La Paz, 11 de abril (ANF).– El Ministerio Público se opuso a la extinción de la acción penal solicitada por la esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, quien denunció violencia familiar. Además, rechazó la conciliación acordada entre las partes porque se constató que hay reincidencia y presión a la víctima de violencia.
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó este jueves su determinación y pidió al juez rechazar este pedido porque la Ley 348 impide el cierre de un proceso cuando hay reincidencia del denunciado.
“Hemos fundamentado que el Ministerio Público se opone rotundamente a la excepción de la extinción de la acción penal por conciliación (…) Se ha constatado de manera concreta que existe reincidencia y presión a la víctima conforme a estos documentos”, explicó Nava a los medios.
Detalló que esta oposición se basa a los informes psicológicos, los de la trabajadora social y del investigador asignado al caso y a la propia denuncia, presentada el 11 de marzo de este año por la esposa contra Ceballos. Por ese motivo, pidió que el juez no dé curso a la extinción de la acción penal solicitada.
“Corresponde al juez hacer prevalecer los derechos de la víctima, de la CPE, de los tratados internacionales justamente como nosotros estamos fundamentado”, afirmó el Fiscal.
Adelantó que en caso de que el juzgado determine lo contrario, la Fiscalía continuará la investigación de oficio.
La esposa del magistrado denunció el 11 de marzo haber sido agredida físicamente y psicológicamente. Presentó el certificado médico forense, que establecía siete días de impedimento, por los hematomas que presentaba.
Sin embargo, tres días después Ceballos y su esposa aparecieron juntos ante los medios de comunicación. El magistrado minimizó el caso e intentó justificar como problemas propios de un matrimonio. Luego de ello su esposa se retractó de su denuncia y presentó una solicitud de extinción de la acción penal para dar fin al proceso contra la autoridad.
Pese a ello, tanto parlamentarias del oficialismo como de la oposición pidieron que renuncie a su cargo y amenazaron, que en caso de que no lo haga, le iniciarán un juicio de responsabilidades. A estas, el miércoles se sumó la Defensoría del Pueblo, que emitió un pronunciamiento en el que rechaza el pedido de cerrar el caso de violencia familiar contra el magistrado y pidió la renuncia de la autoridad.
Tras pedir permiso en el TCP para defenderse del proceso, Ceballos retomó este martes sus funciones en esta entidad.
Nava recordó que Ceballos se apersonó a la Fiscalía declarar, pero que utilizó su derecho constitucional al silencio y que por ello no se lo citará nuevamente.
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