La Paz, 21 de octubre (ANF).- Luego de casi tres años de investigación, el Ministerio Público no halló pruebas que incriminan a los ahora exjueces, exfiscales, abogados y policías en un supuesto consorcio ilegal que pretendía tranzar en un amparo constitucional de la empresa Cotel.
La mayoría de los implicados estuvieron recluidos en diferentes cárceles del país por más de un año, ahora la Fiscalía los liberó de culpa con una resolución de sobreseimiento, al no encontrar las suficientes pruebas de su culpabilidad.
En marzo de 2016, la Fiscalía abrió un proceso penal contra los ahora exjueces: Fernando Ganam, Lía Cardozo, Jaqueline Tintaya; los exfiscales Hugo Rivero y Roger Velásquez; los abogados Milton Mendoza, Ricardo Blanco y Vladimir Flores; la teniente Mireya Morales, y otros funcionarios del Órgano Judicial, todos acusados de negociar el fallo de un amparo constitucional en el proceso interpuesto por el abogado Johnny Castelú contra Cotel (Cooperativa de Teléfonos La Paz).
Por ese hecho los mencionados profesionales fueron procesados por los delitos de consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías, cohecho pasivo y activo, y la mayoría estuvieron encarcelados preventivamente por más de un año.
“Un proceso que no tenía pies ni cabeza, un proceso inventado, tenía como único objetivo demeritar nuestra actividad y el prestigio que uno tenía, por supuesto tenía que acabar en lo que acabó, un caso archivado con una resolución de sobreseimiento, con varias resoluciones de rechazo, porque no he sido solamente yo el afectado sino varias personas”, indicó Milton Mendoza a ANF.
Las personas que fueron imputados en este caso fueron sobreseídos (liberados de responsabilidad) y aquellos que fueron vinculados con alguna denuncia se rechazó la misma, explicó Mendoza.
Además de ser encarcelados, varios de los imputados por el Ministerio Público fueron destituidos de sus cargos como es el caso de los jueces, lo que ha generado dañó en su imagen con “un caso montado, armado” en base a mentiras para darle mayor espectacularidad, protestó Mendoza.
“Primero, nunca hubo la intención de influir en una decisión judicial como en este caso era el amparo constitucional, interpuesto por el señor Castelú en contra de Cotel”, aclaró.
El 29 de marzo de 2016, cuando el entonces vocal Fernando Ganam acudió a la oficina de Milton Mendoza, según la Fiscalía, a tranzar el amparo constitucional procedieron a detenerlo y allanar ese ambiente. Sin embargo, Mendoza aclaró que Ganam era su cliente y acudió al lugar en esa condición.
Recordó que en varias ocasiones denunció que los fiscales y policías allanaron ilegalmente su oficina llevándose dinero y documentos relacionados al saqueo del Banco Central de Bolivia en octubre de 2003, por el cual debía ser investigado el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En 2003, Mendoza era el fiscal del caso de la masacre de octubre por ello contaba con basta documentación de ese caso, en su criterio fue el interés de armar este caso: despojarlo de esos documentos.
“Habrían atentado mi oficina, no solo para demeritarme o afectar mi reputación, sino para sustraer documentación importante esa que iba a ser enviada a Estados Unidos a una investigadora que indagaba a Gonzalo Sánchez de Lozada e iba a publicar un libro”, es la conclusión a la que llegó Mendoza luego de estar detenido más de un año en la cárcel de San Pedro.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) calificó este caso como un “Cerco judicial, una injusticia fuera de la ley” detallando las vulneraciones de los derechos de Mendoza.
Por eso recomendó “que se inicie de inmediato un proceso de investigación en contra de los fiscales y policías que intervinieron en los diferentes allanamientos ilegales y en los diferentes procesos penales”.
El ahora exfiscal Ángelo Saravia llevó adelante las investigaciones de este caso y varios jueces atendieron audiencias de cada uno de los que habían sido implicados.
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