Jueves 29 de junio de 2023, fecha en la que el calendario marcó la muerte de la palabra escrita. El corazón del prestigioso matutino paceño Página Siete, dejaba de latir a pesar de los intentos de salvarlo mediante constantes fricciones en el mismo, no logrando sobrevivir. Las redes sociales explotaban azoradas por tan irreparable pérdida.
Las libertades de prensa, de expresión, de opinión y de información como la democracia en sí; estaban y hasta ahora están heridas de muerte. Semejante noticia no lo podía creer y que hasta ahora no logro asimilar. El hecho de que desaparezca un medio de comunicación social escrito independiente es disminuir el derecho que tiene toda una población a estar bien informada.
Con el cierre de Página Siete no solo pierde Bolivia, también pierde y por mucho La Paz. La sede de gobierno se queda sin una palabra escrita menos, aspecto que hace que tenga menos peso en la formación de la opinión pública nacional y marque la agenda mediática a nivel político, social, económico, cultural, deportivo y en lo investigativo a nivel periodístico nacional; tal como estaba haciendo hasta hace poco.
Sin duda que los medios de comunicación social escritos en el país desde hace tiempo están atravesando un momento de crisis, no solo por la “asfixia económica”, sino también por la fuerte competencia de las redes sociales. Las cuales han tomado mayor cuerpo en la información instantánea, llegando al punto de que hoy en día cualquier ciudadano puede ser periodista informativo mediante su celular.
Ojo que el cierre de Página Siete, debe llamar tremendamente la atención de otros medios de información escritos, radiales y televisivos en el país. Es una señal muy clara de que, si las cosas no cambian, muchos de ellos podrían seguir el mismo camino que el silenciado matutino paceño. Periodistas, empresarios a nivel comunicacional y las organizaciones de la prensa deben estar muy alertas a lo que pueda venir de aquí en adelante.
Con este ingrato acontecimiento, también se contravino a lo que dice nuestra Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 21 numeral 5: “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” y numeral 6: “a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
A su vez también se contravino a lo que señala nuestra actual CPE en su Capítulo Séptimo – Comunicación Social – Artículo 106.I. “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”; numeral II “El Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa” y numeral III “El Estadio garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.
¿En qué queda lo que señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el Estado es responsable de garantizar la libertad de expresión y minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo?
¿Qué están haciendo las organizaciones de la prensa para revertir lo suscitado con Página Siete y para qué más adelante no volvamos a tener este tipo de acontecimientos ingratos? Y con todo lo señalado, podemos decir: ¿qué estamos camino a Cuba, Nicaragua o Venezuela?
Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta es comunicador social
