Las calificadoras de riesgo, organismos multilaterales, organismos bilaterales, banca internacional y también los ciudadanos bolivianos son usuarios de la información económica, social, medio ambiente y política de nuestro país, para la toma de decisiones en todos los ámbitos de la economía de un país.
Si existe demora en la publicación de los datos económicos de un país , como viene sucediendo en Bolivia con la información estadística semanal de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia, la memoria de la economía boliviana 2022 y otras publicaciones, genera incertidumbre, desconfianza y disminución de la credibilidad sobre el estado de la economía boliviana y es uno de los factores determinantes que baja la calificación crediticia de nuestro país ante los potenciales inversionistas internacionales.
Otro factor no favorable es cuando el partido político en función de gobierno emite mensajes contradictorios, sobre el desenvolvimiento de la economía de que unos dicen está bien y otros dicen que está mal, además se prioriza la ideología ante los principios y fundamentos económicos en el diseño y aprobación de la política económica, que también podría ocasionar bajar la calificación del país por parte de las calificadoras de riesgo.
Las protestas ciudadanas de diversos sectores en las calles porque no son atendidas la solución de sus problemas económicos por la administración gubernamental, también afecta la economía y desalienta a los inversionistas nacionales y extranjeros para nuevas inversiones y creación de empleo.
Todos estos hechos y otros son conocidos en tiempo real a nivel mundial, porque estamos viviendo la cuarta revolución industrial de la economía digital y robotización e impacta negativamente sobre el estado de la economía boliviana, que las calificadoras de riesgo recogen toda esta información y otras, para emitir su informe sobre Bolivia y otorgar la calificación de riesgo país a la baja.
Bolivia ya tuvo una experiencia de calificación de riesgo país a la baja el miércoles 30 de septiembre del 2021 cuando la calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Bolivia a B de B + y revisó la perspectiva de calificación de estable a negativa. Según la calificadora, la rebaja refleja: “... un deterioro en las perspectivas de crecimiento y las finanzas públicas del país que vive aguda tensión política”, informe que afecto la 5ta.emisión de los bonos soberanos el 2022 por un monto de $US 2.000 millones que no se logró colocar el total, sino sólo $US 850 millones y a una tasa de interés elevada de 7,5% respecto a las anteriores emisiones.
La programación de la 6ta. emisión de bonos soberanos por $US 2.000 millones para financiar el Presupuesto General del Estado 2023 con dos informes de calificadoras de riesgo de marzo 2023 que bajan la calificación crediticia de nuestro país, indicando que la continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos las ha vuelto vulnerables al riesgo de un shock de confianza, aumenta la probabilidad de que no se concretaría la nueva colocación de los bonos y entonces afectaría la ejecución de la inversión pública y el crecimiento económico del país (ver cuadro 1).
La narrativa sobre el desenvolvimiento económico del país desde el 2006 hasta el 2023 se destaca dos períodos fiscales. El primero durante el período 2006-2013 conto con ingresos permanentes y transitorios elevados favorecidos por un contexto externo favorable por la elevación de los precios internacionales de los productos que exporta nuestro país y elevadas recaudaciones de ingresos fiscales que fueron mayores a los elevados gastos fiscales resultando en superávit fiscal y además financiado por los desembolsos de crédito externo provenientes de: Organismos Multilaterales, Organismos Bilaterales particularmente China, emisión de bonos soberanos, destinado a la inversión pública y a la lucha contra el COVID-19, y continuaron contrayendo deuda flotante que se justificaba en el pasado por los déficits fiscales difíciles de revertir.
En el segundo período los elevados gastos fiscales fueron mantenidos y financiado con los ingresos permanentes y sin los ingresos transitorios porque finalizo la bonanza económica y se volvió a los déficits fiscales desde el 2014-2023, brecha fiscal que son financiados con crédito externo e interno.
Por lo mencionado anteriormente, los informes de las calificadoras de riesgo ajustan a la baja la calificación de riesgo del país porque conocen el nivel, tendencia y estructura de las variables económicas del país y en la presente gestión tiene impacto directo en el Presupuesto General del Estado 2023 en su componente de la inversión pública que no contaría con financiamiento proveniente del crédito externo y afectaría el crecimiento económico durante la presente gestión.
Hasta la actualidad la economía boliviana aún mantiene los problemas estructurales de: mercado interno pequeño; elevado sector informal; base tributaria que no incorpora a los cooperativistas mineros, cocaleros, gremialistas; economía rentista dependiente de la explotación de recursos naturales no renovables, centralista y protagonismo del Estado en todos los ámbitos de la economía.
Es decir, en nuestra economía el sector público aumenta su protagonismo en todos los sectores económicos, sin embargo, no logra aún cubrir todos sus gastos con sus propios ingresos incluido los destinados a la inversión pública, por lo tanto, continuaremos siendo demandantes de crédito externo.
Si no se logra cubrir con los ingresos genuinos el gasto público y se quiere sustituir la utilización del crédito externo, para cerrar la brecha fiscal con otro ingreso se tiene que recurrir a los inversionistas privados otorgándoles un clima favorable, incentivos fiscales, institucionalidad, justicia y libertad económica, para que traigan al país divisas, tecnología y creación de empleo. Otra opción es por el lado del gasto público, reduciendo el gasto corriente flexible y de capital asignando a proyectos de inversión pública eficiente con tasas de retorno asegurados. Otra medida consiste en utilizar una combinación de ajuste de los ingresos y del gasto público señalado anteriormente.
Para realizar todo lo mencionado anteriormente, se tiene que diseñar e implementar una política económica a reestablecer los equilibrios interno y externo del país, que en el corto plazo significa un elevado costo social y lograr un beneficio social en el mediano plazo para toda la sociedad, según leyes y principios económicos, para lograr un crecimiento económico sostenible.
Las calificadoras de crédito o también llamadas calificadoras de riesgo, tienen el objetivo de emitir calificaciones, a los productos financieros y a las economías a nivel internacional. Valoran el riesgo de impago y las condiciones de solvencia de un emisor de préstamos, a través de diferentes variables económicas de las economías de diferentes países, señalados anteriormente.
Cada agencia calificadora tiene su propia nomenclatura, las calificaciones se expresan con letras que van desde la AAA para las más altas, hasta D para las más bajas. Entre más alta sea la calificación de un producto o una economía se tendrá más confianza y cuanto más baja sea la calificación de un producto o una economía se tendrá menos confianza, por lo que suele ser un factor importante en los mercados al momento de tomar una decisión de inversión en un país.
Las importantes calificadoras de riesgo que emiten informes periódicos sobre las economías como Fitch Ratings, Moodýs y Standard and Poors, cuando las calificaciones bajan de un país como sucedió recientemente con Bolivia en marzo del 2023, según el informe de la calificadora Fitch Ratings que ajusto su calificación de riesgo de B a B-, y también Moodýs, ajusto su calificación de riesgo de B2 a Caa1, y la calificadora Estándar and Poors mantuvo la calificación de riesgo en B, significa que la confianza depositada en nuestra economía se ve afectada ante los inversionistas internacionales, para que demanden una nueva emisión de nuestros bonos soberanos durante el 2023, asimismo, los emitidos anteriormente su cotización están a la baja en el mercado internacional por las expectativas desfavorables de los inversionistas que el país honre la fe del Estado en el pago del capital invertido y los intereses en las fechas de vencimiento establecidos.
Germán Molina Diaz es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB
