El 29 de agosto de 1985, Víctor Paz Estenssoro, promulgó el histórico y polémico decreto supremo 21060, que cambió el modelo económico que había, frenó la hiperinflación y ordenó las finanzas públicas. La crítica situación económico-financiera que vivía el país, exigía la adopción de nuevas soluciones de políticas económicas que enfrenten los problemas en las raíces mismas de la crisis, la cual había adquirido características de verdadero colapso nacional y generado una pérdida de confianza generalizada.
El expresidente diagnosticaba que los factores hiperinflacionarios, combinados con una profunda recesión económica, habían debilitado en forma peligrosa el aparato productivo y provocado una grave crisis económica que castigaba, particularmente, a las grandes mayorías nacionales. La profundidad de la crisis y la vertiginosa pérdida del poder adquisitivo del salario generaba el desabastecimiento de productos esenciales de consumo masivo, el desempleo, el subempleo y la presencia inusitada de un creciente sector informar o ilegal de la economía.
En la visión del exmandatario era necesario aplicar una Nueva Política Económica realista y pragmática con el objeto de atacar las causas centrales de la crisis en el marco de una racionalidad de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y de ajuste administrativo del sector estatal. Las medidas, además de su contenido radicalmente anti-inflacionario, definían los fundamentos para reiniciar, redefinir y encaminar el desarrollo nacional liberador, dotado de profundo contenido social que rescate los valores morales del pueblo boliviano.
El 21060 estableció el régimen de venta obligatoria al Estado del cien por ciento (100%) de las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios de los sectores públicos y privados, con la única deducción de los gastos de realización o tratamiento efectuados en moneda extranjera. Sin embargo, el Banco del Estado, la banca comercial, las casas de cambio y las personas naturales o jurídicas quedaban autorizadas a realizar operaciones de compra-venta de divisas, bajo su propia responsabilidad. Las divisas adquiridas en las operaciones de venta pública oficial del Banco Central de Bolivia eran de libre disponibilidad o uso por sus adquirentes (arts. 4-5).
Otra medida trascendental fue establecer “un régimen de libre importación de bienes, excepción hecha únicamente de los que afectasen la salud pública y/o la seguridad del Estado”. En realidad, los bienes y servicios en general comenzaron a exportarse libremente. Y aclaraba que todo producto industrial, artesanal, minero, agropecuario u otro, cuyo cultivo o elaboración sean lícitos, podrá exportarse sin necesidad de permisos o licencia previas, con el pago de las regalías en los casos establecidos por la legislación vigente y las retenciones y depósitos que establece el presente decreto. Se exceptuaban los bienes comprendidos en las disposiciones legales vigentes relativas a la seguridad nacional, al control de estupefacientes y sustancias peligrosas, a la protección de la fauna y flora y a la conservación del patrimonio artístico y el tesoro cultural de la Nación.
En la misma línea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fijaba y ajustaba quincenalmente, los precios de venta de los hidrocarburos en el mercado interno de la República, sobre la base del equivalente en pesos bolivianos al cambio oficial promedio de la quincena anterior de $us. 0,30 (treinta centavos de dólar americano) al consumidor, incluidos los impuestos por litro de gasolina de octanage entre 82 y 85. Para las otras gasolinas los precios mantendrán una estricta proporcionalidad al octanage. Para los demás derivados del petróleo se mantenía la proporcionalidad de precios establecida por YPFB y justificada por una evaluación técnica energética y por los usos, domésticos e industrial de los productos.
Las referidas medidas fueron radicalmente diferentes a las que les tocó imponer en sus primeros mandatos a Víctor Paz Estenssoro. Aunque fueron impopulares y tuvieron un alto costo político y social (cirugía profunda pero necesaria), el estadista las asumió y en ningún momento se le ocurrió siquiera mencionar la posibilidad de buscar algún tipo de consulta o algo por el estilo. Estas son algunas de las medidas que tiene que aplicar el gobierno de Luis Arce y cuanto antes, mucho mejor. En lo esencial el polémico 21060 se encuentra en su punto caramelo, debe aplicarse para frenar el descalabro económico actual y evitar que lleguemos al abismo.
El autor es jurista y autor de varios libros.
