La Paz, 13 de abril de 2024 (ANF). - A través de un comunicado, Elod Tóásó y Mario Tadic informaron que el gobierno de Bolivia abrió un proceso penal en contra de los responsables por las ejecuciones extrajudiciales, tortura y vulneración de derechos humanos durante el operativo en el Hotel Las Américas en abril de 2009, conocido como “caso terrorismo”.
“Mario Tadic y Előd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado. El caso de violaciones de Derechos Humanos como ser: ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos y violaciones de derechos durante el proceso”, señala el comunicado difundido por Tóásó en sus redes sociales.
Ambos sobrevivieron al operativo armado que se llevó a cabo en el Hotel Las Américas, de la capital cruceña, el 16 de abril de 2009. La Policía Boliviana atacó a los tres extranjeros que fueron acusados de alzamiento armado en contra del gobierno de Evo Morales. Durante la intervención fallecieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y el ciudadano irlandés Michael Dwyer.
En el mismo comunicado, los sobrevivientes pidieron la colaboración de la población con las víctimas de esos hechos violentos, aportando con pruebas y declaraciones ante el Ministerio Público.
“Pedimos a la ciudadanía que colaboren a las víctimas y en la investigación a la Fiscalía aportando con pruebas (ya publicadas o no publicadas), declaraciones/ testimonios para llegar a la verdad sobre los autores intelectuales y materiales de estos hechos crueles y temerarios”, dice otra parte del comunicado.
En contacto con la ANF, Tóásó dijo que también habría una citación para ambos en condición de víctimas, en el marco de esa investigación, aunque aún no fueron notificados con el mismo.
En febrero de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz sentenció a Mario Tadic y Elöd Tóásó a cinco años de cárcel, luego que se sometieron a un juicio abreviado en el denominado “caso Terrorismo”. En marzo de ese año salieron de la cárcel porque cumplieron con su condena tras permanecer más de cinco años en prisión.
Las victimas presentaron una denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, tras emitir un dictamen en 2023, recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a los derechos humanos cometido en ese operativo policial, además de un resarcimiento por los daños.
Las víctimas piden un resarcimiento económico por la vulneración de sus derechos humanos, aunque la Procuraduría General del Estado considera que los montos solicitados son demasiado altos. Tóásó en una entrevista con la ANF había manifestado que el Estado boliviano no había cumplido las recomendaciones de manera integral.
Al no haber existido ninguna conciliación la demanda pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
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