Con el propósito de investigar la verdad histórica de los incendios, buscar las causas, y establecer responsabilidades del atentado criminal contra la Madre Tierra, debe crearse una Comisión internacional de la verdad. Esta Comisión, debe estar encabezada por expertos de la Organización de las Naciones Unidas, y debe investigar, recibir información, especialmente de las víctimas, procesarla, depurarla y entregarla al Estado y a la comunidad internacional para conocer la verdad (verdadera) y evitar así la impunidad de estos delitos de lesa humanidad.
Los incendios han devastado más de cuatro millones de hectáreas con toda la flora y fauna, lo que viene a constituir un verdadero ecocidio y el delito de traición a la patria (art. 124.I.2 CPE). Este crimen vulnera la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, que busca precisamente promover mediante la enseñanza, la educación, y la concientización, el respeto a los derechos, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos entre todos los pueblos y los Estados del Mundo.
Que los incendios en los departamentos de Santa Cruz, Beni y parte de La Paz, hayan crecido exponencialmente y el gobierno no los declare como “desastre nacional”, constituye un hecho criminal sin precedentes, con la agravante que se han expandido no sólo a gran parte del territorio nacional sino también internacional. La destrucción masiva y perversa del medio ambiente tendrá consecuencias funestas para las actuales y nuevas generaciones. Y aunque Bolivia es considerada internacionalmente como país altiplánico, tiene más de la mitad de su territorio compuesto de bosques tropicales e integra hidrográficamente la vertiente del Pacífico y tres cuencas: la cuenta cerrada del Altiplano, la cuenta del Plata y la más importante la cuenca del Amazonas.
La Madre Tierra constituye el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común (Ley N° 71 de 21 de diciembre de 2010). Y adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público, y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en la Ley.
Los expertos medioambientalistas deben trasladarse a los diferentes lugares y constatar in situ la gravedad de la situación, cuantificar los daños causados y diseñar políticas para contrarrestar los daños salvajes de los incendios y las diferentes secuelas que dejará el fuego a su paso. El trabajo de la Comisión debe entregarse a las Naciones Unidas para que conozcan la verdad (verdadera) y establecer responsabilidades personales e institucionales, y sancionar a los culpables. En la medida en que se conozca la verdad podrá rehabilitarse la dignidad de las comunidades indígenas y poblaciones campesinas directamente afectadas, y facilitar la posibilidad de reparar, en alguna medida, el daño causado.
La Madre Tierra tiene derecho a vivir, a su regeneración, a continuar con sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, a mantener su identidad e integridad, a ser auto-regulada, e interrelacionada, al agua como fuente de vida, a la salud integral, libre de contaminación, polución y desechos tóxicos, a no ser alterada genéticamente y modificada, y a su restauración plena y urgente.
Aunque el derecho a la verdad no tenga un reconocimiento expreso en la Constitución boliviana, está plenamente protegido y deriva de la obligación internacional que tiene el Estado boliviano de proteger a la Madre Tierra. En el derecho comparado, por ejemplo, este derecho tiene una configuración autónoma, una textura propia, que lo distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto protegido, como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar. También forma parte de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado Constitucional de Derecho y de la forma republicana de gobierno.
El pueblo boliviano y la comunidad internacional necesitan conocer las causas de esta catástrofe, y quiénes son los verdaderos autores y responsables de todo lo que el fuego se llevará. En fin, debe hacerse una investigación lo más seria y prolija posible, antes de que los aguaceros borren el “cuerpo del delito”, y termine consolidándose la impunidad.
El autor es jurista y autor de varios libros
