El destape del caso del asesino serial y feminicida, Richard Choque, quien campeaba libremente a pesar de tener una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, situación que estuvo acompañada por la complicidad y acción delincuencial de la propia administración de justicia (ex juez Rafael Alcón, quien le otorgó detención domiciliaria), nuevamente vuelve a destapar la cloaca mal oliente y nauseabunda en la cual se desarrolla a diario el sistema judicial nacional.
Una vez más con este hecho lacerante que indigna a la sociedad en su conjunto, el Órgano perJudicial no hace más que tocar fondo nuevamente de las muchas que ya tocó. La labor de los/las administradores de justicia está tan desprestigiada y poco creíble por parte de la sociedad civil que no hace otra cosa qué preguntarse: ¿cuándo tendremos jueces/zas probo/as en los que se pueda creer de verdad en una justicia transparente e idónea.
Hace años se implementó la figura jurídica del Juez Ciudadano que, si bien se tomó en ese entonces como algo innovador dentro de la administración de justicia especialmente en el área penal, cuyo objetivo fue el de acercar la justicia al pueblo para que el mismo sea como un control social hacia los jueces técnicos dentro del debido proceso. Como era de esperar, no resultando nada grato e incómodo para estos últimos, de a poco se encargaron de hacer dejar sin efecto dicha innovación que tal vez sí se institucionalizaba otro sería el cantar de la justicia en el país.
La implementación del Juez Ciudadano en ese entonces no tuvo la debida fuerza y socialización para que sea acogida en su integridad por la población. Craso error que se cometió. Tampoco se le dio la verdadera importancia que jugaban los ciudadanos que eran nombrados mediante sorteo de listas que otorgaba el ahora Servicio de Registro Civil (SERECI) dependiente del Órgano Electoral al entonces Poder Judicial, para conformar un jurado que administre justicia en un proceso penal. Debió estar compuesto por tres jueces ciudadanos y dos jueces técnicos pero la trampa estaba en que al firmar la sentencia para que tenga su efecto jurídico solo firmaban los jueces técnicos y no los jueces ciudadanos.
Ahora que nuevamente tanto se habla de reformar la justicia, por qué no se vuelve a recobrar e implementar la figura del Juez Ciudadano. Esta vez dando mayor fuerza en su participación y decisión en las sentencias judiciales del área penal en la que su firma tenga el mismo nivel jerárquico que de los jueces técnicos que conformen un jurado. Eso evitará en mucho con lo ocurrido en el caso de Richard Choque y demás casos similares que se están destapando de a poco y que ponen en una situación de inseguridad jurídica a toda la sociedad boliviana.
Ahora muchas y muchos se preguntarán: ¿cómo nombrar a esos jueces ciudadanos? o ¿cualquier persona podrá ser nombrado Juez Ciudadano? Para el nombramiento de un Juez Ciudadano por supuesto que la persona deberá tener un mínimo de formación académica (mínimo egresado en cualquier rama del conocimiento). Aquí la sociedad civil deberá jugar un rol importante mediante los diferentes colegios de profesionales (economistas, administradores de empresas, sociólogos, arquitectos, periodistas o comunicadores sociales, ingenieros entre otros), dotando el listado de todos sus afiliados para que a través de un sorteo mediante la conformación de una institución imparcial, se pueda proceder a la selección de tres jueces ciudadanos, más dos jueces técnicos ya designados mediante concurso de méritos para que se conforme un jurado que dicte sentencia sobre un determinado caso en el área penal. En esto también las juntas vecinales de cada barrio deberán jugar un papel destacado en dotar listas de sus vecinos que tengan un mínimo de formación de egresados en cualquier profesión con las que se cuenta.
A eso, surgirá otra pregunta: ¿estos Jueces Ciudadanos, trabajarán de forma gratuita? Por su puesto que no. Aquí debe haber dos salidas: o al Órgano Judicial le aumentan su presupuesto general que no llega ni al uno por ciento o debe existir un compromiso serio de todos los estamentos de la sociedad civil en general en coordinación con dicho Órgano para que realicen las gestiones del caso para recurrir a entes internacionales para su financiamiento respectivo. En esto cabe destacar que, la reforma a la justicia no solo es un tema de magistrados, vocales, jueces o abogados, es un tema transversal en el que debe participar toda la sociedad civil.
Sí de verdad se quiere cambiar la justicia en el país, se debe dar este tipo de acciones. Caso contrario todo serán especulaciones y promesas lanzadas al viento que no tendrán ningún efecto positivo para dar ese paso cualitativo. Como ya dije en anteriores columnas de opinión, el verdadero cambio del ahora Órgano perJudicial está en sus recursos humanos y no en modificar los nombres de las instituciones que la componen y que buena oportunidad de la llegada del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), David García-Sayán, para que sepa que la población boliviana ya no cree en el desempeño idóneo, transparente y ético de los administradores técnicos de justicia.
Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta es comunicador social
