La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el siglo XX a mediados de 1969 puso en vigor la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) a objeto de satisfacer la necesidad, cuando esta surja, de complementar los activos de reservas existentes.
Los objetivos principales que se lograrían con la utilización de los DEG son los siguientes:
a. La expansión del comercio internacional, la actividad económica y el desarrollo;
b. El fomento de los pagos multilaterales y la eliminación de las restricciones;
c. El fomento de la estabilidad cambiaria y los ajustes ordenados de los tipos de cambio;
d. La corrección de los desajustes de pagos y la reducción de los desequilibrios de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional;
e. Evitar que ocurran en el mundo situaciones tanto de estancamiento económico y deflación como demanda excesiva e inflación.
Los DEG son útiles en las finanzas internacionales porque se constituye como un activo de reserva respecto a otros mediante operaciones a través de la Cuenta General del Fondo.
Únicamente pueden poseerlos organismos oficiales, como los bancos centrales que actúen en nombre de países miembros del FMI que participen en el sistema.
Otras dos limitaciones de los DEG son: la primera que solamente pueden poseer DEG los gobiernos, la Cuenta General del Fondo y, eventualmente, un grupo reducido de instituciones oficiales y segundo que las transacciones entre los participantes están limitadas al cambio de DEG por moneda.
Por lo tanto, los DEG son activos de reserva y tienen dos dimensiones de dinero y crédito, sin embargo, no pueden empleárselos para efectuar directamente pagos que no estén dentro del régimen de designación que se halla a cargo del FMI, así como a proporcionar moneda convertible a cambio de ellos.
Los DEG la unidad de cambio del FMI está respaldada por las siguientes monedas: dólares, yenes, euros, libras esterlinas y yuanes.
El uso de los DEG se asemeja bastante al de un complemento de los activos de reserva existentes, por cuanto presupone la existencia de otros activos de reserva que han de utilizarse para efectuar transacciones en las cuales no pueden mediar los DEG.
Nuestro país cuenta con los DEG que es un componente más del total de las Reservas Internacionales (RI) como parte de la cuenta 2 Tramo de Inversión que pertenece a las Reservas Monetarias Internacionales que para el 31/12/19 alcanzo $US231,1 millones con una participación de 3,6 por ciento y para el 31/12/20 fue de $US239,1 millones y un 4,6 por ciento de participación (ver cuadro 1).
Durante la gestión 2020, para enfrentar la pandemia del COVID19, la disyuntiva de ortodoxia versus heterodoxia, es sustituida por basar la política económica en la realidad económica, social, política, cultural y psicológica utilizando el cajón de herramientas económicas disponible y no depender de las canciones de cuna de la mano invisible o del papá Estado.
La herencia fiscal dejada por el ex presidente Morales (2006-2019): 8 años (2006-2013) superávit fiscal acumulado de 14,5 % respecto al PIB, 6 años (2014-2019) déficit fiscal acumulado de 46,8 % al PIB y neto un déficit fiscal acumulado de 32,3 % respecto al PIB, que continuó aumentando el desbalance fiscal durante la gestión gubernamental de la Sra. Añez y sigue en la actual Presidencia del Sr. Luis Arce que significa que la economía boliviana no tiene espacio fiscal para estímulos fiscales.
La tendencia del déficit fiscal global es creciente y la tasa de crecimiento económico real del PIB es decreciente por la amenaza del COVID-19 y la paralización de la actividad económica por la declaratoria de la cuarentena de toda la población (22 de marzo hasta el 30 de abril), que fueron 40 días de paralización obligatoria de las actividades económicas afectando desfavorablemente el crecimiento económico del país.
Las medidas económicas aprobadas durante el primer cuatrimestre 2020 para enfrentar la emergencia sanitaria fueron iniciativas destinadas a otorgar efectivo y descuentos (subsidios) directos a la población, con la finalidad de mantener la cadena de pagos en el flujo circular de la economía y continué realizándose las transacciones económicas internas y externas, buscando suavizar la paralización de las actividades económicas a través de impulsos fiscales hacia la demanda y la oferta.
