La Paz, 21
de marzo (ANF).- La corrupción, la discriminación, la dilación de los procesos
judiciales y la falta de recursos
humanos y materiales del sistema judicial, constituyen los problemas más
frecuentes en los casos de feminicidio advierte
una auditoría internacional que pone al descubierto
las falencias de la justicia en Bolivia.
Thomas Becker y Fabiola Avelais, especialistas a cargo del estudio realizado por la Clínica de Derechos Humanos (CDDHH) de la Universidad de Harvard, informaron a ANF que el estudio devela muchas falencias en la fase de investigación y a lo largo del proceso judicial y da cuenta de evidencias de discriminación institucional hacia los familiares de las víctimas.
El informe del estudio titulado “No hay justicia para mí” Feminicidio e Impunidad en Bolivia será socializado este viernes a las 19:00 en el paraninfo de la UMSA.
Avelais explicó que la auditoría jurídica, realizada a solicitud de Mujeres Creando, evaluó más de 200 expedientes de feminicidio y analizó al detalle ocho casos emblemáticos, asimismo entrevistó a operadores de justicia, congresistas, abogados y familiares de víctimas de feminicidio.
Los ocho casos emblemáticos elegidos para el estudio son los de María Isabel Pillco, Verónica Chino, Andrea Aramayo, Yesenia Fuentes, Daniela Tapia, Magda Choque, Betty Mamani y Verónica Quintana.
En todos los casos las evidencias muestran que “la situación en Bolivia, el segundo país con más casos a nivel global, es grave, no es una cuestión de clases, todas las mujeres están expuestas a este grave peligro, se está matando a las mujeres y no se garantiza la justicia ante estos crímenes” aseguró Becker.
Destacó que entre los graves problemas el primer elemento que llama la atención es que “no existen condiciones mínimas para encarar la fase de la investigación, no hay expertos que certifiquen adecuadamente las causas de la muerte y en algunos casos ni siquiera se ha realizado una autopsia”.
La investigación sigue el itinerario que, tras la muerte violenta de una mujer a manos de su pareja, deben enfrentar sus familiares y detecta que en una gran mayoría de casos, los procesos se prolongan hasta por siete años.
“La dilación, la denominada chicana judicial y la corrupción, son las consecuencias de un sistema que no garantiza la gratuidad de los procesos judiciales, que discrimina a los familiares de las víctimas y que las obliga a poner su tiempo, descuidar su trabajo y pagar costos que exceden su capacidad económica”, enfatizó Avelais.
Becker por su parte reveló que en uno de los casos se constató que los familiares tuvieron que comprar hasta la bolsa plástica para envolver el cadáver de la víctima, en otro, no se realizó la autopsia y se perdieron evidencias valiosas, y en un tercero, los forenses se equivocaron y valoraron otros órganos en una necropsia.
El estudio concluye que una de las barreras es que las instituciones encargadas de procesar los casos de feminicidio no cuentan con recursos humanos capacitados ni con el financiamiento adecuado para proteger la cadena de custodia, aportar con pruebas en la fase de investigación y garantizar la gratuidad del proceso.
Además no se cumplen varias previsiones de la ley para garantizar la transparencia de los procesos, “en el caso de la madre de una víctima de feminicidio que ya lleva varios años demandando justicia, no le garantizaron un traductor aun cuando ella sólo habla aymara”, dijo Avelais.
Y añadió que en otro caso no se tomó en cuenta que la litigante no sabía leer ni escribir y nadie le explicaba el contenido de los documentos a los que debía estampar su huella digital.
La especialista concluyó que las víctimas colaterales de feminicidio están sometida a un constante desgaste emocional y psicológico pero además deben soportar una carga económica que en muchos casos ha desestructurado a sus familias.
Becker invitó a la presentación del informe y dijo que espera que autoridades, operadores de justicia, activistas y la población en general lea el informe que “no tiene el propósito de emitir sentencias, porque no somos jueces, sino de orientar a la solución de los problemas detectados”.
Puntualizó que entre todos los factores negativos “destaca como bueno, que las mujeres que siguen luchando aunque se les ha negado la oportunidad de cerrar sus heridas, y si ellas pueden luchar, nosotros, el gobierno, las activistas y la sociedad tenemos la responsabilidad de hacer algo”.
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