Incontrovertible es lo evidente, aquello que posee fuentes de prueba y no está sujeto, en cuanto a la veracidad de su ocurrencia fáctica, a la libre voluntad, imaginación o interpretación de quien sea, cualesquiera fueran sus intenciones.
Así, por ejemplo, es indiscutible que Bolivia recuperó la forma democrática de gobierno el 10 de octubre de 1982 luego de casi tres sexenios de regímenes autoritarios militares y que desde entonces la mantiene, como lo es que el 1 de octubre de 2018 la Corte Internacional de Justicia desestimó, punto por punto, la demanda que el gobierno de ese momento había presentado ante ese tribunal para que Chile fuese obligado a negociar una salida marítima soberana para el país. Esos son hechos, agraden o no y tengan las consecuencias que tengan. Las valoraciones que se hagan sobre ello, los antecedentes que se expongan, los análisis que se ejerciten o las proyecciones que se deduzcan no cambian la realidad de lo que aconteció.
La historia concreta, en su base, está conformada por acontecimientos de ese tipo y cuyo relato cronológico, documentado y contextualizado (en el marco de secuencias y tramas de hechos) ha de dar cuenta de ellos del modo más fidedigno posible.
Si eso se comprende así, llama a preocupación que esté en curso un sistemático y cada vez más costoso esfuerzo político –con dispendio de recursos estatales, incluso– orientado a borrar o al menos a empañar una parte de la historia nacional reciente.
La crisis político-social de octubre-noviembre de 2019 estuvo compuesta por hechos que el grupo perdedor de esas circunstancias pretende ahora desvirtuar e ignorar, si no suprimir. Corresponde, por ello, hacer un breve recuento de lo ocurrido en torno al proceso electoral de ese año:
El 27 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones generales para el domingo 20 de octubre.
En esos comicios, la candidatura oficialista volvió a participar, en esa ocasión para una tercera reelección consecutiva, en desconocimiento tanto de la restricción constitucional sobre tal figura (artículo 168 de la Carta Fundamental) como de los resultados del referendo celebrado el 21 de febrero de 2016 que rechazaron la modificación de ese artículo.
A las 19:40 del día de las votaciones, sin explicación alguna, el sistema de Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP) del tribunal electoral se paralizó y dejó de actualizar los datos. Hasta ese momento dio una ventaja de 7.12% a la candidatura gubernamental que, según ese recuento, había alcanzado el 45.28% de los sufragios emitidos.
Una hora y media más tarde, la única empresa autorizada para efectuar un conteo rápido (la extranjera “Viaciencia”, contratada por el propio gobierno) mostró que, al cien por ciento de los datos computados, ninguna fuerza había conseguido el 50% más uno necesario para hacerse de la victoria y que sólo había una diferencia de 4.5% entre la primera y la segunda candidaturas más votadas, lo que significaba que debía llevarse a cabo una segunda vuelta dado que tampoco se tuvo la distancia de 10 puntos porcentuales exigida por la ley electoral para evitar el balotaje.
Pese a esas informaciones, el candidato oficialista se proclamó “ganador en primera vuelta” esa misma noche y, en referencia indirecta al porcentaje de votos que aún le faltaba, dijo que confiaba “en el voto del campo”, con lo que descartó toda posibilidad de que hubiese una segunda ronda de votación.
Las protestas ciudadanas en demanda de transparencia se desataron desde ese momento en varias urbes del país y se fueron intensificando en jornadas posteriores.
Casi un día después de su paralización (algo más de 23 horas), el TREP volvió a funcionar y en la noche del lunes 21 de octubre publicó datos que daban el triunfo al entonces gobernante con el mínimo requerido: 10.14% por encima de su inmediato seguidor.
El miércoles 23 de octubre, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló en su informe preliminar que “El clima de polarización, la desconfianza en el árbitro del proceso electoral y la falta de transparencia de su accionar, así como la inequidad en la contienda y lo ajustado del desenlace de los comicios, han generado una alta tensión política y social” y que “Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”.
El 25 de octubre, el TSE, con su escrutinio del 100% de los votos, proclamó vencedor en primera vuelta al candidato oficialista y declaró esos resultados “sagrados”.
La policía, que reprimía las demostraciones de protesta, se sumó el 8 de noviembre a las manifestaciones de repudio contra el gobierno.
El 9 de noviembre el gobernante llamó a un diálogo con los partidos que, de acuerdo con los datos del TSE, habían obtenido representación parlamentaria, pero no consideró negociar con miembros de los movimientos ciudadanos de oposición que exigían la anulación de los comicios y su dimisión. Esa convocatoria fue descartada por los principales candidatos opositores.
Entre el 9 y 10 de noviembre las exigencias de que hubiese nuevas elecciones y los pedidos para que el gobernante renunciara para pacificar al país se sucedieron. Las voces de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas y de la Universidad Pública de El Alto, así como de la Central Obrera Bolivia, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, todas pro-oficialistas, se pronunciaron en ambos sentidos y respectivamente. Se agregó a ello la “sugerencia” hecha por el Comando General de las Fuerzas Armadas “Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país y velando por la vida, la seguridad y la garantía del imperio de la Constitución”.
El 10 de noviembre, el informe de auditoría electoral de la ya mencionada misión observadora a la Secretaría General de la OEA estableció que ante las “serias irregularidades” registradas en el proceso de las elecciones bolivianas no podía validar los resultados de las mismas y recomendó que se efectuaran otras votaciones, con la condición previa de una renovación de las autoridades del TSE.
A las 7 de la mañana de ese mismo día, en tácita aceptación de lo afirmado por la OEA, el entonces gobernante y candidato anunció que convocaría a nuevas elecciones generales “con nuevos protagonistas políticos” y que la totalidad de los vocales del tribunal electoral sería cambiada.
A las 16:51, carente de respaldo popular e institucional, y sin que mediara encañonamiento ninguno, el hasta ese instante presidente presentó su renuncia pública. Su respectiva carta llegó al día siguiente a la Asamblea Legislativa –que no dejó de funcionar– y fue aprobada el 21 de enero de 2020 con el voto mayoritario de su propia organización política.
Estos son hechos que no están para la controversia.
Quizá los perdidosos de esa crisis debieran abandonar el territorio de las “narrativas” e intentar un riguroso examen histórico que les permita identificar y entender las circunstancias iniciadoras de su devastación y a sus protagonistas, pues podría reportarles un invaluable aprendizaje democrático, así como cierto futuro.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político
Twitter: @etorricov
