VERÓNICA ORMACHEA G.
Los bolivianos vivimos en un país que no hace sentido ya que tenemos un Estado fallido. Donde la mentira es una política de Estado.
La ex presidenta Jeanine Añez fue condenada a 10 años de prisión sin haber cometido un delito. Una canallada. Ha sido víctima de un fraude procesal.
Su condena ha afectado a todos los bolivianos porque nos han condenado a vivir bajo el ala del autoritarismo y la democracia se ha convertido en una utopía.
Los bolivianos sabíamos de antemano la sentencia, ya que los poderes del Estado están sometidos al Movimiento al Socialismo (MAS).
El gobierno masista actual, inventó la narrativa de que la ex presidenta constitucional propició un golpe de Estado (Golpe II). Esto fue para tapar el fraude electoral realizado por los masistas el 2019. Nunca hubo tal golpe. Ella asumió la presidencia interina de forma legal y constitucional. Aquella fue avalada por la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional y reconocida por la comunidad y los organismos internacionales.
Asumió la primera magistratura tras la huida de Morales a México ya que quienes le antecedían renunciaron. Añez ni siquiera estaba en La Paz. Fueron a buscarla al Beni. Tampoco conocía a los militares acusados con ella.
Recordemos que Bolivia estaba al borde de una guerra civil. Evo Morales huyó a México y el sillón presidencial quedó vacío.
Añez está injusta y arbitrariamente encarcelada desde hace más de un año. Se la detuvo de forma preventiva privándole el derecho a defenderse en libertad convirtiéndose en el “trofeo de guerra” de los masistas.
¿Dónde se ha visto que el líder de un partido Evo Morales confiese, sin que se le mueva un pelo, que él y su partido decidieron que se lleve a Añez a juicio a través de la vía ordinaria? Una aberración. A ella le corresponde un juicio de responsabilidades como establece la Constitución.
Esto se confirma en el informe del relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, García Sayán, que estableció que los patrones de injerencia en el órgano judicial no han sido erradicados.
Los masistas quieren sentar un precedente de rechazo a los golpes. El peor golpe ha sido el fraude electoral maquinado por ellos el 2019.
Y, como parte de la farsa, han sentenciado injustamente a los militares del Alto Mando.
Evo, al escapar, creyó que los bolivianos lo llamarían para salvar al país. Nada de eso ocurrió. Todo esto ha sido una afrenta cargada de ira y misoginia a una mujer que puso la cara por Bolivia.
También quieren enjuiciar a los “autores intelectuales” del supuesto golpe. Todos son sus opositores. Entre ellos están: Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Fernando Camacho, entre otros. Esta es una cacería de brujas.
El gobierno de transición de Jeanine no fue un ejemplo de gestión. Su misión era llamar a elecciones. Pero la pandemia atacó y se vio obligada a postergarlas.
Estuvo manchada por el negociado de los respiradores y cometió el error de postularse a la presidencia para cuya campaña utilizó dinero y bienes del Estado. Poco antes de las elecciones, declinó a su candidatura.
La grave acusación que se le hace, son los hechos de Sacaba y Senkata donde murieron 27 personas y muchos resultaron heridos.
Ante la injusta condena, Human Rights Watch (HRW) y la Naciones Unidas, compartieron las observaciones sobre el proceso contra Añez. Evidenciaron la falta de equilibrio en el proceso, el tipo penal y el tiempo de detención preventiva.
La comunidad internacional debe pronunciarse en torno a esta injusticia.
Verónica Ormachea es periodista y escritora
