El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 es un instrumento de política económica de mediano plazo que señala hacia donde se dirige la economía nacional mediante la programación, ejecución y evaluación de políticas sectoriales y territoriales incorporadas en las categorías programáticas de gasto, metas, resultados y acciones, y un escenario macroeconómico futuro[1].
Son diez ejes y trece pilares estratégicos definidos en el PDES que esperan lograr a través de todas las entidades públicas mediante sus planes, programas y presupuesto institucionales.
Transcurrieron dos años de vigencia del PDES y un año programado del 2023, que representa un sesenta por ciento del período de cinco años y, por lo tanto, se necesita conocer los resultados de los indicadores económicos del escenario macroeconómico programado comparado con los resultados logrados a la fecha y si se lograra cumplir. Un defecto que se mantiene durante los 16 años de economía centralista es que no se conoce públicamente una evaluación de los resultados del PDES identificando los desvíos y ajustes realizados por parte de la administración gubernamental que realizan las entidades públicas e informan al órgano rector de planificación, para su consolidación y obtener los datos del escenario macroeconómico, que es lo que analizaremos en el presente análisis.
Acontecieron una serie de hechos económicos directos e indirectos que impactaron en la economía nacional, como por ejemplo en el año 2022 son: la oferta de Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales por $US2.000 millones y sólo se colocó $US850 millones, que se destinaran al intercambio o pago de deuda e intereses y para apoyo presupuestario, y otro es la elevación del precio del petróleo que supero los $US100 el barril.
Por lo tanto, cada entidad pública, en forma periódica, realiza una evaluación de su gestión identificando los factores o circunstancias internos y externos que hubieran incidido en su funcionamiento y la adopción de medidas correctivas que fueron asumidas, para el cumplimiento de los objetivos de gestión por resultados a nivel institucional, de acuerdo a principios y técnicas de instrumentos de planificación y un marco normativo constituido por la Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos Supremos, Resolución Suprema, Resolución Ministerial, Resolución Administrativa, Directrices, instructivos y otros documentos.
Uno especifico marco y principista sobre gestión y controles gubernamentales es la ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) vigente a partir de 1990 que rige las actividades del sector público boliviano, y una de las varias finalidades de la norma señala que: “… todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuentas no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación”. Es decir, la ley SAFCO determina un modelo de gestión gubernamental de gestión por resultados, para el sector público boliviano que significa que no es suficiente que solo ejecute los recursos y gastos públicos, sino que se logre alcanzar los objetivos y metas establecidas.
El PDES 2021-2025 en la parte 7 Escenario macroeconómico (Proyecciones 2021-2025) plantea un crecimiento económico promedio durante el quinquenio de 5,1 por ciento soportado por niveles de inversión respecto al PIB en promedio de 13,5 por ciento y 4,7 por ciento en promedio de la tasa de inflación en el mismo período.
También se tiene datos anuales esperados de: crecimiento económico; inversión pública como porcentaje del PIB y únicamente promedio quinquenal de la tasa de inflación.
La inversión pública como porcentaje del PIB esperada la ratio máxima de 19,0 por ciento el año 2023 y el ratio mínima de 9,3 por ciento el año 2021.
La tasa de inflación esperada sólo se cuenta con el promedio esperado de 13,5 por ciento (ver cuadro 1)
Para evaluar los resultados logrados del PDES en el presente análisis se utilizó el escenario macroeconómico esperado y se compara con los datos de dos años ejecutados y el esperado para el año 2023, es decir el período 2021-2023. Con esta finalidad se recurrió a los informes oficiales publicados y se obtuvo resultados interesantes que permiten emitir algunos criterios al respecto si se lograra conseguir los objetivos y metas establecidos hasta el bicentenario de fundación de la República de Bolivia.
La tasa de crecimiento económico máxima de 6,1 por ciento el 2021 y el mínimo de 4,0 por ciento el 2022.
La inversión pública como porcentaje del PIB la ratio máxima programado de 8,09 por ciento el año 2022[2] y la ratio mínima programado de 6,08 por ciento el año 2023.
La tasa de inflación máxima de 3,28 el 2023 y la mínima de 0,9 por ciento el 2021. (ver cuadro 2)
La ejecución promedio 2021-2023 del crecimiento económico es 4,98 por ciento y por debajo del promedio en 0,12 puntos porcentuales respecto al promedio esperado de 5,1 por ciento del 2021-2025.
La inversión pública como porcentaje del PIB es dramática por la diferencia entre la ejecución promedio 2021-2023 respecto al promedio esperado del 202-2025 de 6,61 puntos porcentuales.
Respecto a la tasa de inflación promedio durante el período 2021-2023 es 2,43 por ciento y según el PDES el promedio esperado es 4,7 por ciento.
De los tres indicadores del PDES uno de ellos llama la atención por su baja ejecución que es la inversión pública como porcentaje del PIB, en dos años de ejecución, y sigue la caída en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, es decir menores ratios anuales y también el promedio muy alejado del promedio del PDES. (ver cuadro 2)
Los resultados hallados de la ejecución de los indicadores económicos del escenario macroeconómico esperado del PDES comparativamente a los programados están por debajo, y muy complicado de revertir en los siguientes años por el actual nivel, tendencia y estructura de las variables económicas, y se logre alcanzar los objetivos y metas definidas.
El comportamiento de la inversión pública como porcentaje del PIB ejecutado alcanza un 51,0 por ciento respecto al promedio esperado de 13,5 por ciento, durante un período de tiempo transcurrido de 60 por ciento del quinquenio 2021-2025, que difícilmente se revierta en los próximos años.
La tasa de crecimiento económico promedio del PDES tendría serie dificultades de lograrse, porque en la misma ley señala textualmente los siguiente: …..”Este esfuerzo para la reconstrucción económica y productiva, conlleva elevados niveles de inversión pública, razón por la cual, se estima modificar el resultado fiscal global para el 2025…..”. En este sentido, si no se alcanzó los ratios de inversión pública como porcentaje del PIB en dos años de ejecución que es un cuarenta por ciento del periodo 2021-2025 y la programación del año 2023 sigue siendo baja, en consecuencia, no se lograría dinamizar el crecimiento económico.
Por todo lo mencionado, las autoridades gubernamentales mediante la política económica tienen que asumir decisiones difíciles, con poca o nada de información, mucha presión, el tiempo en contra y una población descontenta exigiendo soluciones inmediatas, como vivimos actualmente en nuestro país y la respuesta es establecer un ambiente de confianza y credibilidad para todos los bolivianos sin exclusión y también para los inversionistas internacionales. No se pueden dar el lujo de ignorar lo urgente que afecta la vida de las personas. La cuestión es cómo lo enfrentan, que recursos tienen, como lograran que llegue oportunamente la solución a sus ciudadanos.
[1] Ley N° 1449 Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025
[2]No se cuenta con información de ejecución de inversión pública al 31/12/2022 y declaración oficial de autoridades de gobierno señalan que a noviembre del 2022 la ejecución es menor al 40 por ciento.
Germán Molina Diaz es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB.
