Tras el reciente anuncio del incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional y 5% al haber básico, como medida del gobierno en el marco del Día del Trabajador, la fijación centralizada de salarios por decreto gubernamental representa una importante distorsión del mecanismo de precios —elemento fundamental para la asignación eficiente de recursos en una economía de mercado—. El incremento implementado por el gobierno constituye una intervención que ignora las condiciones heterogéneas del mercado laboral y las disparidades en productividad marginal entre los distintos sectores económicos. Esta política, aunque presentada como un mecanismo de protección del poder adquisitivo, genera externalidades negativas —al aumentar los costos laborales—, lo que afecta desproporcionadamente a las MIPYMEs, las cuales constituyen aproximadamente el 90% del tejido empresarial boliviano, y cuyo incremento frenaría su crecimiento y generaría pérdida de empleos.
Desde un contexto de la microeconomía, el incremento salarial decretado eleva artificialmente el costo marginal de la mano de obra por encima de su productividad marginal en numerosas MIPYMEs —haciendo que estas deban pagar a sus trabajadores más de lo que estos producen en realidad—. Este desequilibrio forzado altera la relación capital-trabajo óptima, generando ineficiencias asignativas que comprometen la viabilidad operativa de estas unidades productivas. Las microempresas nacionales, que siempre han estado caracterizadas por operar con márgenes reducidos y alta intensidad de mano de obra, experimentarían un shock de costos que no podrían trasladar íntegramente a precios debido a las restricciones competitivas del mercado, especialmente en un contexto donde la escasez de dólares limita también su capacidad de adaptación tecnológica.
En tal sentido, la estructura de costos de las MIPYMEs sufrirá una distorsión adicional mediante el efecto cascada que genera el incremento salarial. El aumento no solo impacta los salarios directos, sino que amplifica los costos indirectos a través de las contribuciones patronales incrementales, cargas sociales y previsiones para beneficios laborales calculados sobre la nueva base salarial. Este efecto multiplicador genera un fuerte diferencial de impacto entre grandes empresas y MIPYMEs, donde estas últimas carecen de economías de escala suficientes para absorber estos sobrecostos, socavando aún más su precaria posición competitiva.
Entonces, las consecuencias no intencionadas de esta política incluyen la aceleración de la sustitución capital-trabajo en empresas con capacidad de inversión; y, más preocupante aún, la expansión del sector informal. Las MIPYMEs, ante la imposibilidad de cumplir con los nuevos parámetros salariales, recurrirán a mecanismos de ajuste como la reducción de horas laborales, la contratación informal o la disminución neta de personal. En este sentido, el mercado laboral que ya presenta una tasa de informalidad cercana al 80% según estimaciones, verá aún más exacerbada esta distorsión estructural. La experiencia demuestra que en economías en desarrollo: incrementos artificiales en el costo laboral por encima de la productividad conducen invariablemente a un aumento en la tasa de desempleo estructural y subempleo.
En el plano macroeconómico, esta medida presenta una incompatibilidad con la política monetaria y fiscal. En un contexto donde el ministro Montenegro reconoce una inflación del 10% y problemas de abastecimiento, el incremento salarial actúa como un amplificador del ciclo inflacionario a través del canal de costos. Se genera así una espiral salarios-precios que, en ausencia de ganancias de productividad equivalentes, erosiona la competitividad sistémica de toda la economía. Además, la presión adicional sobre la disponibilidad de divisas, ya de por sí escasas, se intensificará al incrementarse la propensión marginal a importar bienes de consumo con los nuevos ingresos nominales, agravando el desequilibrio externo.
Desde la sostenibilidad financiera —en el caso de las MIPYMEs—, esta se ve comprometida por la combinación de márgenes operativos comprimidos y el incremento en los costos de financiamiento. La necesidad de capital de trabajo adicional para afrontar la nueva estructura salarial encontrará como respuesta un racionamiento crediticio por parte del sistema financiero, que percibirá un aumento en el riesgo sectorial. Las asimetrías informativas en el mercado crediticio boliviano penalizan desproporcionadamente a las MIPYMEs, que ven restringido su acceso a financiamiento en condiciones de mercado, precisamente cuando más lo requieren para adaptarse a la nueva estructura de costos. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia acertadamente señala este riesgo al solicitar un esquema de implementación gradual que pueda permitir la absorción escalonada del impacto financiero.
Un mecanismo alternativo, sería implementar un sistema de negociación descentralizada por sectores económicos y regiones, reconociendo la heterogeneidad productiva del país. Este mecanismo permitiría ajustes salariales diferenciados según la productividad marginal real de cada sector, minimizando las distorsiones asignativas. Complementariamente, una reforma tributaria orientada a reducir la carga impositiva sobre la nómina salarial incentivaría la formalización laboral, mejorando la eficiencia recaudatoria sin comprometer la sostenibilidad empresarial.
Finalmente, se podría analizar políticas orientadas a incrementar la productividad laboral mediante la eliminación de barreras regulatorias y simplificación administrativa, que generen un aumento sostenible de los salarios reales sin los efectos distorsivos de la fijación centralizada. El verdadero mecanismo para mejorar las condiciones materiales de los trabajadores no radica en decretos gubernamentales que alteran artificialmente los precios relativos de la economía, sino en políticas que incrementen sistemáticamente la productividad y permitan el funcionamiento eficiente del mecanismo de precios como señal informativa para la asignación óptima de recursos. La experiencia internacional demuestra que las economías con mayor flexibilidad en sus mercados laborales logran mayores tasas de empleo formal y salarios reales crecientes en el largo plazo, un objetivo, que debería primar sobre consideraciones políticas de corto plazo.
La autora es Economista, Politóloga y profesora universitaria.
