En las redes sociales los ciudadanos paceños se preguntaron:
“Hay algo que no entiendo. Todos los meses pago una tasa de aseo municipal en la factura de electricidad.
Entonces el dinero para el recojo de basura debería estar asegurado, la alcaldía es solo un agente de retención.
¿Por qué no hay presupuesto?”
La prensa digital registro la siguiente información:
“……la deuda con la empresa de recojo de desechos llega a 56 millones de bolivianos y que al finalizar abril serán 70 millones de bolivianos.
Con la Empresa Municipal de Vías y Asfaltos (Emavías) existe una deuda de Bs 60 millones; Emaverde, Bs 3 millones; la Empresa Municipal de Maquinaria, a la que se adeuda Bs 24 millones, y a la proveedora de diésel, cuyo monto de deuda llega a los Bs 10 millones.
“Existen muchas otras, como una de 120 millones de bolivianos a empresas y proveedores privados, y cientos de millones adicionales a empresas municipales”
“……. la situación económica del municipio es preocupante porque existe un déficit que llega a Bs 500 millones”
Lo que acontece con la deuda pública en el municipio de La Paz es “La Punta del Iceberg” que posiblemente se replica en las gobernaciones departamentales y resto de municipios del país.
El ciudadano con poca información pública y nada fácil de comprender, el tiempo en contra, la acumulación de la basura en las calles, en plena pandemia del COVID19 y desilusionado ante la realidad económica exige una solución inmediata.
La autoridad saliente y la autoridad recientemente elegida de la alcaldía que asumió sus funciones el 3 de mayo intercambian declaraciones públicas que no resuelven el pago de la deuda pública atrasada varios meses por el recojo de la basura, sin embargo, logran un acuerdo con los trabajadores de “La Paz Limpia debe cancelar en cuotas”.
Los paceños pagan sus impuestos, tasas y derechos administrativos y por reciprocidad tributaria la alcaldía tiene que ofrecer bienes públicos y prestación de servicios públicos, asimismo, la tasa de aseo municipal es cobrado en la factura de consumo de energía eléctrica que no cubre el cien por ciento del servicio porque tiene una subvención del municipio.
¿Qué está sucediendo?
El COVID19 ocasiono una crisis sistémica de economía de guerra, porque impacta a la demanda, a la oferta y a la cadena de valor del país, entendiendo por tal hecho que afecta a los agentes económicos (Gobierno, Hogares, Empresas) en la liquidez (dinero en efectivo).
Para enfrentar la pandemia del “Corona Virus-COVID19, el agente económico “Gobierno” diseño, programo y ejecuto una política económica destinada a proteger la vida de los bolivianos, aprobando la cuarentena rígida y luego la cuarentena dinámica.
Las medidas económicas aprobadas durante el 2020, para enfrentar la emergencia sanitaria fueron iniciativas destinadas a otorgar liquidez (efectivo) y descuentos (subsidios) directos a la población, con la finalidad de mantener la cadena de pagos en el flujo circular de la economía y continué realizándose las transacciones económicas internas y externas, buscando suavizar la paralización de las actividades económicas a través de impulsos fiscales la demanda que no fue suficiente y aun se siente sus efectos negativos.
Es decir, las familias, empresas públicas y privadas, el Tesoro General de la Nación y el resto de instituciones públicas no cuentan con suficiente liquidez para pagar sus obligaciones contraídas hasta la actualidad.
¿Es reciente el problema?
La respuesta es no, porque la gestión gubernamental del expresidente Morales durante 14 años continuos, ya dejó un elevado déficit fiscal y una estructura del gasto público elevado y costosa para el Tesoro General de la Nación (TGN). Las empresas públicas registraron elevado déficit fiscal, a pesar de haber concluido ya su puesta en marcha y la gran mayoría aún no genera ingresos suficientes, menos aún utilidades.
Al finalizar la bonanza económica, para contener la desaceleración que se observa en la economía ya desde 2013, continuo con la expansión del gasto fiscal financiado con desahorro público, deuda pública interna y externa, lo que dejaba al sistema financiero y al sector privado con los recursos disminuidos para financiar proyectos de inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo.
La política fiscal es la más política de las políticas macroeconómicas Involucra la capacidad de disciplinarse ante necesidades múltiples y numerosos beneficiarios y grupos de interés frente a recursos públicos limitados. La política fiscal es tal vez el mejor exponente de la capacidad de gobernabilidad del sistema económico social. Solo con muy buenas instituciones y reglas del juego transparentes la política fiscal se convierte en un instrumento de política macroeconómica.
¿Qué se hizo?
Recurrir al endeudamiento tradicional de crédito externo e interno y además utilizar la “Deuda Flotante” (DF), una innovación fiscal como una nueva fuente de financiamiento adicional del gasto público en el presupuesto.
La DF se denomina a todos aquellos comprobantes de gasto devengados no pagados con presupuesto asignado el organismo financiador y fuente de financiamiento el Tesoro General de la Nación (TGN), y otros que a fin de cada período fiscal se procede a clasificar estos comprobantes de gastos públicos devengados no pagados que serán incorporados en el presupuesto de la siguiente gestión fiscal, para su pago (ver gráfico Nº 1). Esta deuda flotante es una forma de financiamiento del sector privado al sector público que afecta al balance fiscal.
En otras palabras, son los gastos realizados por las instituciones públicas que no cancelaron al sector privado e instituciones públicas hasta el 31 de diciembre una gestión fiscal y tienen que incorporarse en el Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión en la partida de gasto “Deuda MFlotante”, para ser cancelado en los primeros meses.
Para el control del gasto público es de vital importancia el flujo de caja (efectivo disponible), para la ejecución presupuestaria y disminuir el monto de la deuda flotante.
Las necesidades de gasto público son inmensas respecto a la disponibilidad de su pago porque son escasos y limitados los recursos en efectivo disponible.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector de la política fiscal racionaliza y resuelve el problema de la diferencia entre las necesidades de gasto (NG) y la disponibilidad de liquidez (DL).
La política fiscal óptima es el uso de los recursos públicos generados en períodos de superávit fiscal para pagar la deuda pública.
El superávit fiscal no garantiza per se el crecimiento económico; para que la economía crezca se necesitan inversiones de calidad y para atraer al país crear incentivos, reglas claras y seguridad jurídica, además, es necesario no sólo que las cuentas públicas estén equilibradas, sino también que el monto y la calidad del gasto público sean adecuados.
La deuda flotante de una gestión es un financiamiento que alivia el flujo de caja de la tesorería temporalmente porque en la siguiente gestión repercute desfavorablemente en los ingresos en efectivo, porque durante el primer trimestre de la siguiente gestión se paga dicha obligación y disminuye el disponible del Tesoro General de la Nación, para honrar las nuevas obligaciones en que incurre.
¿Cómo proceder ante la “Deuda Flotante?
Se resuelve honrando dicha obligación por parte de las instituciones públicas deudoras a sus acreedores privados y público para que estos a su vez cancelen sus planillas de salarios, créditos bancarios y otros gastos que están atrasados en su pago. Cumpliendo con el proceso de pago de la DF se lograría la normalización de la cadena de pago del flujo financiero de la economía boliviana en sus sectores monetario y real. Asimismo, dinamizaría los mercados de: bienes y servicios, y de factores de producción que permitiría el incremento en la recaudación de impuestos para el financiamiento del gasto público.
¿Dónde conseguir los recursos públicos?
Es otro problema económico que requiere ser analizado exhaustivamente.
Germán Molina Diaz es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y docente en la UCB.