A partir de noviembre del 2020 inicio la gestión gubernamental del Presidente Luis Arce (2020-2025) que restableció su política económica de focalizar ingresos elevados de los agentes económicos e imponer un impuesto, aumentar el gasto en inversión pública, utilizar financiamiento interno y externo para cubrir los desbalances fiscales, políticas de redistribución del ingreso y algunas medidas de apoyo a la oferta de acuerdo a las exigencias del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
El principal objetivo de una política económica no convencional en un contexto de economía de guerra contra un enemigo invisible el COVID 19 consiste en inyectar recursos al mercado interno con la dotación de bonos a los sectores sociales más vulnerables, además de garantizar la liquidez del sistema financiero. Una vez que pase la emergencia sanitaria del COVID-19, recién se tendría que mejorar la calidad del gasto fiscal, inversión pública e implementar reformas fiscales para reactivar la inversión privada, crear empleos formales de calidad, y proteger de manera sostenible a los segmentos vulnerables de la población.
Los organismos financiadores internacionales en marzo 2020 determinaron poner a disposición de los países, líneas de crédito para el COVID19, que incrementa la oferta de crédito.
El FMI oferto diferentes facilidades de préstamo y desembolso rápido de crédito de emergencia, que podría ascender a $US50 mil millones para mercados emergentes y de bajos ingresos. De estos, $US10 mil millones están disponibles a una tasa de interés cero por ciento, para los miembros más pobres. De la misma manera el resto de organismos internacionales de financiamiento colocaron sus carteras de crédito con facilidades destinado a enfrentar la pandemia del COVID 19.
Fue una oportunidad para los países y en especial para Bolivia solicitar de forma inmediata los recursos para fortalecer el sector salud.
Bolivia remitió notas a: FMI, BM, BID, CAF y FONPLATA, para solicitar créditos que ayuden a enfrentar la pandemia del COVID-19.
Con el FMI cada país puede acceder hasta el monto de su cuota suscrita sin condicionamiento por la emergencia.
En un comunicado del organismo financiero internacional señalo: El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia, por 320 millones de dólares, en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para ayudar al país a enfrentar las necesidades de balanza de pagos derivada de la COVID-19, respaldar los gastos médicos necesarios y medidas de ayuda para proteger el bienestar de la población”.
La asistencia financiera aprobado de 320 millones de dólares, corresponde a la cuota que tiene Bolivia en el Fondo Monetario Internacional, que es el 100% del valor, para apoyo presupuestario y todo lo que se refiere a la atención del coronavirus que no tiene ninguna condición previa.
Durante la gestión 2021 Bolivia decidió devolver los 320 millones de dólares más intereses, comisiones y variación de cotización de la canasta de monedas que conforma los DEG al FMI.
Una última decisión del FMI aprobada durante la primera semana de agosto del 2021 dispuso que entre en vigor el próximo 23 de agosto, 550.000 millones de Derechos Especiales de Giro que serán repartidos entre los países miembros de acuerdo con sus participaciones de cuota existentes en dicho organismo internacional. La asignación duplica el aporte que ofreció la institución a los países miembros tras la crisis financiera de 2009.
La medida está dirigida a enfrentar la crisis sanitaria producida por la pandemia del coronavirus que ha traído consigo el mayor hundimiento de la economía mundial y con la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) se busca apuntalar la liquidez mundial fomentando la resiliencia y estabilidad de la economía mundial.
Nuestro país se beneficiaría con el aumento de los DEG que son activos de reserva y tienen dos dimensiones: de dinero y crédito que se asemeja bastante al de un complemento de los activos de reserva existentes, es decir, aumentaría el stock de las reservas internacionales, sin embargo, no pueden empleárselos para efectuar directamente pagos que no estén dentro del régimen de designación que se halla a cargo del FMI, así como a proporcionar moneda convertible a cambio de ellos.
Germán Molina Diaz es economista, Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, investigador, docente de la Universidad Católica de Bolivia
