La elección popular de las principales autoridades judiciales ha supuesto un retroceso histórico o, si se quiere, el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Esta modalidad ha echado por la borda la meritocracia y la cualificación del Órgano Judicial, que son las condiciones básicas para tener un sistema de justicia independiente, eficiente, moderna, predecible y transparente. Pero si se quiere cambiar el actual estado de cosas, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que evitar los errores cometidos en los procesos de 2011 y 2017, donde prevaleció la afinidad política y estamos como estamos.
La prueba del fracaso es que en estos 15 años no se han resueltos los problemas estructurales del Órgano Judicial. Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) quieren autoridades judiciales funcionales a sus intereses políticos: buscar como eternizarse en el poder y judicializar la política y detener a los opositores políticos. El MAS no ha tenido reparo alguno en replicar —las veces que ha sido necesario— las viejas prácticas “neoliberales” que tanto criticaba, esto es, la aplanadora ha funcionado a la perfección cuando han tenido que preseleccionar a los candidatos.
Como lo hemos advertido en esta columna, la alta politización de las elecciones judiciales no sólo ha terminado afectando a la legitimidad y credibilidad de los elegidos sino también ha sido determinante para la independencia del Órgano judicial en su conjunto. En este proceso electoral tampoco se podrá hacer campaña y confrontar ideas, que son condiciones básicas de todo proceso eleccionario. Esta prohibición absoluta, busca nada menos que “garantizar” una “elección sin campaña o propaganda electoral” y así poder elegir “autoridades independientes e imparciales, sin injerencia política partidaria, económica o de otra índole”. El único que hizo campaña con la maquinaria del Estado y del gobierno (en las elecciones de 2011 y 2017) fue Evo Morales, y además profetizaba el triunfo de sus candidatas y candidatos.
El poder judicial tiene que ser independiente, imparcial y blindado a las influencias internas y externas, capaz de garantizar los valores democráticos, los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, etc. De ahí porqué la Asamblea Legislativa Plurinacional debe seleccionar y designar a las magistradas y magistrados privilegiando la meritogracia y las capacidades profesionales. Tales procesos deben establecer criterios objetivos de selección y designación que tengan requisitos y procedimientos previsibles para todas las personas que deseen participar. Y debe asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación adecuada de género, de los grupos étnicos y de las minorías en la conformación de las principales autoridades judiciales.
La Corte IDH considera que los concursos públicos de oposición y de mérito que prevean métodos, como los exámenes, permiten evaluar objetivamente y calificar la capacidad profesional y los méritos de las candidatas y candidatos a los cargos. También la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados tuvieran la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo.
Los representantes nacionales tienen que hacer los esfuerzos que sean necesarios para salvar al sistema judicial. El poder judicial necesita de una verdadera reingeniería institucional, de modo que se pueda identificar los problemas estructurales, proponer soluciones y terminar con este desmadre judicial. Otro de los grandes desafíos será buscar cómo revertir la pérdida de confianza y credibilidad, la falta de oralidad en todos los procesos, la falta de recursos económicos y, sobre todo, cambiar los viejos paradigmas judiciales. Todos estos problemas deben diagnosticarse y reconocerse para comenzar un verdadero proceso de transformación judicial y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable, imparcial y competente.
La profundidad de la crisis no está para repetir errores y resulta oportuno recordar lo que el expresidente Evo Morales en su momento reconoció: “en vano incorporamos poncho y pollera en la justicia”. La elección judicial tiene que dar un fuerte golpe de timón, elegir a los mejores candidatos o terminaremos dando un salto al vacío.
El autor es jurista y autor de varios libros.
