En medio de la crisis social en salud, economía y energética, en cuyo escenario los médicos y profesionales en salud del país piden al gobierno retirar el proyecto de ley que obliga a jubilarse al cumplir los 65 años con paros escalonados de hasta 96 horas sin descuidar las emergencias sanitarias; la federación de transporte pesado e internacional que demanda solucionar la escases de dólares y combustibles con anuncio de segundo bloqueo de carreteras y en puntos de frontera y, los gremiales que se ven afectados por la moneda norteamericana en sus giros comerciales, se suman los reclamos de avasallamientos a un centenar de propiedades titularizadas en San Pedro y San Ignacio de Velasco, llevadas a cabo por grupos violentos, armados y con sistemas de alerta temprana.
Estos conflictos estructurales no han sido abordados con responsabilidad por las autoridades del gobierno, tanto es así que el ministro de obras públicas sin un mínimo de respeto al sector del transporte montó la tramoya que el problema de carburantes y dólares estaba solucionado y se exhibió por los canales de televisión como bailarín de la Casa Grande del Pueblo.
En estas circunstancias tan grave para la estabilidad y paz social del país el presidente Arce Catacora decide viajar a Rusia en clara muestra de menosprecio y subvaloración de la dimensión de los temas pendientes de solución. ¿No confía en los ministros de Hidrocarburos y Economía para concertar los acuerdos bilaterales? Los logros anunciados por el presidente se vieron marchitados con la advertencia que lanzó EEUU, que Bolivia se expone a sanciones económicas y financieras si compra carburantes de Rusia. Para salir del entuerto usaron la varita mágica grandilocuente y convincente de masas, que el combustible que llegó por puertos chilenos no provenía de aquel país. Las versiones son tan contrapuestas que ya nadie les cree; mayormente, si el presidente rehúye a los conflictos que encubó en 14 años de ministro de economía, y 3 años y 8 meses como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Los problemas irresueltos parecen responder a caprichos del poder que a la postre deforman la democracia y los derechos de los votantes que los eligieron. En este orden, para evitar desbocar la Constitución, en primer término debería respetarse la independencia de poderes, en la que los derechos fundamentales se constituyen en límites de una buena gobernanza; correlacionado con ese fin primordial la institucionalidad democrática debe ser el principio fundamental del Estado democrático de derecho y desarrollar por todos los medios, instituciones e instancias la prevalencia del interés público y la implementación de la cultura del disenso, la libre expresión de ideas y encumbrar la transparencia y escrutinio público, a fin de tener una sociedad bien informada, capaz de aportarle al país con propuestas de salida a la crisis estructural.
La excanciller de Alemania Angela Merkel que ejerció el cargo durante 16 años, le dejó un legado perdurable para su parido la Unión Demócrata Cristiana, que en situaciones de crisis en la que el partido está perdiendo el respaldo de su electorado (7%), hay que saber en qué momento subordinarse para encontrar soluciones, más allá de las capacidades políticas personales que se pueda tener. Esta cualidad de diálogo sincero y abierto es el ave fénix para potenciar la resiliencia, para que la bomba no explote entre militantes arcistas y evistas, que están causando irreparables daños al país, siendo la sociedad boliviana la víctima de los bloqueos, que en sus efectos podrían desencadenar elevados índices de desnutrición en la niñez y los pobres sean cada vez más pobres, sin salud, alimentación ni trabajo.
Los hechos acontecidos el 26 de junio en Plaza Murillo al promediar las 14:30, en la que se vio cercada por un contingente de militares y tanques de asalto encabezados por el exgeneral Juan José Zuñiga, Comandante General de las Fuerzas Armadas, que fue denunciado por el presidente Luís Arce Catacora como -intento de golpe de estado- a la comunidad nacional e internacional, que al promediar las 17:00 hrs, posesionó a los nuevos Comandantes de las Tres Fuerzas del Ejército, recayendo en el General José Wilson Sánchez Velásquez la designación de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quien dispuso el inmediato repliegue de las Fuerzas y tanques de asalto a sus respectivas unidades, cumpliéndose la orden sin mayor resistencia y el consiguiente retorno a la normalidad democrática.
