La Paz, 29 de abril (ANF).- 19 organizaciones indígenas de las tierras bajas en Bolivia exigen paralizar todas las actividades extractivas en sus territorios y abrogar el paquete normativo que avala las quemas para así evitar incendios similares al de la Chiquitanía en 2019.
Pese a la emergencia por la pandemia y a las medidas de prevención y restricción asumidas desde hace más de un mes, dirigentes de pueblos indígenas denuncian que hay actividades permanentes que se ejercen y no varían sobre sus territorios “con la extracción o saqueo ilegal de recursos naturales, el desarrollo de actividades extractivas (minería e hidrocarburos) o la quema de bosques, poniendo a nuestras comunidades en mayor vulnerabilidad frente a la pandemia”, detalla un documento emanado hace unas horas.
“Demandamos al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales y municipales paralizar todas las actividades extractivas en nuestros territorios: de madera, minería, hidrocarburos y el monocultivo. No podemos repetir el ecocidio del 2019. Para garantizar la vida de todos los bolivianos y bolivianas, se deben detener los incendios y abrogar todo el paquete normativo que beneficia al agronegocio en desmedro de la producción comunitaria y familiar", enfatiza el documento.
Esta demanda se suma a la de activistas e instituciones que hace unos días también denunciaron que hay acciones que persisten pese a las prohibiciones, entre ellas la tala indiscriminada y los chaqueos, por lo que piden abrogar las denominadas “normas incendiarias” que avalan las quemas “controladas” en el país por el riesgo de generar incendios como los registrados en 2019.
De igual forma se instó a no desviar la atención de eventos y acciones que ponen en riesgo a los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Este pronunciamiento fue firmado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM - B), Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (OMICH), Organización Indígena de la Chiquitanía (OICH), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Organización Indígena de Kavineños (OIKA), Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central de Comunidades Indígenas Tacana II (Río Madre de Dios), Central de Mujeres Indígenas del Norte de La Paz Subcentral del Pueblos Indígena Movima (SPIM), entre otros.
Este documento establece que las medidas asumidas por todos los niveles de gobierno “no han considerado las realidades de nuestros pueblos y naciones indígenas. La forma de gestionar la emergencia sanitaria en todo el Estado Plurinacional denota el desconocimiento de las necesidades de las comunidades rurales e indígenas, tomando en cuenta que somos uno de los grupos de alta vulnerabilidad por la desventaja en la que nos encontramos frente a otros grupos sociales”.
De igual forma y en el marco de esta emergencia sanitaria, los pueblos de tierras bajas piden definir un plan de acción en coordinación con sus autoridades indígenas, para el acceso a alimentos “para garantizar la seguridad alimentaria de nuestras familias y comunidades; así como priorizar durante la pandemia los mecanismos de distribución y comercialización de la producción familiar y comunitaria, destinada a los centros urbanos y poblados del área rural y de las ciudades capitales; además de trabajar en un plan post pandemia con alternativas de carácter social y económico, que reactiven la producción comunitaria en nuestros territorios”.
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