A lo largo de su trayectoria económica, Bolivia ha experimentado cambios drásticos en sus políticas económicas, alternando entre un modelo estatista y uno de orientación liberal, para luego regresar a un enfoque más estatista. Desde 1952 hasta 1985, adoptó un capitalismo de Estado, implicando una participación activa en instituciones estatales como COMIBOL, YPFB, ENTEL, ENDE y ENFE. Sin embargo, este modelo estuvo plagado de deficiencias en la gestión, corrupción y pérdidas económicas considerables, culminando en una crisis de hiperinflación y el impactante Decreto Supremo 21060.
En el periodo de 1985 a 2005, Bolivia transitó hacia una visión más liberal, dejando de lado su papel empresarial estatal para enfocarse en áreas como infraestructura, asistencia social y seguridad nacional. A pesar de ello, esta etapa concluyó debido a la pérdida de credibilidad política y una nueva crisis económica.
A partir de 2006, el país regresó a un modelo estatista, con un enfoque marcado por una mayor burocracia y una fuerte intervención estatal en la economía a través de empresas de propiedad pública bajo el liderazgo del MAS. Sin embargo, estas acciones han acumulado pérdidas considerables, alcanzando los Bs. 4.000 millones en el periodo 2007-2022, afectando negativamente a la economía nacional.
Las nacionalizaciones, impulsadas inicialmente por motivos políticos y socialistas, terminaron favoreciendo a políticos y burócratas en lugar del progreso del país. YPFB ilustra este fracaso con problemas operativos significativos en la producción de gas y una burocracia excesiva. Estas decisiones han desencadenado juicios internacionales costosos y desfavorables para Bolivia, con fallos adversos que ya suman 714 millones de dólares. Se prevén más demandas que podrían aumentar estas compensaciones, teniendo un impacto negativo en la economía boliviana.
Este modelo económico no solo afecta al Estado, sino que impacta directamente en los ciudadanos y las empresas privadas, especialmente los microempresarios. Se enfrentan a desafíos al competir con un Estado que actúa como un competidor desleal. Prácticas como subvenciones a empresas estatales, imposiciones para adquirir productos cuestionables, monopolios en la venta de productos subsidiados y concesiones de créditos con intereses mínimos crean un entorno desigual para las empresas privadas, sugiriendo un declive progresivo de estas.
En Bolivia, se pasa por alto la historia económica del país, ignorando lecciones valiosas que demuestran el fracaso de las empresas estatales en el pasado. Las decisiones políticas prevalecen sobre consideraciones económicas fundamentadas, representando un desafío significativo para una gestión económica efectiva. La intervención estatal constante, principalmente a través de empresas de propiedad pública, ha generado pérdidas notables y una competencia desigual que plantea serias inquietudes sobre la equidad en el mercado para el sector privado.
El autor es investigador y analista socioeconómico
@AmonzabelA43826
