Todo comenzó el 31 de diciembre de 2019 cuando las autoridades sanitarias de Wuhan-China informaron al mundo sobre casos de neumonía por causa desconocida.
La pandemia del COVID-19, con presencia y riesgo a nivel mundial, amenaza la vida de más de 7.500 millones de personas y en nuestro país a más de 11 millones de ciudadanos. Al comienzo la única forma de protegerlos fue mediante la cuarentena iniciada el 22 de marzo de 2020 y la aprobación de medidas de bioseguridad como: lavado de manos, distancia mínima de más de un metro de distancia entre las personas y uso obligatorio de barbijo.
Para cuidar la salud y vida de los bolivianos al inicio de la pandemia se determinó suspensión de actividades de las empresas privadas y públicas que impacto en diferentes magnitudes la producción de bienes y servicios en el sector formal e informal, que condujo hacia una recesión económica.
En la parte económica la administración gubernamental aprobó una serie de medidas de política económica[1] no convencionales que ahora forma parte de algunos manuales de economía.
El bien mayor en la sociedad es la vida de los bolivianos y la economía, por ello la política económica no convencional debe orientarse prioritariamente al fortalecimiento del sector salud y la recuperación de la economía boliviana.
Una cuarentena de setenta días continuos durante 2020 genero el reclamo de familias y empresarios que exigieron la reapertura de las actividades económicas.
Las medidas económicas no convencionales aprobadas desde el comienzo del COVID-19 hasta la fecha, para enfrentar la emergencia sanitaria fueron variadas desde iniciativas destinadas a otorgar efectivo y descuentos (subsidios) directos a la población, con la finalidad de mantener la cadena de pagos en el flujo circular de la economía y continué realizándose las transacciones económicas internas y externas, buscando suavizar la paralización de las actividades económicas a través de impulsos fiscales la demanda, prevención por medios de pruebas antigenonasal y PCR, vacunación de la población de 1°, 2° y 3° dosis y la acción institucional de las gobernaciones departamentales autónomas y municipios.
El agente económico “Gobierno” tiene monopolio de gestión política y económica para asumir la responsabilidad en el diseño y ejecución de la política económica y resolver los problemas que afectan a los ciudadanos la pandemia del COVID-19 y la economía.
El COVID-19 ocasiono una crisis sistémica de una economía de guerra ante un enemigo peligroso no visible, porque daña la salud, la vida de las personas y la economía, por lo tanto, impacta a la demanda agregada, a la oferta agregada y a la cadena de valor, entendiendo por tal hecho que afecta a los agentes económicos: empresa, consumidor, gobierno y resto del mundo, en sus transacciones financieras y reales.
Mediante la política económica se asume decisiones difíciles, con poca o nada de información, mucha presión, el tiempo en contra y una población descontenta exigiendo soluciones inmediatas, como vivimos actualmente en nuestro país con la pandemia del COVID-19 con la cuarta ola y el OMICRON.
Las autoridades gubernamentales no se pueden dar el lujo de ignorar lo urgente que afecta la vida de las personas. La cuestión es cómo lo enfrentan, que recursos tienen, como lograran que llegue oportunamente la solución a sus ciudadanos.
La política económica, depende del escenario en el cual la población está siendo afectada por problemas sobre la cual se aplica. Es difícil encontrar una medida de política económica que mejore la situación de todos, o al menos que mejore la de algunos sin comprometer la de otros.
El COVID-19y la recesión económica son los dos fantasmas que continúa afectando el mundo, y a nuestro país. El primero afecta principalmente a los adultos mayores, personas con deficiencia inmunológica por alguna enfermedad irreversible y actualmente el OMICRON a los jóvenes, niños y bebes. El segundo arrasará con los ingresos y empleos de los sectores más vulnerables, vinculados con servicios intensivos en mano de obra y con las empresas públicas y privadas más expuestas al choque de oferta y demanda.
El contexto externo registra elevación de los precios de las materias primas, sin embargo, es desfavorable para nuestros productos de exportación e importación por la condición de mediterraneidad de nuestro país, elevación de los costos de logística desde lugar de origen de la producción a los puertos de embarque y luego los puertos de destino y viceversa, que significa la elevación de los costos y su efecto en los precios. El contexto interno de nuestro país tampoco es favorable, para los más de 11 millones de bolivianos en sus diferentes niveles de ingreso desde ciudadanos que no logran un puesto de trabajo no precario, no tienen dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas, empresarios públicos y privados endeudados y con niveles de ingresos que cubren sus costos medios variables (salarios), el Tesoro General de la Nación que no cuenta con la necesaria liquidez, en síntesis todos los agentes económicos tienen dificultades de liquidez, para atender los pagos.
Al 2022 Bolivia continua enfrentando las pandemias simultáneamente: COVID-19, crisis económica, sociedad civil insatisfecha, denuncias de corrupción, continua la crisis sanitaria y problemas de liquidez.
En una economía de guerra que vivimos contra un enemigo invisible COVID-19 no funcionan adecuadamente los mecanismos de mercado, por lo tanto, se tiene que recurrir al “Cajón de herramientas económicas” y utilizar aquella herramienta útil en estos momentos para resolver el problema económico.
Una de las herramientas económicas la tiene el BCB que mediante una expansión de la política monetaria tiene que inyectar liquidez al TGN y al sistema financiero, para atender los diversos requerimientos de liquidez por los diversos agentes económicos. Otra herramienta es la política fiscal a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 realizar la ejecución presupuestaria. Otra es la inversión pública a cargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Es fundamental utilizar políticas fiscales y monetarias sincronizadas con el resto de instrumentos económicos adecuados a nuestra realidad económica, política y social.
En la coyuntura actual el déficit fiscal respecto al PIB 2022 aumentara utilizado como instrumento económico no convencional justificado por los gastos no programados para el sector salud en el PGE de la presente gestión financiado con crédito interno del BCB, aprobado por la declaratoria de emergencia nacional por la amenaza del COVID-19, y también con crédito externo de los Organismos Multilaterales.
El virus y sus efectos económicos están afectando de manera diferenciada a los más de 11 millones de habitantes y a los diversos sectores y subsectores económicos simultáneamente. El bien mayor es preservar la vida de las personas y la economía para precautelar la permanencia de las empresas públicas, privadas y las fuentes de trabajo.
Después que pase la pandemia los próximos años serán mejores para la economía. Es decir, esta crisis sistémica es transitorio. Por ello, el principio general es el de financiar inmediatamente este violento y profundo choque de oferta y demanda. Este financiamiento solo lo puede hacer el Tesoro General de la Nación (TGN), con cargo a recuperar parte del mismo en el futuro cercano.
Es importante fortalecer el estado actual de la Gobernanza Pública que es el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa para la gestión de los intereses de nuestro país, es decir, construir una agenda de política económica hacia un acuerdo nacional hasta el bicentenario de nuestro país, con el sector privado, estatal (nacional, sub nacional y local), sociedad civil, academia y partidos políticos.
[1] Política económica es la intervención deliberada del gobierno en la economía para alcanzar sus objetivos.
Germán Molina Diaz es economista
