El acelerado como desproporcionado aumento que muestra la actividad desinformadora en el mundo en los últimos años, con una creciente utilización de las plataformas y redes sociales digitales para el logro de su cometido, está dando lugar a la emergencia de un nuevo derecho: el de no ser desinformados.
El existente pero todavía no consolidado derecho a la información, que concierne idealmente a la doble posibilidad de recibir y de emitir informaciones, fue impulsado al menos desde la década de 1960, mas ya resulta insuficiente y limitado ante la proliferación de las prácticas distraccionistas, de encubrimiento e inclusive de negación de la realidad noticiosa o histórica que se han convertido en parte de la cotidianidad actual.
Desinformar es una acción premeditada dirigida a impedir que las personas conozcan lo que aconteció o acontece en la vida pública mediante la distorsión intencional de los datos o la simple invención de algo que nunca sucedió. De ese modo, lo verdadero resulta alterado o, peor aún, desplazado por lo falso.
Al contrario del proceso de informar, que da forma a los hechos o declaraciones y los registra para que resulten comprensibles, estén documentados y proporcionen bases de certidumbre a la población, la desinformación se ocupa de deformarlos deliberadamente para alimentar la inseguridad y la duda colectivas. La información es, por lo general, un servicio útil para sus destinatarios o usuarios; la desinformación beneficia en exclusiva a los intereses de sus gestores.
Quien desinforma hace y propala mala información a sabiendas, porque persigue determinados objetivos subterráneos que le son redituables, sea política o económicamente, o en ambos niveles. La información contribuye a la transparencia; la desinformación a la opacidad. La desinformación es dañina, perversa, porque reproduce conductas beligerantes y hasta puede constituirse en instrumento de la violencia social o estatal.
No se trata de un fenómeno reciente. La desinformación ha sido usada largamente por los poderosos de distintos tiempos, aunque los estudiosos del tema coinciden en señalar que su sistematización empezó junto con la “Guerra Fría”, que tenía a la propaganda y las “operaciones psicológicas” como espacio privilegiado de confrontación entre las potencias del capitalismo y el socialismo. Ellas se acusaban recíprocamente de mentir, a la vez que se desacreditaban y amenazaban.
Al presente, se reconoce a 2016 como el momento en que la desinformación se reactualizó e ingresó a paso firme y con un gran potencial tecnológico en la agenda pública internacional, al igual que en la propia dinámica política y económica de los países. La denunciada intromisión rusa en las elecciones estadounidenses de ese año y la constante apelación a la falsedad por parte del candidato victorioso en esos comicios, Donald Trump, simbolizan ese relanzamiento. A partir de entonces, el fenómeno desinformador se expandió por todas las latitudes y Bolivia también comenzó a experimentarlo.
Hay que recordar que ese 2016 el gobierno atribuyó su derrota en el referendo constitucional que le negó la reelección continua a las “mentiras de las redes” y poco después creó una Dirección General de Redes Sociales en el Ministerio de Comunicación. Tal fue la base para el posterior establecimiento de un grupo de activistas remunerado (los “guerreros digitales”) dedicado a la propaganda y la contrapropaganda oficialistas, cuyo papel en campañas proselitistas o en el fantaseo sobre el “golpe” es innegable.
La concepción y la práctica de la desinformación se inscribe, pues, en la lógica del enfrentamiento, a la cual expresa tanto como alimenta.
La desinformación es una verdadera depredadora de la democracia y de la labor periodística. Supone la existencia de estructuras organizadas, la definición de propósitos y estrategias, así como el empleo de procedimientos y de recursos tecnológicos, económicos y humanos. Por tanto, no es apenas producto del descuido o la casualidad, sino más bien de decisiones conscientes como de acciones deliberadas.
De ahí que hoy sea necesario desarrollar mecanismos de prevención, educación y defensa frente a la agresión desinformadora. Entre ellos destacan la alfabetización mediática de los ciudadanos para la recepción crítica de mensajes masivos, la verificación noticiosa y la investigación tanto periodística como histórica. Pero la preocupante dimensión que viene alcanzando este problema exige, además, que se pueda contar con garantías legales al más alto nivel.
Por tal razón, la configuración del derecho a no ser desinformado se perfila como un imperativo social. En el caso boliviano, esta prerrogativa tendría que ser incorporada al ámbito normativo en el marco del constitucionalizado Derecho a la Información y la Comunicación, pero sobre todo requeriría convertirse en una realidad efectiva.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político
