La Paz, 30 de marzo de 2025 (ANF). - La defensa de la familia de la periodista Nadia A. O., víctima de violación por parte del fotorreportero Álvaro V., exige que la investigadora Delia Parra Yapita y el fiscal Luis Alberto Bayón sean procesados por la vía disciplinaria porque obstaculizaron el avance de la denuncia.
“Lo que en este momento nosotros vamos a exigir e impulsar es que se haga un proceso disciplinario contra la investigadora, además que se establezcan las sanciones administrativas correspondientes contra el fiscal por haber incurrido en varias irregularidades en el proceso”, afirmó la abogada Abril Zapata, en contacto con la ANF.
La víctima fue abusada sexualmente en septiembre de 2024, a dos semanas del hecho presentó una denuncia contra el agresor y desde entonces la investigadora y el fiscal dilataron el proceso. La joven se quitó la vida el viernes en su domicilio, luego de sufrir depresión y ante la falta de respuesta de la justicia.
Tras la denuncia pública que hizo la hermana de la víctima, se dispuso un operativo y el sujeto fue aprehendido en su domicilio de la ciudad de El Alto, en Ciudad Satélite, donde tendría su actual domicilio, y trasladado hasta dependencias policiales. Se prevé que en las próximas horas se defina su situación judicial.
En ese sentido, la jurista explicó que ambos funcionarios incurrieron en varias irregularidades durante el desarrollo de la investigación. El 4 de octubre la joven, junto al personal de la Defensoría del Pueblo, acudió al Hospital del Norte para una revisión médica y el diagnóstico determinó que sufrió una agresión sexual, por lo que se notificó a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
La sargento segundo Delia Parra se hizo cargo de la investigación y al momento en que la víctima concluyó su declaración, esta le indicó que su denuncia no iba a prosperar y la señaló como culpable del abuso sexual porque había consumido bebidas alcohólicas. Ante esa situación, la joven firmó un acta donde indicó que no iba a interponer la demanda.
En noviembre, la víctima nuevamente acudió a la FELCV para presentar la denuncia, pero la misma funcionaria policial le manifestó que su demanda no iba a avanzar porque no asistió a sus valoraciones médicas. Sin embargo, la joven no fue notificada con los actuados correspondientes.
El 15 de ese mes fue citada para prestar su declaración informativa y, al concluir, la investigadora leyó el documento donde se evidenció que existían errores por lo que pidió que sean corregidos, pero la oficial omitió esa petición.
Tres días después se llevó a cabo la Inspección Técnica Ocular (ITO) en el alojamiento donde fue abusada, Parra junto a otra investigadora recabaron información y tomaron fotografías, en el informe final señalaron que no se colectó ningún elemento de convicción. Sin embargo, la propietaria del hospedaje mostró el cuaderno de registros donde figuraba el nombre del acusado, así como la fecha y hora en la que ingresaron.
Demora y errores en la imputación
Respecto al desempeño del fiscal, la abogada señaló que el fiscal, si bien emitió algunos requerimientos, incurrió en varios errores. Por ejemplo, la imputación era la copia de otra acusación donde no figuraba el nombre del agresor y la relación de los hechos no coincidían con la declaración de la víctima.
Asimismo, la imputación fue emitida el 31 de diciembre de la gestión pasada por el delito de violación. Zapata aseveró que esos errores derivaron en que la defensa del sujeto presente un incidente de competencia, alegando que el caso debe ser investigado en La Paz porque su cliente vive en esa urbe y no en El Alto donde ocurrió el hecho.
“No se pueden asumir como errores de forma, tomando en cuenta que son errores que han ocasionado que la imputación formal emitida recién el 31 de diciembre de 2024 sea causal de incidentes, la defensa del sindicado presentó un incidente de excepción por razón de competencia. Entonces, todos esos errores ocasionaron la dilación del proceso”, expresó.
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