En agosto de 1985 fue promulgado el Decreto N° 21060, inaugurando un nuevo modelo económico basado en el libre mercado. En una segunda etapa, se implementaron políticas denominadas "reformas de segunda generación", entre las cuales estaba la atracción de inversión extranjera directa (IED).
El Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la política exterior, enfocó sus esfuerzos en captar Inversión Extranjera directa para atraer divisas, ampliar el stock de capital y en última instancia promover el desarrollo económico. Así, durante la década de 1990, se suscribieron 24 Acuerdos Bilaterales de Promoción de Inversiones (TBIs), incluyendo el Convenio del CIADI sobre solución de controversias entre Estados e inversionistas.
El propósito de estos acuerdos fue atraer capitales mediante garantías mutuas, como la no expropiación y el arbitraje internacional. Sus características comunes incluían: resolver disputas en tribunales internacionales, evitar requisitos de desempeño, otorgar trato nacional a inversores extranjeros y extender el principio de nación más favorecida.
El 1 de mayo del 2006, Evo Morales inició una política de “nacionalización”. La justificación, según ellos, fue la necesidad de recuperar la soberanía económica de los recursos naturales. Asi, se tomó el control de YPFB, Entel, las Administradores de los Fondos de Pensiones AFPs, entre otras muchas más.
La reforma constitucional de 2009 incorporó el supuesto “modelo soberano de administración de nuestros recursos”. Fueron incluidos los artículos 320 y 366 que determinan que la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera y que toda inversión extranjera estará sometida a la soberanía del Estado, haciendo especial énfasis al sometimiento a la jurisdicción boliviana.
Adicionalmente, la Disposición Transitoria Novena ordenó renegociar o denunciar tratados contrarios a la nueva Constitución. Al ser los TBI s contrarios con el modelo soberano de administración de recursos, los 24 fueron denunciados.
En sustitución de los TBIs el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas diseñaron un nuevo modelo de instrumento internacional sobre promoción de inversiones extranjeras, denominado “Acuerdo de Inversiones para el Desarrollo”, que según información divulgada, tocaban “aspectos como seguridad de inversiones, respeto, equidad y no discriminación entre las partes, promoción y facilitación de inversiones, transparencia y lucha contra la corrupción entre otros”.
De la propuesta nada se sabe y no hubo ni un solo acuerdo suscrito. Intuyo que la propuesta duerme el sueño de los justos en algún escritorio de Cancillería.
La política de nacionalización impulsada desde 2006, bajo el discurso de recuperar la soberanía, solo logró reivindicar simbólicamente el dominio estatal sobre algunos sectores estratégicos. En contra parte los costos fueron severos, ya que no solo expuso al país a millonarias demandas – que hasta la fecha alcanzan un costo cercano a los $us 1.000 millones, que se debe pagar, emergente de 13 arbitrajes - sino que además alejó a los capitales extranjeros y convirtió a empresas públicas en botines políticos, sacrificando eficiencia y meritocracia en nombre de la ideología. Ejemplo claro es el colapso de la renta petrolera, que pasó de USD 4.500 millones en 2014 a USD 1.200 millones en 2023.
El resultado final es un modelo que, aunque soberano en el papel, ha debilitado la capacidad productiva y perpetuado la dependencia de recursos no renovables, sin resolver problemas estructurales como hacer frente a un verdadero desarrollo con un bajo ahorro interno que pueda convertirse en inversión, cuando además se han cerrado las puertas a la inversión extranjera directa
Bolivia enfrenta hoy un desafío urgente es el de conciliar su aspiración soberana de uso de sus recursos naturales en su beneficio con la necesidad de inversión extranjera para superar el subdesarrollo. La experiencia de las últimas décadas demuestra que ni el neoliberalismo de los 90 - con su dependencia acrítica de capitales externos -ni el estatismo rígido posterior- con su desprecio por las reglas del comercio global - ofrecen soluciones integrales. Es imperativo construir un marco jurídico equilibrado que, sin renunciar al control estratégico de los recursos naturales, garantice seguridad jurídica a los inversores y evite el aislamiento financiero.
Esto implica negociar tratados modernos que prioricen transferencia tecnológica, generación de empleo local y protección ambiental. Además del fortalecimiento institucional para evitar la corrupción. Solo así se podrá atraer capitales sin repetir los errores del pasado, una soberanía vacía de resultados, o una apertura que hipoteque el futuro.
La verdadera soberanía no se reduce a un acto simbólico de expulsar capitales extranjeros o estatizar empresas, sino que se fundamenta en la capacidad de un Estado para negociar desde una posición de fortaleza institucional, técnica y estratégica. Esto implica reconocer que, en un mundo globalizado, la interdependencia económica no es una amenaza a la autonomía, sino un escenario donde la soberanía se ejerce mediante acuerdos que equilibren intereses nacionales con las demandas de la inversión internacional, tarea que debe cumplir una diplomacia económica técnica y pragmática.
Windsor Hernani Limarino es economista y diplomático
