Ahora que no les fueron favorables, las encuestas de intención de voto resultaron blanco de variados ataques del grupo oficialista, que da muestras de estar afectado por una nueva fobia antidemocrática.
Ese miedo angustioso a los estudios legales de opinión preelectoral, carente de fundamento como cualquier otra manifestación fóbica, esconde una frustración ante el propio desempeño y da lugar a conductas virulentas en el rechazo de aquello que se teme a la vez que se odia.
Han sido preocupantes, en ese sentido, tanto la búsqueda de conmiseración de su jefe de campaña cuando dijo que alguno de sus candidatos quería renunciar porque se había “desmoralizado”, como las declaraciones de su postulante en la ciudad de El Alto, que no sólo calificó a las encuestas de “racistas” sino afirmó que la encuestadora que le mostró la baja preferencia ciudadana con que contaba “pecó contra Dios”.
Pero ahí no termina la historia. Acatando una “sugerencia” de su ya nombrado jefe, la cámara baja de la asamblea legislativa ha resuelto conformar una comisión para que investigue a las empresas especializadas en encuestas porque sus “datos no condicen con la realidad” –algo, sobre todo en el caso reciente, completamente falso– y para que sea planteada una ley que regule su trabajo. Esto último, aparte de ser amenazante, desconoce que ya la Ley del Régimen Electoral establece los parámetros correspondientes y que es el Tribunal Supremo Electoral el órgano estatal que tiene la materia bajo su tuición.
Adicionalmente, ciertos operadores de tal investigación han adelantado que las empresas son sospechosas de “instigar al voto”, un delito acabado de inventar y que, de llegar a ser incorporado en la tipología penal, seguro tendría que llevar a la cárcel a todos quienes participaron y participen en campañas proselitistas. Así, los “encuesto-fóbicos” podrían abortar todo futuro proceso electoral.
Aparte del absurdo que distingue a estas versiones e iniciativas, lo que no puede dejarse pasar es que atentan de manera directa contra las libertades de pensamiento, de expresión, de opinión y de publicación, así como contra los derechos a saber y a la información, que son garantía indispensable del régimen democrático.
Se debe recordar, no obstante, que esta no es la primera vez que aflora este comportamiento anómalo respecto a los estudios de opinión en etapa electoral.
En 2019 el gobierno solamente autorizó la difusión de los datos de la observada firma extranjera “VíaCiencia”, contratada por las propias autoridades, que daba ventaja de hasta 20% al entonces ilegal e ilegítimo candidato oficialista. Y con argucias de su tribunal electoral censuró los estudios desarrollados por la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y la alianza “Tu voto cuenta”.
Sin embargo, cuando “VíaCiencia” publicó sus resultados de conteo rápido la noche del 20 de octubre de ese año anunciando el virtual empate que conducía a una segunda vuelta (43,9% para la candidatura gubernamental y 39,4% para la principal de la oposición democrática), los gobernantes se precipitaron a decir que su victoria se confirmaría en las siguientes horas y silenciaron aquellos resultados. Dispusieron, entonces, la interrupción de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que con el 83,76% del recuento daba 45,7% y 37,8% para los dos contendientes centrales, lo que ratificaba el balotaje. Casi 24 horas más tarde, el sistema TREP fue reanudado y sus cifras variaron positivamente para el oficialismo. Cuatro días después, un servil tribunal electoral dio la victoria en primera vuelta al gobierno con 47,08% sobre 36,51% del candidato opositor y declaró tales resultados “sagrados”.
En 2015, la cuestión de las encuestas fue políticamente utilizada. Una semana antes de los comicios subnacionales de marzo, el aparato de gobierno benefició a sus candidatos al cancelar la personería jurídica de Unidad Demócrata, organización favorita para la gobernación del Beni, que fue eliminada de la competencia por haber difundido una encuesta no autorizada. En julio de 2020, cuando el postulante presidencial de aquel oficialismo incurrió en una falta semejante, se adujo la “inconstitucionalidad” de ese tipo de sanción y el actual tribunal electoral evitó, al final, pronunciarse.
Como herramienta de recojo y sistematización de datos que es, una encuesta ofrece una especie de fotografía parcial de un estado de las opiniones, no tiene carácter predictivo y puede servir, en una democracia, como un insumo más para la toma de decisiones por los elegibles y los electores. Lo que debe asegurarse es su rigurosidad y consistencia metodológicas, con pautas como las que ya figuran en la norma electoral y en los códigos éticos del área, a la par que ha de alentarse su presentación mesurada por los medios informativos. Aceptar las encuestas sólo cuando son útiles a los propios fines (oportunismo) y pretender restringirlas o penalizar a sus responsables en caso inverso (autoritarismo) contraría los principios democráticos.
Si hay unas vencedoras claras de las recientes elecciones subnacionales, puede decirse que ellas son las encuestas preelectorales legales, que anticiparon con bastante aproximación las tendencias de voto. Y queda claro también que ninguna fobia someterá las libertades.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político
Twitter: @etorricov
