La Paz, 5 de abril (ANF).- Para el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, los fiscales “no deben ser independientes” y tampoco el Ministerio Público, porque la independencia solo es para el Órgano Judicial, sin embargo, la Constitución Política del Estado reconoce su “autonomía” funcional, administrativa y financiera.
“El Ministerio Público no es independiente, por si acaso, es un tema que tiene que quedar claro. La independencia es para el Órgano Judicial, el Ministerio Público tiene otros principios”, declaró el ministro Lima a la ANF el (31.03.2022).
Consultado sobre la autonomía del Ministerio Público, Lima insistió que tiene un principio de “objetividad”, su labor es la persecución penal y política criminal, labor que debe ser coordinada con el Ministerio de Gobierno para construir la persecución del crimen y del delito.
La autoridad hizo estas afirmaciones al ser consultada sobre el rol del Ministerio Público y la influencia del poder político el 2020, cuando se detuvo y procesó a dirigentes y exautoridades del gobierno de Evo Morales. Ese año la Fiscalía del Estado no investigó al gobierno de transición, sin embargo, el 2021 al retornar el MAS al poder inició procesos contra exautoridades de la época de Jeanine Áñez.
“Los fiscales no deben ser independientes, deben ser objetivos”, insistió al referirse al tema. Detalló que cuando existe responsabilidad penal el fiscal debe acusar y cuando hay inocencia debe rechazar el caso. “No es correcto que lleven los casos hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
La carta magna señala que esta institución “tiene autonomía funcional, administrativa y financiera”, y ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.
El principio de “autonomía” está refrendado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que “en el ejercicio de sus funciones no se encuentra sometido a otros Órganos del Estado”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su informe sobre la crisis de octubre de 2019, y la violación de derechos humanos, recomendó en el capítulo VI, “que quienes estén a cargo de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal puedan actuar de manera autónoma, transparente e independiente”.
Es más, señaló que la exigencia de “imparcialidad” se aplica a todas las etapas del proceso penal, desde la recolección de la prueba, la construcción de hipótesis del caso, la realización de imputaciones, la solicitud de medidas cautelares y todas las etapas posteriores.
“(…) las y los investigadores y fiscales deben ser independientes de los presuntos autores y de las instituciones a los que estos pertenezcan, y no verse sometidos a presiones políticas o influencias indebidas. Estas condiciones de independencia no solo son necesarias para la gestión de investigaciones idóneas y serias, sino que además contribuyen a que las víctimas, sus familiares y los testigos de los hechos de violencia puedan realizar sus denuncias y brindar sus testimonios en condiciones de seguridad y sin temor a represalias”, dice el informe del GIEI.
Una encuesta de Delphi de la Fiedrich Ebert Stiftung muestra que la sensación de confianza en la Justicia está en los suelos. El 97% de la gente que respondió el cuestionario tiene una confianza “muy baja y baja” en la justicia y apenas un 3% cree que es regular. Además, el 79,5% cree que la Justicia no es independiente.
En relación al tema, Lima dijo que conoce a varios de los que responden a la encuesta, en ese contexto afirmó que “tienen una visión propia de la clase media, universitaria” y urbana, y que probablemente no están viendo los cambios estructurales que está haciendo el MAS y el presidente Luis Arce.
Sobre esos resultados, el titular de Justicia, empezó diciendo que es fundamental identificar el “pico de la crisis”, ese momento crítico dijo que fue con el caso del feminicida serial, Richard Choque; otro pico muy alto fue el caso del médico Jhery Fernández sentenciado injustamente.
Considera que el caso de Choque fue un momento de “inflexión de la justicia”, producto de ese hecho, los 18 jueces de ejecución penal están procesados, de los cuáles cinco están en la cárcel y 11 fueron destituidos.
Acotó que para muchas personas está claro que “no vas a lograr que haya justicia si no tienes algún poder que desequilibre la balanza a tu favor, y te estoy hablando del poder político, del poder mediático, del poder económico”.
Acotó que “La radiografía que tenemos de la justicia es que en este momento no está actuando independientemente”. “Un juez que no es independiente es cualquier cosa, es cáncer dentro del Órgano Judicial. Ese es el tema fundamental para transformar la justicia, que los jueces entiendan que son independientes”.
Los jueces solo pueden tomar decisiones si es bajo su conciencia, la Constitución Política del Estado y las leyes. Manifestó que este es uno de los ejes de la propuesta de reforma judicial.
A la pregunta de ¿A quién se está prestando la justicia? Lima dijo que “sería un exceso decir que el 100% de los jueces no son independientes”, porque existen 1.000 jueces y al menos 100 vocales, además de los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Según la autoridad no solo existe un poder mediático o de las redes sociales, sino el poder económico, el poder de la corrupción que se constituye en un “cáncer para la independencia”, además del poder político. “Yo no sé cuál de estos tres, si los medios, las redes sociales, y la presión que tiene sobre un juez la corrupción o el poder político, no te puedo decir cuál es el más grave”, declaró a la ANF.
