En una cara “de la medalla de nuestra historia” están los logros que como país conseguimos en estos 199 años y en la otra, tantos hechos amargos y desastrosos que el “Pueblo Boliviano” ha tenido que soportar durante su vida republicana y como Estado, hechos que fueron causados por nefastos gobiernos de dictadores, militares, políticos ignorantes y gobernantes corruptos que lo único que hicieron bien fue enriquecerse gracias al dinero del PUEBLO.
Estos últimos 20 años no fueron la excepción pues tuvimos que vivir todos los males juntos, ya que los gobernantes no han conducido el país, solo se han servido y aprovechado de él, lo han saqueado y lo están dejando en la peor crisis de su historia, una crisis que no solo está visualizada con la pobreza en la que han sumergido la su PUEBLO, sino también una pérdida de valores, una crisis moral extrema y el incumplimiento de normas éticas que han sometido a miles de ciudadanos, olvidando que deberían priorizar el comportamiento de los servidores públicos pagados con el dinero que recauda el Estado de sus contribuyentes; es decir, del SOBERANO al que tanto lo mencionan.
El PUEBLO al que cínicamente decían representar las anteriores y lo dicen las actuales autoridades gubernamentales, endulzándose la boca cuando lo mencionan para justificar sus actos; ha resistido. Pero también ha llegado al límite de soportar la opresión, esto porque hay motivos abundantes -que describo a continuación- para levantar nuevas banderas que muestran la indignación de la población.
El argumento de “todos somos iguales ante la ley” se ha constituido en un saludo a la bandera; porque la supuesta igualdad, jamás se ha respetado o cumplido. La discriminación, las desigualdades, los resentimientos, los odios y hasta las diferencias por las raíces originarias, son diarias.
El supuesto “socialismo del Siglo XXI” ha mostrado su presencia en varios países latinoamericanos y Bolivia no fue la excepción; sin embargo, su decadencia es la mejor muestra de que es inviable y lo han demostrado pueblos soberanos que día a día lo rechazan y lo entierran para que nunca más vuelva y con ello nunca más volverán los actores que lo han promovido, defendido, incumplido, corrompido, destruido y sepultado. Estamos cerca de cumplir este cometido en Bolivia, porque el PUEBLO está indignado.
Las magníficas cifras de los millones de dólares de las RIN entre 2011 (12.019 millones de dólares) a 2014 (15.123 millones de dólares) que adornaron la vitrinas del Banco Central de Bolivia, se esfumaron y nadie puede entender cómo se gastaron o a que se destinaron; con seguridad, no generaron inversiones que reporten beneficios futuros para el “PUEBLO” incauto que volvió a votar por los gobernantes magos, pues los informes que se conocieron mostraron que incrementaron los patrimonios personales de una lista conocida de autoridades públicas, que seguramente con el pasar del tiempo tendrán que rendir cuentas no solo por el uso de los recursos, sino también por los resultados logrados. Lo anterior contribuyó a agrandar el poso en el que sigue cayendo nuestro empobrecido país.
Todo lo que se inicia mal, termina mal. Así, el derroche y la farra que imprimieron los gobernantes a estos 20 años de negra historia se ve reflejada hoy en la pugna de dos facciones de una agrupación nacida no para gobernar sino para destruir Bolivia por su falta de capacidad y porque no decirlo por su ignorancia, pues no es posible encontrar otro calificativo para aquellos que no tienen la valentía para tomar decisiones y resolver los problemas que ellos mismo generaron en el país.
No se necesita ser genios para deducir que no se puede ni debe continuar el daño que le siguen haciendo a un PUEBLO oprimido al que usan demagógicamente, abandonándolo y permitiendo por más de 20 días un bloqueo que ha dañado a los sectores que verdaderamente trabajan y sostienen la economía nacional. Me refiero a los productores del agro, los que siembran, los que producen alimentos, los que crían pollos, cerdos y vacunos, los que producen frutas y otros productos que generan divisas para que el mercado continue operando, los comerciantes, los transportistas de pasajeros, el transporte pesado, los hoteles, los sitios turísticos, los restaurantes, los negocios locales de pequeños y medianos emprendedores; en definitiva, todos los que aportan hoy a la sobrevivencia. A diferencia comparativamente con las empresas públicas- con alguna excepción - que generan perdidas y las entidades o instituciones de los gobiernos nacional y locales que solo incrementan el déficit y el endeudamiento del país.
Cuando no se toman decisiones y no se asumen riesgos, las equivocaciones son más notorias. Mientras tanto, seguiremos con la subida de precios de muchos artículos de la canasta familiar sin posibilidades de control, pues quienes son parte de la cadena de producción y distribución, continuarán buscando generar utilidades y así preservar sus inversiones. La falta de dólares para las importaciones será una constante por la testarudez de no ajustar el tipo de cambio. Y continuarán los efecto inmediatos como en el transporte que ha presentado su pliego petitorio para que se autorice el incremento de precios de los pasajes urbanos y se haga una provisión oportuna de carburantes; entonces, nuevamente los precios sufrirán otro incremento, nos sumergiremos en una espiral inflacionaria y volverá a ser el PUEBLO el más dañado, principalmente los pobres, los originarios, los que viven el día a día y los más vulnerables, los que recibirán otro golpe bajo del que no podrán protegerse, porque el gobierno que dice ser del PUEBLO y para el PUEBLO se ha convertido en su principal verdugo por su falta de decisión. A todo lo anterior se suma la vergüenza de nuestras fuerzas armadas al verse rebasadas por civiles en las zonas más críticas de nuestro país.
No podemos seguir ampliando el pozo del desastre en el que nos han sumergido, requerimos que se actúe con conciencia ciudadana, patriótica y con responsabilidad, REQUERIMOS QUE SE TOMEN DECISIONES, porque el PUEBLO que está INDIGNADO se convertirá en PUEBLO ENARDECIDO y se encargará de exigirles que rindan cuentas.
El autor es administrador de empresas y Docente Emérito UMSA