El censo de población y vivienda tiene que ser lo más transparente posible para despejar dudas, las susceptibilidades existentes y el secretismo que intentó imponerse en las denominadas mesas técnicas previas. El proceso censal no solo tiene que ser serio, objetivo y real sino fundamentalmente tiene que ser transparente y de dominio público. El gobierno central tiene que proporcionar toda la información sobre el censo y, con ello, generar y restituir confianza en un asunto de interés del pueblo boliviano.
La información pública, oportuna y accesible debe ser la norma en el recojo, procesamiento y depuración de la información general. El acceso a la información pública no solamente se debe generar con el censo de población y vivienda, sino que se ha convertido en un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información del Estado. El ejercicio de este derecho fortalece la participación ciudadana, las políticas y gestión pública y la gobernabilidad. La necesidad de transparentar el proceso censal va mucho más allá de “el derecho a saber” o “romper con la cultura del secreto”, que aún prevalece en muchas reparticiones del Estado.
El acceso a la información pública no sólo es un derecho humano básico sino también un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos como los económicos, sociales, políticos y culturales. La información veraz y oportuna permite a las autoridades y a los ciudadanos planificar y tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar las condiciones de vida. Con el acceso a la información pública se pueden proteger otros derechos y prevenir abusos del Estado como la corrupción y el autoritarismo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, y protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades de las restricciones que establece la Convención. Las personas necesitan conocer la información completa sobre el censo o, en su caso, recibir una respuesta fundamentada cuando el Estado considere que puede limitar este derecho.
La Organización de Estados Americanos ha proyectado la Ley modelo sobre acceso a la información y recomienda a los Estados que esta ley se aplique a “toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del gobierno (poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y en todos los niveles de la estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal) […]; a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de propiedad del gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes y […] a las organizaciones privadas que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente), o que desempeñan funciones y servicios públicos…”
En la interpretación de la Comisión Interamericana, el derecho de acceso a la información impone al Estado la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en cuanto a: (a) la estructura, funciones, presupuesto de operación e inversión del Estado; la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos —por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación—; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas o consultas, si existiere.
La información debe ser completa, comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada y disponible. Y como hay sectores de la población que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y muchos de esos derechos pueden depender de que conozcan la información sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces y honrar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias.
Bolivia necesita una Ley de acceso a la información pública, y así ponerse a tono con la comunidad internacional y el sistema interamericano que demandan una normativa específica. Tenemos que terminar con la cultura del secretismo, que quiso imponerse al principio con el censo, e institucionar la transparencia para que la ciudadanía pueda estar informada en asuntos que son de interés general.
El autor es jurista y autor de varios libros
