El World Justice Project presentó el informe de 23 de octubre del Estado de Derecho de 142 países del mundo en su catorceava edición 2024, en cuyo documento define el Estado de Derecho como un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario que ofrece rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible. Es toda una estructura que debe tener como núcleo proteger los derechos humanos en la multidiversidad de acciones gubernamentales.
Destaca a su vez, que un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Apuntala el desarrollo, la rendición de cuentas de los gobiernos y el registro de los derechos fundamentales, y es base de las comunidades de justicia, salud, oportunidades y paz. Para entender mejor las guerras en Ucrania, El Líbano, Siria, son conflictos que destrozan la humanidad y no hay formas de contenerlos por la participación de las grandes potencias mundiales.
Pocas organizaciones independientes, no partidarias y multidisciplinarias se dedican a trabajar por avanzar el Estado de Derecho en el mundo, el World Justice Project se incluye con mayúsculas entre ellas, por cuanto su objetivo es crear conocimiento, concientizar y estimular la acción para que la justicia deje de ser privilegio de pocos y sea el jardín en que todos los habitantes del planeta puedan acceder a ella.
Desde hace ya una década, los países mejor clasificados en el índice Global del Estado de Derecho predominan los países nórdicos: Se tiene a Dinamarca en el primer puesto (0.90), Noruega en el segundo (0.89), Finlandia en el tercero (0.87) y Suecia en el cuarto (0.86), seguido de Alemania (0.83). En estos países la tendencia es notoria por continuar mejorando sus instituciones, no solo en cuanto al nivel de vida, sino por los esfuerzos en desarrollar programas de acogida para migrantes, refugiados y deportados, proyección solidaria que en parte influyó en el alejamiento de Angela Merkel como Jefa de la Democracia Cristiana de Alemania.
En América Latina y El Caribe los mejores posicionados son: Uruguay en el puesto 24 (0.72) en el índice Global del Estado de Derecho, Costa Rica en el 29 (0.68), Chile en el puesto 36 (0.66) y Argentina en el puesto 63 (0.65).
Aparecen como los países con puntaje más bajo en el ranking mundial: Nicaragua en el puesto 137 (0.34), Haiti en el 139 (0.33) y Venezuela en el puesto 142 (0.26). Se advierte que varios países que forman parte del Grupo BRICS+ como invitados se hallan en los últimos lugares del Índice Global del Estado de Derecho.
Bolivia en el índice Global del Estado de Derecho ocupa el puesto 131 (0.37) en el casillero mundial de 142 países, y a nivel Regional ocupa el 29 de 32 países.
Según la relación de los factores que ha tomado en cuenta el Informe del WJP, se tiene que Bolivia pasa por áreas severamente críticas, el desglose siguiente refleja la erosión del Estado de Derecho:
En el Factor 1, Límites al poder gubernamental en el orden Global registra el puntaje de 126/142 y Regional 30/32; Factor 2, Ausencia de Corrupción Global puntaje 137/142 y Regional 30/32; Factor 3, Gobierno Abierto Global 100/142 y Regional 28/32; Factor 4, Derechos Fundamentales Global 111/142 y Regional 29/32; Factor 5, Orden y Seguridad Global 122/142 y Regional 26/32; Factor 6, Cumplimiento Regulatorio Global 125/142 y Regional 29/32; Factor 7, Justicia Civil puntaje Global 140/142 y Regional 31/32, y Factor 8, Justicia Criminal puntaje Global 141/142 y en América Latina y El Caribe puntaje 31/32.
Los puntajes para Bolivia en los ocho Factores que contiene el Informe del WJP 2024, siguen siendo indicadores que desploman el Estado de Derecho, con altos índices de criminalidad relacionados con: feminicidios, estupro, violaciones a menores de edad, narcotráfico por toneladas, deforestación quemas e incendios provocados y legalizados, ecocidio, invasiones armadas a propiedades titularizadas, tráfico de armas, grupos armados vinculados con el narcotráfico y terrorismo, entre otros. Se agrega la falta de transparencia pública en procesos de autoridades judiciales y fiscal.
Se refleja que el área más crítica de la justicia penal en Bolivia que el WJP posiciona a nivel Global en el penúltimo lugar (141/142) y penúltimo puesto Regional (31/32) a un punto de su padrino el Dictador Maduro de Venezuela, es porque no hay independencia en los órganos judiciales -el poder ejecutivo concentra a todos-, las investigaciones son deficientes, se retrasan o no llegan a juicio, lo que genera impunidad y por ende se socava la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y ministerio público (posesión de nueve Fiscales Departamentales de los cuales 4 son nuevos y 5 ratificados sin concurso público de méritos, idoneidad y capacidad profesional L. 260, art. 33.II, fecha 25-10-24, verbigracia). Las detenciones preventivas, las ampliaciones de estas, suspensiones de audiencias, procesos construidos a opositores sin derecho al juez natural y los derechos del debido proceso en todas sus etapas, marcan el rosario de insuficiencias, obstáculos e inseguridad, obviamente bajo el telos de los magistrados interinos (2010), magistrados de reelección presidencial indefinida como derecho humano (2011-2017) y magistrados autoprorrogados (2018-2024).
El Informe del WJP 2024, destaca que uno de los desafíos de las autoridades judiciales y del gobierno es el control de la corrupción y la mejora transversal en la eficiencia del sistema judicial, aspecto fundamental en la administración pública, si se quiere instalar y consolidar un sistema independiente, justo, igualitario y equitativo en el país.
En definitiva, los datos encienden las alarmas sobre el Estado de Derecho y la justicia penal en Bolivia, todos tenemos que aportar para salir del -hoyo oscuro-, sociedad, organizaciones civiles, instituciones de profesionales, comunidades y partidos políticos, para que unidos se estructure una propuesta que incluya la reforma total de la Constitución 2009, con actores renovados en los órganos e instituciones del Estado que con conocimiento, experiencia y convicción de servicio a la patria enfrenten los desafíos. Recordemos, que el WJP no solo mide el funcionamiento de la justicia, sino que también es un indicador crucial para la seguridad, estabilidad y desarrollo integral de los países.
Luís Enrique Concepción Montiel al describir que la fuente del poder es el pueblo señala: La base de la democracia radica en el pueblo por lo tanto los gobernados deben de exigir que la justicia sea igual para todos y que no se aplique de manera selectiva sobre todo en los casos de corrupción de los mandatarios.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
