Hace 50 años, Chile fue desgarrado por un golpe de Estado. Décadas de transformaciones sociales y de avances democráticos fueron interrumpidas por el despliegue armado que en la madrugada del 11 de septiembre se extendió desde Valparaíso hacia todo Chile. El bombardeo del Palacio de La Moneda se convertiría en el preámbulo de una represión que como país no habíamos conocido, pero cuyo mensaje era explícito: quienes tenían el control de la fuerza bruta podían dar por terminada la democracia y las libertades que ella garantiza, relata la exmandataria Michelle Bachelet.
El 11 de septiembre de 1973, se recuerda el golpe de estado que dieron las fuerzas armadas de Chile en contra del gobierno de la Unidad Popular del socialista Salvador Allende, y arrancó la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet, con 3.200 personas ejecutadas o hechas desaparecer (de ellas, más de mil no se han encontrado).
El Palacio de la Moneda fue bombardeo por la Fuerza Aérea y tomado por el Ejército tras un combate desigual que se prolongó durante varias horas y al final del cual el presidente Salvador Allende se había suicidado. Los ministros y otros altos funcionarios del gobierno, así como los parlamentarios y dirigentes de los partidos de izquierda estaban prisioneros, en la clandestinidad o asilados en embajadas; miles de militantes y simpatizantes de esos partidos abarrotaban estadios y otros recintos convertidos en campos de prisioneros, donde serían sometidos sistemáticamente a torturas y vejámenes; cientos ya habían muerto bajo las balas que rubricaban la amenaza que la Junta lanzara desde los primeros momentos del golpe respecto a que quienes lo resistieran serían reprimidos sin contemplaciones. La declaración de todo el territorio nacional en Estado de Sitio y la aplicación del Código de Justicia Militar en tiempos de guerra otorgaba la cobertura para la ejecución de estos actos.
La dictadura militar ordenó la clausura del Congreso Nacional y la quema de los registros electorales, la prohibición de la actividad de todos los partidos políticos, el control de los medios de comunicación y la supresión de la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. También se reemplazó por generales o almirantes a los rectores de las universidades estatales, católicas y privadas. Se impusieron severas restricciones a las libertades y derechos de las personas. La Junta Militar, comandada por Augusto Pinochet, se atribuyó las facultades y atribuciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y constituyente, en el marco de un imaginario estado de guerra, y una violencia sistemática.
Los militares impusieron un verdadero terrorismo de Estado: un proyecto sistemático, orientado a destruir todo un modo de vida política y social democrática profundamente arraigado en la historia de las pasadas décadas, para instalar, en los años siguientes, sobre el miedo y la fragmentación, un orden autoritario y excluyente.
La violencia del golpe se impuso desde el 11 de septiembre de 1973, y han instalado, a lo largo de estos cincuenta años, la idea de que este acontecimiento constituye el hito fundacional de la actual sociedad chilena, lo que implica afirmar que el éxito de los golpistas fue total y se ha extendido hasta hoy, a pesar de que la dictadura terminó hace 33 años, y el orden constitucional heredado del régimen militar fue modificado sustancialmente hace 18 años, según la prensa internacional.
Todos esos esfuerzos, junto a muchos otros desplegados desde entonces y por largos años, convirtieron a los pocos miles de opositores activos de 1973 en los millones de ciudadanos y ciudadanas que 10 años después se levantarían en sucesivas protestas contra la dictadura, que luego derrotarían al dictador en un plebiscito y velarían por el respeto de cada uno de sus votos, y que desde 1990 a la actualidad han hecho posible el progreso democrático, pese a todas las trabas impuestas por enclaves y legados autoritarios que han sido difíciles y lentos de remover. Y han permitido, hasta ahora, poner un freno a las tentaciones autoritarias emergentes ante nuevas crisis y conflictos que han azotado a la democracia chilena.
El autor es jurista y autor de varios libros
