Relator Especial de la ONU recalca la obligación del Estado en tomar acciones frente a los impactos de la minería

“Se han elaborado estándares sobre estas operaciones y se detalla, por ejemplo, la obligación que tiene el Estado en contar con un régimen normativo efectivo, que las normas sean claras y sean capaces de abordar los riesgos e impactos que tengan estas actividades (mineras). Por eso, en términos concretos, esto pasa por un marco reglamentario donde el estado tome acción frente a los impactos negativos, que generan esas operaciones”, dijo Orellana en un contacto vía Zoom desde Italia.

Durante el taller de “Impactos sobre Derechos Humanos del mercurio de la minería aurífera en Bolivia” organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Relator  se refirió con preocupación a las actividades mineras en Bolivia. 

Y respecto a la consulta  sobre el uso indiscriminado de mercurio, enfatizó que ése es un “problema similar a otros problemas ambientales que enfrentan los Estados y el derecho internacional de los derechos humanos ha conocido estos problemas y ha elaborado una serie de estándares para hacer frente a actividades productivas que pueden tener efectos adversos en el medio amiente y sobre todo en la salud de las personas”. 

Además alertó que en Bolivia hay un alarmante consumo y comercialización de mercurio dirigidos a las actividades mineras. 

En esa línea y frente a un incremento de actividades mineras y  los impactos en el medio ambiente y pueblos indígenas, Orellana estableció que es el Estado que tiene la obligación de realizar investigaciones sobre esos daños en la salud. 

“La carta  que hemos enviado toma nota de un estudio que han realizado organizaciones y que documenta de manera científica los impactos de la presencia del mercurio en el cabello, en las mujeres en edad reproductiva de los pueblos Esse Eja”, manifestó Orellana en su disertación. 

El experto en sustancias tóxicas y Derechos Humanos de NNUU, dijo que sobre el tráfico ilegal del mercurio hay varias evidencias, lo cual podría generar la reacción de los países vecinos, que podrían empezar a cerrar sus fronteras al comercio ilegal del mercurio, y tener más controles estrictos sobre el movimiento de personas y el comercio internacional desde Bolivia.

“Se ha conocido de este problema por propios testimonios de testigos en caso de persecución penal o delitos ambientales en Perú, también por el monitoreo que realiza el programa de Naciones Unidas para el Medioambiente”, dijo Orellana durante el encuentro donde participaron líderes indígenas de regiones de la Amazonía de Bolivia.