Durante la pandemia del COVID19, las canciones de cuna de economía: la mano invisible y el papá Estado, fueron desplazadas por otra melodía de basar la política económica en la realidad económica, social, política, cultural y psicológica utilizando el cajón de herramientas económicas disponible.
Las medidas económicas aprobadas durante los años 2020 y 2021, fueron para enfrentar la emergencia sanitaria y reactivación económica otorgando efectivo y descuentos (subsidios) directos a la población, y créditos al sector empresarial con la finalidad de mantener la cadena de pagos en el flujo circular de la economía en las transacciones económicas internas y externas, buscando suavizar la paralización de las actividades económicas a través de impulsos fiscales hacia la demanda y la oferta.
Luego del resultado electoral de octubre 2020, continuo el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y la política económica de focalizar ingresos elevados de los agentes económicos e imponer un impuesto, aumentar el gasto en inversión pública, utilizar financiamiento interno y externo para cubrir los desbalances fiscales, políticas de redistribución del ingreso y algunas medidas de apoyo a la oferta.
En un contexto de economía de guerra contra un enemigo invisible el COVID 19 no se cuenta con otra medida que, de inyectar recursos al mercado interno con la dotación de bonos a los sectores sociales más vulnerables, además de garantizar la liquidez del sistema financiero y crédito al sector empresarial.
Cuando sea superada la emergencia sanitaria del COVID-19, recién se tendría que mejorar la calidad y monto del gasto fiscal, inversión pública e implementar reformas fiscales para reactivar la inversión privada, crear empleos formales de calidad, y proteger de manera sostenible a los segmentos vulnerables de la población.
El crecimiento de la deuda pública es inevitable hasta que continue el déficit fiscal, sin embargo, se tiene que proponer resolver un problema estructural del país: el déficit fiscal.
El comportamiento de la deuda externa y deuda interna del país estuvo estrechamente relacionado con déficit fiscal, porque una característica de la economía boliviana es que siempre gastamos más de los ingresos que recaudamos de impuestos y otros.
Las fuentes de financiamiento para afrontar un escenario de mayores gastos fiscales que ingresos fiscales son: acudir a las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la contratación de créditos internacionales de Organismos Multilaterales, Organismos Bilaterales e inversionistas privados internacionales por medio de la colocación de bonos soberanos, como se realizó durante los años 2012, 2013 y 2017 por un total de $us 2.000 millones.
Ambas fuentes tienen sus consecuencias económicas, para la estabilidad macroeconómica del país.
En un contexto interno de crecimiento del gasto público y desequilibrios fiscales, el control del gasto adquiere una vital importancia, así como también el flujo de caja (efectivo disponible), para la ejecución presupuestaria.
El control constitucional al gasto del Estado, es realizado por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El sector público boliviano de una gestión de abundancia de recursos públicos ingresamos a una gestión de escases de recursos públicos que paulatinamente se viene ajustando afectando a todos los sectores económicos público y privado sin excepción en diversas magnitudes que varían según el grado de vinculación (acoplamiento) de las empresas privadas con el Estado.
La política fiscal es la más política de las políticas macroeconómicas[1] Involucra la capacidad de disciplinarse ante necesidades múltiples y numerosos beneficiarios y grupos de interés frente a recursos públicos limitados. La política fiscal es tal vez el mejor exponente de la capacidad de gobernabilidad del sistema económico social. Solo con muy buenas instituciones y reglas del juego transparentes la política fiscal se convierte en un instrumento de política macroeconómica.
Mediante la política económica se asume decisiones difíciles, con poca información, el tiempo en contra y una población descontenta exigiendo soluciones inmediatas, como vivimos actualmente en nuestro país con la pandemia del COVID19. No se pueden dar el lujo de ignorar lo urgente que afecta la vida de las personas. La cuestión es cómo lo enfrentan, que recursos tienen, como lograran que llegue oportunamente la solución a sus ciudadanos, que pasara después (Día después).
La política económica, depende del escenario en el cual la población está siendo afectada por problemas sobre la cual se aplica. Es difícil encontrar una medida de política económica que mejore la situación de todos, o al menos que mejore la de algunos sin comprometer la de otros, aspecto que fue advertido por la Sra. Joan Robinson que señalo: “En el análisis económico se distinguen a los que construyen las herramientas económicas y los otros las que la utilizan. Al economista analítico como una caja de herramientas”[2], y reiterado por Juan Carlos de Pablo: ““Los instrumentos de política económica son herramientas específicas. Devaluar, congelar, prohibir, desregular, etc., son buenos ejemplos de instrumentos. Mientras que eficientizar, concientizar, etc., no lo son.”[3]
Lo básico establecer un ambiente de confianza y credibilidad para todos los bolivianos sin exclusión y también para los inversionistas internacionales.
[1] "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse, para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado." Cita de Marco Tulio Cicerón, Año 55 a.C.
[2] Economía de la competencia imperfecta. Joan Robinson 1973, Ediciones Martínez Roca, S.A.
[3] Economía Política del Peronismo. Juan Carlos de Pablo 1980, El CID Editor
Germán Molina Diaz es economista, Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, investigador y docente de la Universidad Católica de Bolivia
