El ataque por sorpresa de Hamás como Israel constituye todo un desafío para el derecho penal internacional. La ONU recopila pruebas de crímenes de guerra de ambas partes. Hacer cumplir la ley en medio de las hostilidades es difícil, pero hay las denominadas reglas de la guerra, que en teoría regulan el comportamiento de las partes beligerantes y, sobre todo, protegen a la población civil, que nunca debe ser objetivo bélico ni utilizada como salvaguarda (escudo humano) por una de las partes para impedir un ataque del enemigo.
El periódico El País de España reporta que el ataque al hospital Al Ahli al Arabi en Gaza viola el derecho internacional porque estaba repleto de pacientes y de personas que se refugiaban ahí de los bombardeos israelíes. Ambos bandos se acusan de la autoría. La periodista María Antonieta Sánchez, sostiene que la rendición de cuentas de quienes han perpetrado crímenes de guerra resulta a menudo difícil de alcanzar, lo que ha llevado al establecimiento de tribunales especiales como los de la antigua Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que una de sus comisiones de investigación independientes ya había reunido “pruebas claras” de crímenes de guerra perpetrados por ambas partes.
La Corte Penal Internacional, establecida en 2002, con sede en La Haya, es la única instancia autorizada para procesar crímenes de guerra, crímenes internacionales de genocidio y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, Israel, Estados Unidos, China, Rusia y Egipto, no reconocen su jurisdicción ni acatan sus sentencias.
Las reglas de los conflictos armados obedecen a un conjunto de leyes y resoluciones reconocidas internacionalmente, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe las guerras de agresión, pero concede a los países el derecho a defenderse. El comportamiento en el campo de batalla se rige por leyes humanitarias internacionales, entre ellas los Convenios de Ginebra, elaborados tras la II Guerra Mundial y acordados por casi todas las naciones. Los cuatro convenios pactados en 1949 establecen que los civiles, los heridos y los prisioneros deben recibir un trato humano en tiempo de guerra. Y prohíben el asesinato, la tortura, la toma de rehenes y los “tratos humillantes y degradantes”, y obligan a los combatientes a tratar a los enfermos y heridos del bando contrario.
El Estatuto de Roma define como crímenes de guerra los ataques intencionados contra civiles, asentamientos civiles o trabajadores humanitarios, la destrucción de bienes cuando no sea militarmente necesaria, la violencia sexual y la deportación ilegal. El concepto jurídico de “crimen de guerra” está separado de los conceptos “crímenes contra la humanidad” o “genocidio”. Si bien los crímenes de guerra se limitan a conflictos que ocurren internamente o entre dos Estados, los dos últimos también pueden cometerse en tiempos de paz.
Se trata de una cuestión controvertida. Clasificar un acto militar, durante un conflicto, de crimen de guerra depende de si el acto estaba o no justificado. Por lo tanto, el bombardeo de una escuela o un edificio residencial no puede catalogarse como crimen de guerra si se considera militarmente necesario. La situación se complica mucho más en Gaza, donde es imposible bombardear sin matar a algunos de los 2,2 millones de civiles que viven allí.
El principio rector fundamental es la proporcionalidad, que prohíbe a las partes responder a un ataque con violencia excesiva. La distinción requiere que los miembros del ejército traten constantemente de diferenciar entre civiles y combatientes. El denominado principio de la precaución insta a hacer todo lo posible para evitar daños a civiles, y el de la distinción, a discriminar claramente los objetivos (descartar a los civiles).
Las infracciones del derecho internacional también pueden dar lugar a sanciones —como las impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por la invasión de Ucrania— y, en casos excepcionales, previo aval del Consejo de Seguridad —bloqueado por el eventual derecho de veto que puede ejercer cualquiera de sus cinco miembros permanentes, entre ellos EE UU, aliado histórico de Israel—, a una intervención militar autorizada por la ONU.
El autor es jurista y autor de varios libros
