Investigación policial concluye que gobierno de Evo, vocales del TSE y 21 extranjeros digitaron el 'fraude electoral'

La Paz, 8 de octubre (ANF).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, presentó este jueves los resultados conclusivos de las investigaciones de la Policía Boliviana que dan cuenta que autoridades del Gobierno de Evo Morales junto a exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 21 extranjeros fraguaron el “fraude electoral” del 20 de octubre de 2019. Según la autoridad, el hecho irregular salpica al Partido del Trabajo de México que está en coalición con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador.

“Evo Morales, Álvaro García Linera, Héctor Arce, Carlos Romero, Juan Ramón Quintana, los ministros de ese gabinete, funcionarios de alta jerarquía, funcionarios administrativos y la complicidad y la sumisión de los vocales del TSE, intentaron robarle la democracia a este país”, aseguró Santamaría durante la presentación de los resultados conclusivos de las investigaciones policiales del denominado caso fraude electoral.

Arguyó que la Policía hizo una serie de pericias investigativas, análisis de flujo de llamadas, revisión de declaración de testigos, requerimientos de informes, inspecciones, entre otros actuados, los cuales develan: una ruptura de la cadena de custodia del material electoral que derivó en “que el fraude electoral en Bolivia ha sido perpetrado a través de dos corrientes: una primera con alteración de actas electorales y otra a través de manipulación informática”.

Refirió que “hay actas alteradas” en el departamento de La Paz, al menos unas 8 mil, algunas están sobreescritas con otro tipo de bolígrafo, en otras, una misma persona llenó varias actas.

Además, “se ha verificado intromisión del Órgano Ejecutivo hacia el Órgano Electoral”, refirió la autoridad, porque se descubrió que miembros de una célula del MAS fueron delegados por Morales como vocales en el TSE y en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.

Apuntó a Marianela Revollo, exvocal del TED La Paz, de haber sostenido constante comunicación telefónica con la exvocal del TSE, Lucy Cruz (sindicada de frenar el TREP); el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; y la diputada del MAS, Sonia Brito. 

“Ella viene de ser vocal del Tribunal Departamental de Oruro, mantenía comunicación con Sonia Brito ¿Qué tenía que hacer una diputada del MAS contactando a una vocal quien administraba el proceso electoral en el departamento de La Paz? Y más grave todavía, mantenía comunicación con el exministro Juan Ramón Quintana”, refirió.

Dijo que el mismo día de las elecciones hubo estas comunicaciones entre vocales y autoridades del anterior gobierno y esa situación, sumado a la manipulación de actas, rompimiento de la cadena de custodia y verificación de actas con datos inconsistentes “queda demostrado que hubo un fraude material” en La Paz.

El Viceministro mencionó que el día de las elecciones, en horas de la noche, la entonces vocal Cruz ordenó el corte de la señala del Internet y con eso se frenó la transmisión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Recordó que Cruz fue delegada por Evo Morales, y ella junto a los otros vocales, excepto Antonio Costas, consensuaron dicho corte, tras percatarse del funcionamiento de un servidor no autorizado.

“El TSE a través de la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación tiene un sistema, pero el día de las elecciones se enteró que había otro servidor que tenía acceso, que tenía posibilidad de accesar de forma remota y a través de esa forma remota empiezan a llenar hasta sumar 30 mil peticiones de validación de actas”, manifestó.

El servidor no autorizado era de Marcel Guzman de Rojas, representante de la empresa Neotec, entidad contratada para manejar los servidores autorizados y cumplir con el servicio de mantenimiento y soporte técnico del TREP. 

A esto se suma, que la empresa Neotec “habría incorporado a personas inhabilitadas, es decir a fallecidos”, en el padrón de habilitados, pese a esa irregularidad, Guzmán, según un testigo, exigió que se siga con el uso del programa para el TREP y desde ahí se envíen datos para el cómputo oficial de resultados de las elecciones de 2019, mencionó.

Es decir, la información que transmitía el TREP fue usado en el cómputo oficial sin la revalidación de los datos, precisó la autoridad. 

Para Santamaría, el gobierno del MAS sabía que no podían ganar las elecciones, por eso vieron conveniente que se incorpore en el padrón a ciudadanos que ya estaban inhabilitados, y con esas cifras agregadas, se proclama ganador en primera vuelta a Evo Morales. 

Agregó otro elemento más a este caso y es la participación del exdirector de Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sergio Martínez, quien habría operado bajo respaldo del entonces vicepresidente Álvaro García Linera. Dijo que días antes de la elección, Martínez logra que lo contraten en el Sereci La Paz y luego lo declaran en comisión en el TSE, desde ahí recaba información, pide accesos a base de datos para enviar información a un software mexicano denominado “Territorial Visor”, administrada por 21 extranjeros (20 mexicanos y un venezolano), todo esto sería para incurrir en el fraude.

Santamaría señaló que Martínez participó antes de la elección en una reunión en Palacio de Gobierno junto a funcionarios, entre ellos, Max Eguivar (jefe de gabinete de Juan Ramón Quintana) y en esa reunión se coordinó la manipulación informática, se hizo preparativos para el “fraude electoral” y todo en coordinación con los vocales Idelfonso Mamani, Lucy Cruz, Lidia Iriarte, María Eugenia Choque y Edgar Gonzales, quienes serían parte de una célula del MAS.

Detalló que los extranjeros que ingresaron a Bolivia para incurrir en estas irregularidades, están vinculados al Partido del Trabajo de México, agrupación política que está en coalición con el gobierno de Manuel López Obrador; entre estos ciudadanos están Ramón Díaz Ávila, Jorge Romero y otros

La autoridad dijo que los resultados de la investigación policial son contundentes y lamentó que la Fiscalía General del Estado no coadyuve ante evidencias claras y pretenda dilatar el proceso.