El alzamiento contra la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, cualquiera sea su origen, modus operandi y finalidad debe merecer el repudio o rechazo, y urge la investigación legislativa e internacional para despejar la versión bipolar sobre si fue -autogolpe o intención de golpe de estado-, puesto que las características en que se sucedieron los hechos y que según el ministro de gobierno la organización y coordinación data de mayo y por eso es que al presente hay 21 detenidos como presuntos autores intelectuales, organizativos, coordinadores y ejecutores, por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y destrucción de bienes públicos, y buscan a tres militares prófugos.
El presidente Arce dice que nunca se va autorizar a que el comandante del Ejército se alce contra el pueblo (27-06-2024), versión que difiere del excomandante Zuñiga al momento de ser aprehendido por el viceministro de Régimen Interior la noche del 26 de junio.
El representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a las autoridades de gobierno -un juicio justo para los detenidos-. Valiosa es la recomendación que efectúa la autoridad de la ONU, y para despejar cualquier duda la OEA debería designar una comisión que investigue los hechos y el desenlace pacífico registrado en Plaza Murillo (26-06-2024), si se considera que el Embajador de Bolivia ante el organismo regional en la 54a Asamblea que se realizó en Asunción Paraguay del 26 al 28 de junio, informó que en Bolivia se intentó dar un golpe de estado.
Así, presentado el panorama, para cumplir el objetivo planteado el gobierno debería pedir oficialmente a la OEA que una comisión de expertos se traslade a La paz para investigar el -intento de golpe- o -golpe dialogado- (autogolpe). Si el gobierno se abre a esta investigación despejará muchas incertidumbres y los resultados de la misma será una victoria para la democracia y el estado de derecho.
Asimismo, en la turbulencia de la frágil democracia, se advierte un patrón de inestabilidad política por los órganos judiciales, ya que no es admisible que los que ejercen el constitucionalismo en la administración de justicia se contrapongan a los derechos fundamentales o que la justicia se convierta en un hoyo negro como sostienen Padilla Cruz, D y Zepeda García L. F.
En esta perspectiva, como no todo es cuestión de malabarismo circense, velocidad en la distorsión de hechos, resistencia en tanques que no realizaron ningún asalto ni disparos, se expone la necesidad de apelar a principios de verdad y a los fines supremos constitucionales, como forma de recobrar la credibilidad institucional y el pacto constitucional. De modo que el Estado y sus instituciones se conviertan en sólidos referentes de garantías y seguridad jurídica, y nunca más el pueblo boliviano sea objeto de una burda comedia, por mucho que llenen las cárceles de militares activos y pasivos por atreverse a lanzarse a la aventura de un -golpe dialogado- con relevo del Alto Mando Militar express, sin calificación de méritos (hrs. 17:17), replicando el manoseo de la institución castrense desde el 2006 hasta el presente, todo al mambo de vítores y aclamación popular de “viva Lucho” dentro y en los balcones del Palacio de gobierno (Antiguo edificio histórico).
Para complementar y ejemplificar lo anterior, es inaudito, nada ético, que a carreras, las Salas Plenas de los -autoprorrogados- (TCP, TSJ, TA y CM) se presten a emitir el comunicado exhortativo, para que las instituciones del Estado y los órganos que lo conforman preserven en todo momento el orden constitucional, el Estado de Derecho, la democracia y la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales de todas las bolivianas y bolivianos; fundamentalmente, si todos están cuestionados en su legitimidad (Comunicado de 26-06-24); y, directamente complejizan la crisis estructural y desnudan su invocación partidaria con esa clase de comunicados.
El profesor Aguilera Izaguirre, G. al referirse al Código Iberoamericano De Buen Gobierno (Montevideo 23-06-2006) aplicables a los Presidentes de República, Vicepresidentes, Consejo de Ministros, Primeros Ministros, Jefes de Gabinete de Ministros, Ministros, Viceministros, Secretarios de Estado y Directores públicos generales, destaca que para que su actuación sea correcta debe primar : “La consolidación de ciertos valores como el respeto al interés general, la honestidad, y lograr la consolidación de los sistemas democráticos, en función del ciudadano”. Sobre esto habrá que reflexionar para constituirse en referentes históricos de garantías para nuestras generaciones en fase escolar y universitaria.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
