es que ese sistema de elección popular de altos cargos es un sistema conceptual y, prácticamente, probadamente fracasado. Por un lado, esos altos cargos deben ser altamente idóneos para el ejercicio de una Ciencia como es el Derecho, pues cierran dando la última palabra el sistema jurisdiccional (constitucional, ordinario, agroambiental y disciplinario) además de administrar y gobernar el Judicial (entre otras cosas, eligiendo a los niveles inferiores), lo que exige no que sean populares, sino idóneos.
Por otro lado, el desempeño que han tenido los perdidosos en las anteriores dos elecciones ha sido sencillamente deplorable (arriba, les recordé algunos ejemplitos de sus “travesuras”) y ha contribuido significativamente al actual desastre de la administración de justicia, que pelea podio en la cola global en cualquier análisis serio de su desempeño.
Empero somos víctimas del cepo constitucional de la CPE ensangrentada de La Calancha y, con todo, no queda otra que al menos por el momento nos resignemos con que en vez de los actuales usurpadores -que hasta se han khaykeado que los medios les llamen por su nombre- sean reemplazados por -ojalá- genuinamente Magistrados electos. ¿Ocurrirá? Amanecerá y veremos, dijo el ciego…
A esta altura del desastre, aunque sea ese sistema fracasado de elección popular resulta deseable como mal menor. Ese es el estado del arte de la justicia en el estado plurinacional. Está ocurriendo aquello de Milton FRIEDMAN: La solución de un gobierno a un problema es normalmente tan mala como el problema en sí mismo y muchas veces hace que el problema empeore.” Y así nos va…
Arturo Yañez Cortes