En su criterio se tienen que particularizar e identificar claramente de qué juez o vocal se habla al momento de los señalamientos. “Porque cuando atacamos a todo el Órgano Judicial estamos dañando algo que es parte de la democracia tenemos que cuidar (…) No podemos estar manchando al Órgano Judicial en todo momento, en algún momento tenemos que ver quiénes son buenos o malos de esos jueces”.
Lima descarta reforma constitucional para transformar la Justicia
El ministro Iván Lima también se refirió a la reforma judicial que demanda la ciudadanía, sostiene que existe una fecha crítica, el 11 de marzo de 2023, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga que realizar la selección de magistrados y consejeros para un nuevo periodo.
La autoridad descartó la transformación judicial vía reforma constitucional, porque se requeriría acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo Electoral, además a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“La reforma constitucional lo planteé ni bien asumí el Ministerio de Justicia y planteé para el 7 de marzo del año pasado. Esta propuesta de reformar la Constitución yo la descarto en términos prácticos en este momento. Tiene una postura muy clara de Juan del Granado y el grupo de juristas que plantea recolectar firmas para llegar a una reforma constitucional”, dijo.
Rechazó esta vía por un factor técnico, porque hay temas de la Constitución que no pueden llevarse adelante a través de una reforma parcial, sino por una Asamblea Constituyente. “Si en este momento no saldamos esa discusión constitucional el camino que plantea Del Granado sería inviable”, acotó.
Para Lima, la elección de un Órgano del Estado por voto popular “es un tema fundamental” de la carta magna y no un accesorio, por lo tanto, dice que la elección de magistrados y consejeros debe reformarse mediante una Constituyente.
Añadió que este tema quedaría superado mejorando la selección en la Asamblea Legislativa, por lo que no se requeriría hacer una reforma. Afirma que no se necesita cambiar la carta magna para plantear el tema del presupuesto, mucho más cuando –en realidad- “no hay eficiencia en el uso de los recursos económicos”.
En torno a la propuesta de Justicia y Paz, el ministro señala que “tampoco se necesita una reforma constitucional”, plantea “desempolvar la ley” que responde a la época en la que Eduardo Rodríguez fue presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En relación a la Justicia Indígena Originaria Campesina, dijo que el modelo boliviano es muy claro a nivel constitucional, sin embargo, reconoció que la ley 073 de Deslinde Jurisdiccional “pone restricciones a la justicia indígena”.
Las naciones y pueblos indígenas desde hace tiempo han demandado la modificación de dicha norma, pero el ministro Lima señala que se requiere una “consulta previa” porque se trata de una norma que afecta a las naciones indígenas, no obstante, cree que no se requiere una reforma constitucional.
El ministro dijo que “en los tres temas estructurales que plantearon en su propuesta (el grupo de juristas) no necesita reforma constitucional”. Reiteró que cuando se trata de derechos fundamentales o una base estructural del Estado, la reforma debe ser vía Asamblea Constituyente.
La autonomía universitaria un escudo para no coadyuvar en la transformación de la Justicia
En relación al cumplimiento de las conclusiones de la cumbre de Justicia de 2016, la autoridad dijo que existieron decisiones contradictorias, por lo que “no puedo darte un porcentaje de cumplimiento”, aunque defendió que varias de las conclusiones de las seis mesas de trabajo se fueron implementando.
Manifestó que existe resistencia a la transformación de la justicia. Es el caso de las universidades, porque en su criterio “están muy cómodas” como están, detalló que en Bolivia hay 84.000 abogados en Bolivia, 764 juristas por 100.000 habitantes, cuando en países como Rusia tiene 48 abogados por 100.000 habitantes; Costa Rica, 386. “Bolivia es el país con más abogados por habitante, y aun así, nuestra justicia no está en buen nivel”
“Cuando les decimos a esos 84.000 abogados que se presenten a fiscales, a jueces a eso mejores no se presentan, ¿Qué está mal en esto? te he dado una causa: autonomía universitaria, (malla) curricular, trabajar en la formación a los abogados; no vamos a poder hacerlo te lo puedo decir con absoluta seguridad. La conclusión de la Cumbre de Justicia de mejorar la curricula universitaria, lamentablemente las universidades no quieren trabajarla, quieren la autonomía como un escudo que les proteja e impida la formación de los abogados. Es un problema”, afirma Lima.
Se mostró pesimista de que se transformen las universidades en la enseñanza del Derecho, al insistir que el dato de 764 abogados por 100.000 habitantes es “lapidario”. “Ameritaría que cualquier país serio cierre las universidades de las facultades de Derecho, tal vez necesitamos más profesionales de otras áreas. Este punto es estructural”.
Apostó por la necesidad de una Escuela Judicial, dijo que precisamente en este momento se está eligiendo al director de esa institución, proceso en el que dos personas están preseleccionadas Álvaro Ríos y Lucio Valda.
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