Las elecciones del 17 de agosto de 2025, si se realizan, se llevarán a cabo a tropezones. Nunca antes en la historia democrática del país un proceso fue tan torpedeado por acciones de amparo y de cumplimiento ante las salas constitucionales.
El caos empezó cuando el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) decidió subordinar sus competencias ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que, en su Sentencia 0770/2024-S4, resolvió “hacer una excepción al principio de preclusión”; es decir, no aplicarlo en las elecciones judiciales de 2024.
Una ola de demandas golpeó las elecciones judiciales hasta postergarlas en 2023 y ponerlas en permanente riesgo el año pasado. La amenaza de sanciones económicas y procesos terminó sometiendo a los vocales del Tribuna Supremo Electoral (TSE) ante el TCP, conformado entonces por magistrados prorrogados.
El principio de preclusión, previsto en la Ley 026, de Régimen Electoral, señala que “las etapas y resultados de los procesos electorales (...) no se revisarán ni se repetirán”; sin embargo, el Constitucional lo hizo “añicos” cuando anuló etapas hasta ordenar la administración de las elecciones judiciales parciales.
Este escenario vuelve a repetirse porque la preclusión, que es la garantía de la seguridad jurídica, es inexistente hoy. El TCP “politizado” tutela la vida política a través de una extremada judicialización que perturba y desordena el proceso en manos del organismo electoral.
La Asamblea Constituyente, mediante la Constitución, le ha otorgado al Órgano Electoral la misma jerarquía que los otros poderes del Estado; sin embargo, ha cedido sus facultades a otra institución, el Constitucional. Pese a sus atribuciones en la administración de los comicios, el Órgano Electoral pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley para “blindar” los comicios, demanda que no es atendida aún.
El TCP y las salas constitucionales, hoy por hoy, deciden sobre la existencia de las organizaciones políticas, sus congresos, sus personerías jurídicas y, probablemente, lo hagan hasta sobre la habilitación de los candidatos.
La incertidumbre es cada vez mayor sobre si las elecciones llegarán a su fin, sin que exista la voluntad institucional del Estado para garantizar este proceso; mientras dos magistrados prorrogados se asumen como los “garantes”.
Urge un debate y diálogo serio sobre los roles del TCP y del OEP y la independencia de los órganos, la democracia lo amerita.
