Los directores del periódico Página Siete, Isabel Mercado, Raúl Peñaranda, Juan Carlos Salazar y Mery Vaca, dejan escrito: “Contra viento y marea”, nacimiento, auge y cierre de Página Siete, 2024. Se trata de una publicación imprescindible para conocer parte de la historia política reciente y el estado de la libertad de expresión en Bolivia.
Como lo deja establecido en la presentación el escritor Sergio Ramírez, la historia dramática de Pagina Siete ilustra la lucha de los medios de comunicación que en América Latina persisten en informar de manera independiente, con valentía y sin concesiones, a costas de su propia existencia, y no pocas veces de la persecución, la cárcel, el exilio y hasta la vida de los periodistas, como lo vemos repetirse en países como Venezuela, Guatemala, México, Colombia o Nicaragua, donde los trabajadores de prensa resultan víctimas de la represión política, así como de los carteles de la droga y el crimen organizado.
El periódico fue víctima de distintos tipos de acoso: procesos penales; multas de Impuestos Nacionales; visitas permanentes de inspectores del Ministerio del Trabajo; veto al acceso a la información pública, que es un derecho constitucional; asfixia económica, no solo en la forma de no entrega de pauta estatal sino de presionar a empresa privadas para que eviten darle publicidad al periódico; y una desaforada campaña de ataques verbales y digitales orquestada contra sus directores y otros periodistas del diario.
El poder político liquidó a Página Siete, y unos 70 trabajadores quedaron desocupados. El silenciamiento de un periódico no solo afecta al medio, y a los periodistas, sino también a la sociedad porque se priva del necesario pluralismo informativo. La libertad de expresión permite buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
La convención interamericana sobre derechos humanos protege no sólo el derecho a la libertad de expresar sus propias ideas y pensamientos, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole. De ahí porqué cuando se cierra un periódico no sólo es el medio el que resulta afectado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones y compartir ideas en general.
Los derechos a expresarse y a difundir lo expresado están intrínsecamente unidos, de manera que toda limitación o restricción a las posibilidades de transmitir a terceros opiniones o informaciones, constituye una afectación a la libertad de expresión. Esta figura es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, y cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el desarrollo efectivo del proceso democrático. Las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar cualquier medio, obstruye el intercambio libre de ideas, información y opiniones entre las personas.
La libertad de expresión exige, igualmente, transparencia de los actos del gobierno y afianza las instituciones democráticas. La fiscalización al Estado y al gobierno sólo es posible en la medida en que haya libertad de expresión e información. El Estado tiene que dejar de ser una suerte de “caja negra” por la sencilla razón que todos contribuimos con nuestros impuestos a su sostenimiento y en esa dimensión el ciudadano tiene el legítimo derecho de conocer cómo se definen y cómo se ejecutan las políticas públicas.
Todas las personas deben recibir, buscar y difundir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación.
Está clarísimo que, sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.
El autor es jurista y autor de varios libros.
